La historia paralela

La ex magis­trada Ana María Rug­geri res­pon­sa­bi­liza a Chá­vez de su des­ti­tu­ción y ase­gura que renun­cia a la indem­ni­za­ción de 100 mil dóla­res con el fin de “abrir cami­nos” para un poder judi­cial independiente.

Vamos a ser dili­gen­tes en que el Estado cum­pla con su obli­ga­ción. Esto tiene unos pla­zos para cum­plirse, noso­tros ya mani­fes­ta­mos nues­tro deseo de ser res­ti­tui­dos a la Corte Pri­mera. Si no cum­ple, ten­dre­mos que recu­rrir de nuevo a la Corte-IDH

Ana María Rug­geri hizo algo poco común. Renun­ció, junto con los magis­tra­dos Juan Car­los Apitz y Per­kins Rocha, a la indem­ni­za­ción de 100 mil dóla­res que la Corte Inter­ame­ri­cana de Dere­chos Huma­nos (IDH) ordenó pagar como com­pen­sa­ción del Estado vene­zo­lano, a cada uno de los tres jue­ces que fue­ron des­ti­tui­dos de la Corte Pri­mera de lo Con­ten­cioso Admi­nis­tra­tivo en 2003. Desde una de las ofi­ci­nas del edi­fi­cio que sirve de sede a la Alcal­día de Cha­cao, donde Rug­geri ejerce como ase­sora legal en temas rela­cio­na­dos con la juris­dic­ción con­ten­cioso admi­nis­tra­tiva, la abo­gada no duda en ase­gu­rar que exis­tió “inje­ren­cia” del pre­si­dente de la Repú­blica en su des­ti­tu­ción y recuerda que éste llamó “ban­di­dos” a los jue­ces, luego de que deci­die­ran que los médi­cos cuba­nos de Barrio Aden­tro debían pre­sen­tar sus cre­den­cia­les ante las autoridades.

–¿Por qué fue­ron des­ti­tui­dos de la Corte Pri­mera de lo Con­ten­cioso en octu­bre de 2003?

–Las razo­nes de nues­tra des­ti­tu­ción obe­de­cen fun­da­men­tal­mente a una serie de deci­sio­nes que en mi opi­nión fue­ron ape­ga­das a la Cons­ti­tu­ción y al prin­ci­pio de lega­li­dad. Una serie de mili­ta­res a los que se les había abierto con­sejo de inves­ti­ga­ción soli­ci­ta­ron ampa­ros y a todos ellos se les había vio­lado el debido pro­ceso. En su momento hubo dis­cu­sio­nes en la Corte, sobre todo con la hoy pre­si­denta del Tri­bu­nal Supremo del Jus­ti­cia, Luisa Este­lla Mora­les. Par­ti­cu­lar­mente recuerdo una dis­cu­sión en la que le dije que el debido pro­ceso era un dere­cho, incluso de las per­so­nas que han come­tido los crí­me­nes más gran­des de la huma­ni­dad y que nues­tro deber era garantizarlo.

Tam­bién fue emble­má­tica la sen­ten­cia, creo que fue la que real­mente molestó al pre­si­dente de la Repú­blica, cono­cida como Barrio Aden­tro, en la que yo fui la ponente. Noso­tros no nos meti­mos con la Misión, lo único que decía la sen­ten­cia es que se le debía exi­gir los mis­mos requi­si­tos a los médi­cos extran­je­ros que a los médi­cos venezolanos.

Esa sen­ten­cia causó mucha moles­tia en el Pre­si­dente y efec­ti­va­mente pro­vocó que seña­lase que noso­tros no debía­mos ser jue­ces. La sen­ten­cia de la Cor­teIDH toca esas alo­cu­cio­nes pre­si­den­cia­les en las que nos llamó “ban­di­dos”. Se toma una deci­sión por la Sala Polí­tico Admi­nis­tra­tiva donde se decía que había­mos incu­rrido en un error jurí­dico de carác­ter inex­cu­sa­ble. La sen­ten­cia que sir­vió como fun­da­mento a nues­tra des­ti­tu­ción fue fir­mada por los cinco inte­gran­tes de la Corte Pri­mera, no fue una sen­ten­cia con voto sal­vado. Con lo cual uno se pre­gunta si quie­nes incu­rrie­ron en error inex­cu­sa­ble para la Sala fui­mos noso­tros tres, más que Luisa Este­lla Mora­les y Evelyn Marrero que ahora son pre­si­den­tes de la Sala Cons­ti­tu­cio­nal y la Polí­tico Admi­nis­tra­tiva respectivamente.

–A pesar de que la sen­ten­cia fue fir­mada por los cinco magis­tra­dos, no se les dio el mismo trato a Mora­les y Marrero.

