La historia paralela

El Gobierno no había desa­rro­llado aún aspec­tos que pre­veía la ley apro­bada en diciem­bre de 2007. Casi un año des­pués de la apro­ba­ción de la Ley de Memo­ria His­tó­rica que el juez Gar­zón ha vuelto a poner de actua­li­dad, el Gobierno anun­cia ahora otras ocho nor­mas para desa­rro­llar uno de los tex­tos más polé­mi­cos de su ante­rior man­dato. Lo des­veló ayer la vice­pre­si­denta pri­mera, Teresa Fer­nán­dez de la Vega, en el Con­greso, al hilo de una pre­gunta del coor­di­na­dor gene­ral de IU, Gas­par Lla­ma­za­res, sobre las actua­cio­nes del Eje­cu­tivo en esta materia.

Entre los aspec­tos que desa­rro­lla­rán la Memo­ria His­tó­rica está el pro­ce­di­miento para efec­tuar exhu­ma­cio­nes y mapas de loca­li­za­ción de fosas comu­nes del fran­quismo, pero tam­bién la regu­la­ción de la decla­ra­ción de repa­ra­ción y reco­no­ci­miento per­so­nal de las víc­ti­mas de la Gue­rra Civil y la dic­ta­dura, que debe ser expe­dida por el Minis­te­rio de Justicia.

De la Vega no deta­lló cuándo se apro­ba­rán las nor­mas, pero des­tacó entre las que están más avan­za­das la que ela­bo­rará el censo de obras rea­li­za­das mediante tra­ba­jos for­za­dos, la reti­rada de sím­bo­los y las indem­ni­za­cio­nes a per­so­nas falle­ci­das o inca­pa­ci­ta­das por defen­der la demo­cra­cia en el tar­do­fran­quismo. En el mismo paquete incluyó un texto que otor­gará la adqui­si­ción de la nacio­na­li­dad espa­ñola para los bri­ga­dis­tas inter­na­cio­na­les y los hijos y nie­tos de los exi­lia­dos, y otro que regu­lará la con­sulta de actas de defun­ción de los regis­tros civi­les y la reor­ga­ni­za­ción del Archivo de la Gue­rra Civil. Hasta el momento, el Eje­cu­tivo ya ha sub­ve­cio­nado 63 pro­yec­tos de iden­ti­fi­ca­ción y exhu­ma­ción, y mejo­rado las pen­sio­nes de orfan­dad y de pre­sos polí­ti­cos. Todo ello sin des­aten­der, recordó De la Vega, los reque­ri­mien­tos que el juez Gar­zón ha tras­la­dado a dis­tin­tos ministerios.

Con todos estos argu­men­tos la tam­bién minis­tra de la Pre­si­den­cia daba res­puesta al líder de IU, for­ma­ción con la que el Gobierno pactó la Ley de Memo­ria hace casi un año, y salía al paso de las crí­ti­cas de Lla­ma­za­res al silen­cio admi­nis­tra­tivo de su Depar­ta­mento a más de una vein­tena de pre­gun­tas escri­tas sobre este asunto. «El Gobierno tiene la obli­ga­ción no sólo moral, sino tam­bién legal», enfa­tizó Lla­ma­za­res tras afear a De la Vega la tar­danza en el desa­rro­llo de la norma. «Cum­plan con la ley, con el Dere­cho inter­na­cio­nal y la dig­ni­dad de las fami­lias», exi­gió el dipu­tado de IU, quien urgió al Eje­cu­tivo a apro­bar ya los pro­to­co­los cien­tí­fi­cos y los pro­ce­di­mien­tos de auto­ri­za­ción para la exhu­ma­ción de cadáveres.

Autor: La Razón Digital.es

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