El Estado soy yo (y mis circunstancias)
Es correcto y esperable que un dirigente político movilice grupos de personas para tareas ligadas a la actividad de su organización política. Actos eleccionarios, convencer a otros dirigentes, aglutinar gente en un acto público, entre otras. Nos guste más o menos, así funciona la democracia real, y es altamente preferible antes que otros sistemas políticos intolerantes y/o autoritarios. El problema es cuando ese dirigente político, una vez devenido gobernante responsable de la conducción del Estado (sí, se escribe con mayúscula), sigue utilizando a esos mismos grupos más o menos armados para realizar tareas que le corresponden al Estado del que dicho dirigente es, insisto, el responsable.
“Seguidores de Busti evitarían el corte de Concordia-Salto” leía perplejo en uno de los titulares periodísticos de este verano. Esa perplejidad no es en realidad producto de la sorpresa por un hecho aislado en el devenir sociopolítico de la Argentina reciente, sino más bien de la sospecha confirmada de que hay algo que en nuestro país se ha vuelto una práctica habitual, a tal punto que aparece cronicada en los medios sin que nadie se sorprenda por ello ni le parezca “anormal” que tal cosa ocurra. Me refiero a que las autoridades políticas de nuestro país recurren de manera cada vez más frecuente a la utilización de fuerzas de choque para resolver ciertos conflictos.
Hagamos entonces algunas distinciones para “desnaturalizar” la cosa. Es correcto y esperable que un dirigente político movilice grupos de personas para tareas ligadas a la actividad de su organización política. Actos eleccionarios, convencer a otros dirigentes, aglutinar gente en un acto público, entre otras. Nos guste más o menos, así funciona la democracia real, y es altamente preferible antes que otros sistemas políticos intolerantes y/o autoritarios. El problema es cuando ese dirigente político, una vez devenido gobernante responsable de la conducción del Estado (sí, se escribe con mayúscula), sigue utilizando a esos mismos grupos más o menos armados para realizar tareas que le corresponden al Estado del que dicho dirigente es, insisto, el responsable.
En el caso del puente cortado por los ambientalistas, el Gobierno puede decidir si desaloja el paso por la fuerza o no. Pero si lo hace, el Estado dispone de fuerzas institucionales para reprimir a quienes obstruyen la libre circulación. Pero este no es un hecho aislado, sino que la lista es larga.
La Universidad de Buenos Aires estuvo casi un año sin poder elegir rector gracias al accionar de un grupo de reaccionarios que impedían por la fuerza que la asamblea se reuniera. El Estado nacional evitó intervenir con la fuerza pública sólo hasta que al candidato oficialista le “cerraron” los números, y ahí sí se dispuso no sólo de la Policía Federal sino de los resguardados aposentos del Congreso Nacional para sesionar.
La Universidad de Córdoba no llegó a una situación similar porque los grupos de la militancia universitaria democrática decidieron poner el “cuerpo” para evitar que las fuerzas de choque antidemocráticas apañadas por la “vista gorda” del Estado frustraran la asamblea.
El Gobierno nacional mantuvo hasta hace poco tiempo como funcionario a un dirigente social que entre otros hechos notables había “ocupado” una comisaría de la Boca. La perla del año fue la “batalla de San Vicente” que preparó el ambiente para el traslado de los restos del general Perón. Es interesante recordar que la “seguridad” de semejante acto había sido confiada a los dirigentes sindicales de la CGT.
El monopolio de la violencia. Como sentenció magistralmente Max Weber, el Estado es en última instancia el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Esto, que es la piedra angular de la teoría del Estado, significa, dicho inversamente, que el Estado es el único que legítimamente puede ejercer la violencia. Legítimamente significa, en el moderno Estado de derecho, que dicho ejercicio se ajusta a la Constitución y a las instituciones que rigen la vida en sociedad. Esto es lo que diferencia al civilizado Estado moderno de la guerra del todos contra todos.
La función del Estado es justamente la de colocarse por encima de las fuerzas en conflicto y evitar el estado de naturaleza. Si esto no ocurre corremos el riesgo de quedarnos sin Estado, y en consecuencia con una convivencia social altamente más conflictiva de la que tenemos ahora.
El problema es que los dirigentes políticos devengan efectivamente en hombres responsables de Estado y no sigan actuando como meros dirigentes políticos. ¿La pregunta es por qué no lo hacen?