–Des­pués de la des­ca­li­fi­ca­ción y el ame­dren­ta­miento del Pre­si­dente elpo­der judi­cial actuó en con­for­mi­dad con lo que dijo él. No me queda nin­guna duda de que hubo una inje­ren­cia del pre­si­dente la Repú­blica en la deci­sión tomada y hubo una clara falta de res­peto a la sen­ten­cia dic­tada en la Misión Barrio Adentro.

–¿Qué otros dere­chos esta­blece la Corte que se vio­la­ron en este caso?

–Dice que se violó el debido pro­ceso, el dere­cho a la defensa, dice que fui­mos juz­ga­dos por una auto­ri­dad que no es impar­cial y hay tres tipos de exi­gen­cias que me pare­cen cla­ras. A la Asam­blea se le exi­ge­que dicte el código de ética de los jue­ces. Des­pués hay un man­dato a la máxima auto­ri­dad para que publi­que extrac­tos de la sen­ten­cia que fue­ron aque­llos en que nos des­ca­li­fi­ca­ron y donde se nos amedrentó.

Eso es un man­dato al Pre­si­dente, com­ple­men­tado con una parte de la sen­ten­cia que es muy cla­rita y es que existe un daño inma­te­rial, el de la dig­ni­dad humana. El ter­cero, que es qui­zás el más impor­tante y cuya obli­ga­ción prin­ci­pal le corres­ponde a la Pre­si­denta del TSJ, que es res­ti­tuir­nos en nues­tros car­gos de magistrados.

–De obte­nerse esta res­ti­tu­ción, ¿no cree que entra­rían a un TSJ bas­tante com­pli­cado? Incluso hasta más hos­til que el de 2003.

–En aquel momento incluso fui­mos alla­na­dos, la corte estaba llena de gente, de emplea­dos, de abo­ga­dos, yo estaba ves­tida de toga por­que íbamos a una audien­cia cons­ti­tu­cio­nal y ellos saca­ron a todo el mundo con armas lar­gas. Yo ni siquiera quiero pen­sar la situa­ción; y no quiero por­que efec­ti­va­mente puede ser hos­til. Sin embargo, es una obli­ga­ción que uno tiene, es una obli­ga­ción abrir cami­nos para una demo­cra­cia, para un estado de mayor demo­cra­cia, de mejor demo­cra­cia, de inde­pen­den­cia del poder judicial.

–¿Cómo ve el estado del poder judi­cial en el país?

–Con­si­dero que hay muchí­si­mos jue­ces hones­tos y que hacen su trabajo.

Sin embargo, con­si­dero que efec­ti­va­mente no hay con­cur­sos. Mien­tras no se dicte el código de ética de los jue­ces, mien­tras sean pro­vi­so­rios y no ten­gan esta­bi­li­dad. En Vene­zuela la mayo­ría del poder judi­cial notiene esta­bi­li­dad, por­que no se les ha abierto con­cur­sos a los jue­ces, tene­mos una mora de ocho años y estas cosas hay que decir­las. Estoy con­ven­cida de que muchas veces el no decir las cosas es un silen­cio
cómplice.

–Ante esta situa­ción del poder judi­cial, ¿por qué no acep­tar la indem­ni­za­ción de los cien mil dólares?

–Tenía­mos dos alternativas.

Noso­tros tene­mos la obli­ga­ción de abrir aris­tas para la inde­pen­den­cia del poder judi­cial, tene­mos la obli­ga­ción de cum­plir esta sen­ten­cia, de ayu­dar a la inde­pen­den­cia del poder judi­cial, de tomar deci­sio­nes­con base en la Cons­ti­tu­ción, de per­mi­tir que las per­so­nas que con­si­de­ren que se vean lesio­na­dos sus dere­chos por auto­ri­da­des­pú­bli­cas pue­dan acce­der a los tri­bu­na­les. Incluso, tene­mos una obli­ga­ción como pro­fe­so­res uni­ver­si­ta­rios. Una de las cosas que a mi me pare­ció más grave es que des­pués de la des­ti­tu­ción la Corte Pri­mera per­ma­ne­ciera cerrada por seis meses.

Resulta que esa con­ducta de dejar cerra­dos a los tri­bu­na­les se repite.

Ahora tie­nen nue­va­mente la Corte cerrada, seis meses más.

–¿Qué van a hacer uste­des si el Estado no cum­ple con el dic­ta­men de la Corte?

–Bási­ca­mente vamos a ser dili­gen­tes en que el Estado cum­pla con su obli­ga­ción. Esto tiene unos pla­zos para cum­plirse, noso­tros ya mani­fes­ta­mos nues­tro deseo de ser res­ti­tui­dos a la Corte Pri­mera; si no cum­ple ten­dre­mos que recu­rrir de nuevo a la Corte-IDH, pues ésta se reserva la vigi­lan­cia del cum­pli­miento de la sentencia.

Tal Cual

Fuente: Venezuela Real

Autor: Carlos Crespo

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