La historia paralela

Grande y preocupante sorpresa me ha causado la repercusión que ha tenido la noticia de la decisión de la presidente de la Nación de saldar la deuda del Estado Argentino con el Club de París. He tenido ocasión de leer y escuchar las más variadas consideraciones acerca de dicha medida, con argumentos que, más allá de la posición de quienes los sustentan, sólo tienen en cuenta sus posibles efectos sobre nuestra economía.

Admito que la perspectiva es importante y varias de esas opiniones me han resultado altamente ilustrativas. Pero la sorpresa proviene del hecho de no haber visto ni oído una sola palabra acerca de lo que a mi juicio resulta lo más relevante: la nueva flagrante y descarada violación de los preceptos constitucionales, perpetrada por la primera magistrada y consentida en silencio por el Congreso de la Nación.

Parecería que ni la presidente ni nuestros representantes se han tomado el trabajo de echar un vistazo a la Constitución que juraron observar y hacer observar al asumir sus cargos. Si tan sólo hubiesen leído el artículo 75°, que establece las facultades del Poder Legislativo, habrían comprobado que el inciso 7 le concede en exclusividad la de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Sin duda nunca se tomaron el trabajo de leerlo. Tanto ignoran su contenido los señores legisladores, que también callaron pocos días atrás, cuando la titular del Poder Ejecutivo resolvió por cuenta propia colocar a un interés usurario bonos con garantía del Tesoro. De lo contrario habrían censurado severamente tal conducta, invocando el texto del inciso 4 del citado artículo, que dice que son ellos y sólo ellos quienes pueden “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.

Tampoco sabian unos meses atrás, cuando el conflicto por las retenciones al campo, que el inciso 1 dispone que es el Congreso quien debe “legislar en materia aduanera” y “establecer los derechos de importación y exportación”. Recién cuando por una concesión graciosa el Ejecutivo les envió un proyecto de ley, cobraron conciencia de que esa facultad les pertenecía.

Ni que hablar de la ignorancia de lo preceptuado por el inciso 2, que les ordena sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos, para evitar la escandalosa apropiación de recursos por parte de la Nación, que ha convertido a los gobernadores en mendigos de los recursos de sus provincias. Tampoco conocen que la sexta disposición transitoria de la reforma de 1994 les impuso la obligación de hacerlo “antes de la finalización del año 1996”. Llevan ya doce años de incumplimiento.

Largo sería ennumerar las vergonzosas omisiones con las que el Poder Legislativo ha degradado su jerarquía hasta convertirse, en el mejor de los casos, en una genuflexa refrendadora de las decisiones que el Ejecutivo toma por él. Ni siquiera el presupuesto de gastos y recursos, la “ley de leyes”, se salva de esta conducta claudicante, pues contra toda lógica republicana y violando las disposiciones de la Carta Magna, le ha concedido al jefe de Gabinete poderes para modificarlo a su antojo.

Y si a alguno de nuestros ínclitos tribunos se le ocurriera responderme que todo ello ocurre en base a una delegación de facultades que ellos mismo han aprobado, me vería en la obligación de recordale, una vez más, el implacable anatema del artículo 29°, en el que han incurrido:

El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.

Cuando la crisis del campo, alumbré la ilusión de que los argentinos hubiésemos comenzado por fin a comprender que sólo el estricto cumplimiento de la Constitución y el cabal funcionamiento de las instituciones republicanas nos permitirían superar nuestra ya crónica decadencia. Esta aceptación silenciosa del nuevo atropello que la señora presidente hace de esas instituciones, me despierta el temor de que mi ilusión haya resultado vana.

Parecería que nos cuesta mucho comprender la necesidad de armonizar valores que visualizamos como incompatibles. Durante muchos años no admitíamos que libertad y orden pudiesen convivir en armonía, y alternábamos entre gobiernos de facto que imponían el orden a expensas de la libertad, y gobiernos democráticos que carecían de la fuerza necesaria para mantener el orden.

Superada esa falsa antinomia, hoy los valores en pugna parecen ser legitimidad y eficiencia. Como si las cosas que hay que hacer no pudiesen efectuarse sino a contrapelo de lo que dictan las leyes. Así alimentamos regímenes autocráticos, que bien podrían decir con Luis XIV –repetido recientemente por el inefable Hugo Chávez– “el estado soy yo”.

Nos hemos constituido así en fieles seguidores de Carl Schmitt, el jurista de Hitler, que proclamaba la hegemonía absoluta del Poder Ejecutivo sobre los otros dos, y la preponderancia de la decisión política por encima de la norma jurídica. Apotegma muy del gusto de los populismos.

Mientras no superemos esa etapa de infantilismo político, seguiremos siendo víctimas de los excesos de los dictadores. Al respecto, es conveniente recordar las dos primeras acepciones que el Diccionario de la Real Academia atribuye al vocablo dictador: “1.En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica”. “2.Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás”. Para nada distingue si es elegido por votación o impuesto por la fuerza.

Autor: Prudencio Bustos Argañaraz

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