Las secuelas del que se vayan todos. En política, el “vacío” prácticamente no existe. Y si en alguna coyuntura histórica extraordinaria se produce demora segundos en llenarse. El punto es que, como bien enseña la historia, estas efímeras situaciones de “vacío político” suelen desembocar en situaciones totalitarias, demagógicas, o de fuerte intolerancia.
Espero que los que fantaseaban con una Argentina gobernada por asambleas populares sepan disculpar mi incredulidad realista. Pero el resultado de un gobierno sin “políticos” está a la vista. No sólo que no se fueron, sino que los que se quedaron aprovecharon la confusión generalizada para desarmar las incómodas estructuras partidarias que no les permiten actuar, desde su visión, todo lo libremente que quisieran.
El “estilo K” es una rara conjunción de pensamiento mágico setentista, miedo a las cacerolas, y el recuerdo de los desbordes policiales ocurridos en diciembre de 2001 y durante el interinato de Duhalde. Si a esto agregamos un condimento de demagogia, tenemos un Gobierno que evita actuar y tomar decisiones de Estado si eso puede afectar su sintonía con los caprichos de la opinión pública.
No hubo fuerza pública en Gualeguaychú porque nadie en el Gobierno quiere pagar el precio de la foto de la Gendarmería desalojando un puente. Sí hubo fuerza pública en el puerto de Buenos Aires para que los veraneantes pudieran ir a las playa uruguayas. Es que nadie en el Gobierno se animaría a desairar un electorado tan difícil y escurridizo como el porteño frente a la complicada elección que viene.
La estatalidad en terapia intensiva. La estatalidad es, además de su dimensión material concreta, una relación social, un orden que garantiza coactivamente la convivencia social. Y la estatalidad en nuestro país se deteriora a pasos agigantados. La falta de un funcionariado público profesional y eficiente, el uso de los recursos públicos para fines particulares, la falta de conciencia cívica y fiscal de la ciudadanía, el recurso a las fuerzas de choque, los superpoderes del jefe de Gabinete para distribuir fondos presupuestarios, hablan claramente de la crisis de nuestro orden estatal.
Ciertamente, sería injusto atribuir a un solo gobierno una situación que conoce ya décadas de deterioro sistemático y estructural. Pero no es menos cierto que en estos últimos años, a la sombra del “estilo K” se han multiplicado los hechos que transgreden los límites del Estado de derecho. Paradójicamente, el propio Presidente cerró el año 2006 con una sobreactuada defensa de dicho concepto frente a la desaparición de Gerez. El desaparecido apareció al otro día, cerrando un hecho bastante confuso. Tan confuso como lo que este Gobierno entiende por Estado de derecho.
Fuente: La Voz del Interior
Autor: Martín Lardone
-
Recomendados:
El problema es simple. Cuando ese dirigente político, llámese en este caso K, responsable de la conducción del Estado (con mayúsculas como Ud. bien lo indica) sigue utilizando a esos grupos para sus propios fines, en algún momento la cosa se le escapa de las manos. Como está sucediendo actualmente.
En gobiernos anteriores pasó lo mismo, pero con el actual se han sobrepasado todos los límites.
Los piqueteros que a diario cortan las principales avenidas de la Capital para marchar por cualquier protesta, por más insignificante que sea, hacia Plaza de Mayo, generan un caos total y absoluto para los que sí queremos y necesitamos trabajar en esta Buenos Aires.
Custodiados por la Policía, esa es la orden. Intocables, la otra orden.
Mientras nosotros, ciudadanos comunes, trabajadores, cumplidores del orden y las buenas costumbres, si ponemos un pie fuera del cordón para querer cruzar la calle porque el tiempo apremia, frente a las mismas narices de la policía, somos amenazados por encapuchados armados con palos y cadenas. Y siempre es igual.
El Estado utiliza a los violentos… luego, cuando ya logró sus metas quiere deshacerse de ellos, pero ya es tarde. Han cobrado vida propia. Saben que es más fácil así. Y el facilismo ya está enraizado en sus poros porque eso les enseñaron para que presten un fiel servicio al gobernante de turno.
Quién es el culpable? El mismo Estado sin lugar a dudas.
Y nosotros también, que lo seguimos permitiendo.
Saludos,
Mp
quiero saber el autor de yo soy yo y mis circunstancias