La historia paralela

La irrup­ción de la vio­len­cia seten­tista en la agenda de la polí­tica de dere­chos huma­nos del gobierno a raíz de la inves­ti­ga­ción a María Estela Mar­tí­nez de Perón («Isa­be­lita») ame­naza con exten­derse tam­bién al plano inter­na­cio­nal invo­lu­crando a Fran­cia.
Esta semana, el ex marino Alfredo Astiz insis­tirá en la «cone­xión fran­cesa» que habría ope­rado según él durante la repre­sión clan­des­tina de los gue­rri­lle­ros en la gue­rra sucia.
Vol­verá con un pedido de cap­tura de un agente de inte­li­gen­cia de aquel país que habría par­ti­ci­pado en el secues­tro de las mon­jas Alice Domon y Leo­nie Duquet.
En Fran­cia, avanza una inves­ti­ga­ción sobre Mau­rice Jae­guer, quien des­a­pa­re­ció en Tucu­mán en 1975, y la Jus­ti­cia gala recla­ma­ría la decla­ra­ción de dos tes­ti­gos: «Isa­be­lita» y Car­los Ruckauf.

Todo sucede en vís­pe­ras del tour a París de Cris­tina Fer­nán­dez, quien en repre­sen­ta­ción directa de Nés­tor Kir­ch­ner fir­mará un con­ve­nio inter­na­cio­nal sobre la desa­pa­ri­ción for­zada de per­so­nas, impul­sado por la Argen­tina y Fran­cia, que fue apro­bado por las Nacio­nes Unidas.

El acto enca­be­zado por Jac­ques Chi­rac será el pró­ximo 6 de febrero, en el Quai D Orsay, sede de la Can­ci­lle­ría francesa.

Regreso

Como el yo-yo, ese juguete infan­til, el pasado de la lucha con­tra la gue­rri­lla y sus efec­tos polí­ti­cos en el pero­nismo regre­san a la mano de Nés­tor Kir­ch­ner aun­que se empeñe en tomar dis­tan­cia. No tiene más sepa­ra­ción que la lon­gi­tud del cor­del que él mismo lió desde el comienzo de su ges­tión, cuando lanzó la revi­sión de los dere­chos huma­nos ya supe­rada por la socie­dad lo mismo que la afi­ción a aquel juguete.

Astiz se bene­fi­cia por el decreto que firmó Kir­ch­ner que relevó de la obli­ga­ción de man­te­ner el secreto de Estado que impone la ley de inte­li­gen­cia nacio­nal a los mili­ta­res invo­lu­cra­dos en deli­tos con­tra los dere­chos huma­nos come­ti­dos en la lucha con­tra el terro­rismo de Mon­to­ne­ros, ERP, FAR y demás orga­ni­za­cio­nes.
Pedirá la lista de los diplo­má­ti­cos (inclui­dos los agre­ga­dos mili­ta­res) que ocu­pa­ron car­gos en la Emba­jada de Fran­cia desde 1975 a 1983, reite­rará el reclamo para que se iden­ti­fi­que y detenga al ex agente de la OAS (Orga­ni­sa­tion de l Armée Secrète) Ber­trand de Par­se­val seña­lado por una madre de Plaza de Mayo ( Rosa­rio Cerruti) como miem­bro ope­ra­tivo en el secues­tro de la monja Domon, expon­drá las accio­nes ins­ti­ga­do­ras del gobierno fran­cés en los regí­me­nes mili­ta­res de la época y su apli­ca­ción en el país.
El hilo defen­sor apunta a poner en negro sobre blanco qué papel jugó Fran­cia en la gue­rra anti­te­rro­rista, hecho que expli­ca­ría, según él, la pre­sión que man­tuvo por años para lograr la extra­di­ción del ex marino.

El abo­gado de Astiz dice tener prue­bas de la par­ti­ci­pa­ción de los fran­ce­ses en una inves­ti­ga­ción que está a cargo del juez pari­sino Gérard Cad­deo que se abrió en 2003 y había lla­mado a inda­ga­to­rias a cons­pi­cuos fun­cio­na­rios de aquel momento: Valéry Gis­card d Estaing, pre­si­dente entre 1974 y 1981; Pie­rre Mess­mer, ex pri­mer minis­tro, y a un diplo­má­tico de la Emba­jada de Fran­cia en la Argen­tina, durante el ejer­ci­cio del emba­ja­dor Fra­nçois de la Gosse.

Evan­ge­li­za­ción

Las mon­jas des­a­pa­re­ci­das per­te­ne­cían a la orden Société des Mis­sions Etran­gè­res (Con­gre­ga­ción de Misio­nes Extran­je­ras de París). Esta con­gre­ga­ción había actuado en tareas de evan­ge­li­za­ción en Indo­china, pri­mer esce­na­rio de las accio­nes de lucha con­tra­in­sur­gen­cia del ejér­cito fran­cés, que luego se apli­ca­rían en Arge­lia y en las dic­ta­du­ras latinoamericanas.

Se sabe que la orden reli­giosa mar­caba desde enton­ces­los exce­sos de los mili­ta­res­fran­ce­ses y de gru­pos para­mi­li­ta­res secre­tos adies­tra­dos por sus oficiales.

La Can­ci­lle­ría entró a la con­tro­ver­sia y deberá ofi­ciar como inter­me­dia­ria en los trá­mi­tes para reque­rir las prue­bas soli­ci­ta­das por la defensa de Astiz, claro si el juez de la causa accede al pedido. Hora­cio Mén­dez Carre­ras es abo­gado en la Argen­tina de las fami­lias de las reli­gio­sas fran­ce­sas y ade­más emba­ja­dor polí­tico y Repre­sen­tante Espe­cial de Dere­chos Huma­nos del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res.
Quizá se tenga que apar­tar de una de las dos acti­vi­da­des por esa cues­tión de la ética profesional.

El doble comando, desde la fun­ción pública y la acti­vi­dad pri­vada, en un mismo con­flicto de intere­ses: deci­dir si Fran­cia tuvo o no que ver en el secues­tro de las mon­jas parece a todas luces incompatible.

El pedido que hizo Astiz y tam­bién antes Anto­nio Per­nías para que se eva­cue una serie de prue­bas que vin­cu­la­rían a Fran­cia con la ins­ti­ga­ción para el secues­tro de las reli­gio­sas debe­ría pasar por el ase­so­ra­miento del fun­cio­na­rio Mén­dez Carre­ras.
Este letrado/funcionario usó medios de comu­ni­ca­ción esta­tal (un parte de prensa fechado el 18 de enero, en la página de Inter­net del minis­te­rio) para con­vo­car al público a las sesio­nes de decla­ra­ción amplia­to­ria que cum­plie­ron la semana pasada los impu­tados en la causa de desa­pa­ri­ción de Domon y Duquet.
¿Lo hizo como fun­cio­na­rio de la Can­ci­lle­ría o como letrado de par­ti­cu­la­res?
Ya se sabe que la pre­sión de la opi­nión pública suele con­di­cio­nar las reso­lu­cio­nes de la Justicia.

Fuente: Ambito Financiero/Total News

Autor: Edgardo Aguilera

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