La historia paralela

“En el Ecua­dor no existe el estado de dere­cho”, declaró el Pre­si­dente de la Corte Suprema de Jus­ti­cia hace unos días. En cual­quier demo­cra­cia del mundo, una decla­ra­ción de tales con­tor­nos habría pro­vo­cado un revuelo sin nom­bre. En el Ecua­dor, la noti­cia mere­ció un titu­lar de segunda página y sus impli­ca­cio­nes han sido nulas.

Difí­cil espe­rar otra cosa luego de que la Pre­si­den­cia de la Corte Suprema man­tu­viera, por más de un año, total silen­cio frente a las gra­ves vio­la­cio­nes cons­ti­tu­cio­na­les come­ti­das por el Con­greso, el Gobierno, el Tri­bu­nal Supremo Elec­to­ral y el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Ahora que las remu­ne­ra­cio­nes de los magis­tra­dos han sido ame­na­za­das por los “man­da­tos cons­ti­tu­yen­tes”, el Pre­si­dente de la Corte ha deci­dido levan­tar su voz y defen­der el orde­na­miento jurí­dico. Dema­siado tarde. Ha sido un inmenso error pen­sar que la pasi­vi­dad y el silen­cio res­guar­da­rían la Corte. Más tem­prano que tarde, el Gobierno y su enorme apa­rato inter­ven­drán y reor­ga­ni­za­rán la Fun­ción Judicial.

Al igual que la Corte Suprema, diver­sos sec­to­res hicie­ron sus cálcu­los y opta­ron por guar­dar silen­cio frente al que­bran­ta­miento del estado de dere­cho. El pri­mero en actuar así fue el Con­greso Nacio­nal que aprobó, de forma arbi­tra­ria, la con­vo­ca­to­ria a la con­sulta popu­lar para deci­dir la ins­ta­la­ción de una Asam­blea Cons­ti­tu­yente de ple­nos pode­res. Encan­di­la­dos por las encues­tas y su juego de espe­jos, muchos par­ti­dos pen­sa­ron que los acuer­dos con el Gobierno les garan­ti­za­rían espa­cios en la Asam­blea y ase­gu­ra­rían pre­sen­cia en la nueva estruc­tura ins­ti­tu­cio­nal. La ofus­ca­ción y el cálculo no per­mi­tie­ron ver que el Esta­tuto y la Con­sulta ter­mi­na­rían liqui­dando los con­tra­pe­sos y pro­vo­cando una con­cen­tra­ción total del poder. En Vene­zuela, aque­llos par­ti­dos que apo­ya­ron el pro­ceso cons­ti­tu­yente, con atro­pe­llos a la Cons­ti­tu­ción y a la Ley, ter­mi­na­ron triturados.

La sumi­sión mayor corres­ponde, en todo caso, al Tri­bu­nal Supremo Elec­to­ral. Su abso­luta obse­cuen­cia con el Gobierno le ha lle­vado a come­ter vio­la­cio­nes gro­tes­cas al orden jurí­dico. Lo que ignora el TSE es que el Gobierno lo man­ten­drá con vida mien­tras sea útil y fun­cio­nal para sus pro­yec­tos. Por ello, sus días están con­ta­dos. El Gobierno no per­mi­tirá jamás que la deno­mi­nada “par­ti­do­cra­cia” con­trole las pró­xi­mas elec­cio­nes gene­ra­les. La reor­ga­ni­za­ción del TSE y los tri­bu­na­les pro­vin­cia­les es un obje­tivo cen­tral del Régi­men que cobrará forma en el momento opor­tuno. Los voca­les debe­rían tener sus male­tas lis­tas. Bajo esta lógica exis­ten empre­sa­rios, alcal­des y otros acto­res que bus­can aco­mo­darse en los inters­ti­cios del nuevo poder para sal­var su pellejo. La sumi­sión y defensa de intere­ses par­ti­cu­la­res en con­tra del inte­rés gene­ral es un pésimo nego­cio que al final arruina a sus men­to­res. La his­to­ria demues­tra que aque­llos que bus­can blin­darse apo­yando a los gobier­nos en la demo­li­ción de ins­ti­tu­cio­nes y dere­chos aca­ban des­trui­dos. Cuba y Vene­zuela son bue­nos ejemplos.

Fuente: El Comercio.com

Autor: Carlos Larreátegui

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