La historia paralela

Hace unos días, con el titulo de “El pre­cio del silen­cio”, se hizo público un estu­dio e inves­ti­ga­ción sobre dife­ren­tes for­mas de pre­sión guber­na­men­tal con­tra la prensa y los perio­dis­tas, par­ti­cu­lar­mente sobre “la uti­li­za­ción abu­siva de la publi­ci­dad ofi­cial” con el pro­pó­sito de “ase­gu­rar cober­tu­ras perio­dís­ti­cas favo­ra­bles y des­alen­tar los enfo­ques críticos”.

Lo que se hace con este tra­bajo, dicho en tér­mi­nos menos ele­gan­tes, es denun­ciar el uso de dine­ros públi­cos para ata­car la liber­tad de prensa y coar­tar el dere­cho a la infor­ma­ción de los ciu­da­da­nos. Se trata de dos gra­ves deli­tos —corrup­ción y vio­la­ción de un dere­cho humano básico— come­ti­dos por quie­nes deten­tan el poder, como lo prue­ban con sus pro­pios actos.

El informe fue ela­bo­rado por la Aso­cia­ción por los Dere­chos Civi­les (ADC) de Argen­tina y recoge inves­ti­ga­cio­nes rea­li­za­das por orga­ni­za­cio­nes civi­les en el país citado y en Chile, Colom­bia, Costa Rica, Hon­du­ras, Perú y Uruguay.

Sin dudas “El pre­cio del silen­cio” cons­ti­tuye un impor­tante aporte en la lucha con­tra una vieja y terri­ble prác­tica de cen­sura guber­na­men­tal, denun­ciada hace por lo menos tres déca­das, par­ti­cu­lar­mente por la Socie­dad Inter­ame­ri­cana de Prensa. Fue una pré­dica y tarea que no siem­pre fue enten­dida. Más de una vez gobier­nos, sin­di­ca­tos y muchos exper­tos y aca­dé­mi­cos de la comu­ni­ca­ción coin­ci­die­ron en sus crí­ti­cas y al uní­sono pro­cla­ma­ban que “lo que se estaba haciendo era bus­car publi­ci­dad para las empre­sas”. Llevó tiempo hacer ver que se tra­taba de una forma tan sutil como mor­tí­fera de ata­que a la liber­tad de expresión.

Feliz­mente hoy el tema de la publi­ci­dad ofi­cial, sumado al del libre acceso a la infor­ma­ción pública y al reclamo de dero­ga­ción de leyes de desacato (insulto), son obje­ti­vos prio­ri­ta­rios que se han uni­ver­sa­li­zado en la defensa de esa pri­mera y estra­té­gica liber­tad de los ciudadanos.

Si uno ana­liza esos temas, parece ridículo que tenga que hacerse una ley para que los fun­cio­na­rios y las ins­ti­tu­cio­nes de una demo­cra­cia cum­plan con su obli­ga­ción de actuar con total trans­pa­ren­cia y de dar cuenta a sus man­dan­tes lo que hacen en su con­di­ción de repre­sen­tan­tes tran­si­to­rios. Peor aún es que esos fun­cio­na­rios, que ponen vallas al acceso a la infor­ma­ción, se voten leyes escu­dos con pro­tec­cio­nes super­la­ti­vas para no estar expues­tos al per­ti­nente escru­ti­nio público.

Así son las cosas; y aún las hay peo­res, por ejem­plo, que la liber­tad de expre­sión es el dere­cho menos pro­te­gido, el más desamparado.

Esa liber­tad se sitúa junto con el dere­cho a la vida y el dere­cho al honor al tope de los dere­chos y liber­ta­des del hom­bre. Estos dos últi­mos están pro­te­gi­dos amplia­mente por leyes y en los Códi­gos y están cla­ra­mente tipi­fi­ca­dos los deli­tos que pue­dan come­terse en su con­tra y las penas son siem­pre seve­ras. En casos, con la cará­tula de defensa del honor, se ampa­ran actos y con­duc­tas más que des­hon­ro­sas y muy poco honorables.

Con la liber­tad de expre­sión no pasa nada de eso. Quie­nes aten­tan con­tra ella no sufren nin­guna con­se­cuen­cia. No se con­si­dera ni como un agra­vante para el caso de perio­dis­tas ase­si­na­dos. Ni que hablar, enton­ces, de juz­gar a quie­nes pro­po­nen leyes con­tra esa liber­tad y el dere­cho a la infor­ma­ción y los que desde el poder aten­tan con­tra esos dere­chos a tra­vés de la publi­ci­dad ofi­cial y de diver­sas vías más. Hay hasta quie­nes recu­rren a la pro­pia jus­ti­cia, en prac­ti­cas nada éticas, para aca­llar denun­cias y pro­vo­car la auto­cen­sura y los magis­tra­dos en el mejor de los casos archi­van las deman­das, pero jamás cas­ti­gan esos inten­tos de ata­que a la liber­tad de expresión.

No se tiene en cuenta ni aún en los epi­so­dios más gro­se­ros. ¿Alguien conoce casos de dic­ta­do­res o tira­nos acu­sa­dos y san­cio­na­dos por cerrar dia­rios, implan­tar la cen­sura pre­via, repar­tir dine­ros públi­cos a perio­dis­tas y medios ami­gos? Se les cas­tiga por robar, matar, tor­tu­rar, y está bien, pero se olvida que lo pri­mero que hicie­ron fue decre­tar la cen­sura y prohi­bir la libre cir­cu­la­ción de noti­cias y que des­pués de eso roba­ron, tor­tu­ra­ron y
mataron.

Sólo por ese hecho, que nadie puede negar, de que los gober­nan­tes corrup­tos y los tira­nos y dic­ta­do­res tie­nen como pri­mer obje­tivo ani­qui­lar la liber­tad de expre­sión, habría que insis­tir fuer­te­mente por la san­ción de leyes que cas­ti­guen a quie­nes aten­tan o mera­mente ame­na­zan ese dere­cho. Por ese mismo motivo los gober­nan­tes y legis­la­do­res debe­rían dar rápi­da­mente los pasos nece­sa­rios en ese sen­tido. Es lo mejor que pue­den hacer para for­ta­le­cer nues­tras debi­li­ta­das demo­cra­cias y ya de paso para no ser confundidos.

Fuente: La Prensa. Com.Ni

Autor: Danilo Arbilla

El autor es periodista uruguayo

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