La historia paralela

La indus­tria minera en Boli­via ya no es el prin­ci­pal sos­tén de la eco­no­mía del país como solía ser. El prin­ci­pal pro­ducto minero, el estaño, fue por muchas déca­das el prin­ci­pal rubro de expor­ta­ción del país, lle­gando al cons­ti­tuir el 60% de las expor­ta­cio­nes. La cri­sis eco­nó­mica en Boli­via que se inició en 1980 y la caída del pre­cio inter­na­cio­nal del estaño, obli­ga­ron en 1985 a esta­ble­cer nue­vas regu­la­cio­nes que están con­te­ni­das en el decreto supremo número 21060 de 31 de agosto de 1985, aún vigente. Muchas minas sus­pen­die­ron sus ope­ra­cio­nes, entre ellas las esta­ta­les que ope­raba la Cor­po­ra­ción Minera Boli­viana (COMIBOL).

Desde la cri­sis minera de los años ochenta, se desa­rro­lla­ron las acti­vi­da­des de las coope­ra­ti­vas mine­ras que, sin sufi­cien­tes recur­sos, tiene que emplear méto­dos rudi­men­ta­rios (ope­ra­cio­nes manua­les) en sus ope­ra­cio­nes de extrac­ción del mine­ral. Para las per­fo­ra­cio­nes y la molienda del mine­ral se usan mar­ti­llos, cin­ce­les y mazos de hasta 10 kilo­gra­mos de peso y tra­ba­ja­do­res cum­plen sus labo­res ilu­mi­na­dos con lám­pa­ras de car­buro o eléc­tri­cas. Con estas caren­cias de medios, lo que hace nece­sa­rio gran­des esfuer­zos, muchos niños tra­ba­jan en las minas, los que son vul­ne­ra­bles a muchas enfer­me­da­des, acci­den­tes y abu­sos. De los 1,7 millo­nes de niños tra­ba­ja­do­res en Boli­via (2001), 120.000 labo­ran en estas minas en con­di­cio­nes infrahumanas.

Esta preo­cu­pante situa­ción se man­tiene a pesar de que Boli­via cuenta con un marco legal, res­pal­dado por con­ve­nios inter­na­cio­na­les, para com­ba­tir el abuso y las con­di­cio­nes noci­vas en el tra­bajo infan­til. Boli­via ha rati­fi­cado la Con­ven­ción Inter­na­cio­nal de los Dere­chos del Niño y los Con­ve­nios 138 y 182 de la OIT, sobre la edad mínima de admi­sión al empleo de meno­res y sobre las con­di­cio­nes de tra­bajo de éstos. El 27 de octu­bre de 1999 fue pro­mul­gado el nuevo Código del Niño, Niña y Ado­les­cente. Este cuerpo legal, fue ela­bo­rado con la par­ti­ci­pa­ción de varios sec­to­res de la socie­dad y de los orga­nis­mos del Estado, con el apoyo de UNI­CEF. Este código adopta los prin­ci­pios esta­ble­ci­dos en la Con­ven­ción Inter­na­cio­nal de los Dere­chos del Niño. Pese a esto, no se advier­ten medi­das con­cre­tas para dis­mi­nuir la incor­po­ra­ción masiva de la mano de obra infan­til en sec­to­res mal­sa­nos y peli­gro­sos y tam­poco se han creado meca­nis­mos efi­ca­ces para hacer cum­plir las dis­po­si­cio­nes lega­les vigentes.

Por otra parte, una gran pro­por­ción de los niños que tra­ba­jan en las minas lo hacen en forma ile­gal. Son los lla­ma­dos lla­ma­dos “jucus”, que sufren una grave dis­cri­mi­na­ción y son  abu­sa­dos por mine­ros adul­tos, ya que los con­si­de­rar  usur­pa­do­res de sus pues­tos de tra­bajo. Esta grave situa­ción debe ser solu­cio­nada desde una pers­pec­tiva mul­ti­di­men­sio­nal. No es sufi­ciente que se hagan cum­plir las leyes y los con­ve­nios inter­na­cio­na­les, ya que el pro­blema no sólo es legal. Por una parte, pro­viene de un sis­tema edu­ca­tivo defi­ciente y poco ade­cuado a la reali­dad cul­tu­ral de los pue­blos mine­ros,  y debe ser refor­mado, pro­cu­rando eli­mi­nar la “tra­di­ción” de hacer tra­ba­jar a los hijos en las minas.

Otra causa: muchos de estos niños mine­ros con­tri­bu­yen en gran pro­por­ción a man­te­ner sus fami­lias que viven en con­di­cio­nes de extrema pobreza. Esto ten­dría que moti­var la crea­ción de otras acti­vi­da­des fami­lia­res, a tra­vés de la pro­mo­ción de ins­ti­tu­cio­nes de micro-finanzas que per­mi­tan que la for­ma­ción de peque­ñas empre­sas basa­das en manua­li­da­des, arte­sa­nías, labo­res agrí­co­las, etc.

Aun­que se advierte algu­nos pla­nes en este sen­tido, lamen­ta­ble­mente no se están imple­men­tando rápi­da­mente. Cada día que pasa, los niños y ado­les­cen­tes siguen siendo pri­va­dos de sus dere­chos fun­da­men­ta­les.

Una cam­paña para rever­tir este inmenso pro­blema es inapla­za­ble en Bolivia.

Autor: Marcelo Andrés Ostria Ch

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