La historia paralela

La industria minera en Bolivia ya no es el principal sostén de la economía del país como solía ser. El principal producto minero, el estaño, fue por muchas décadas el principal rubro de exportación del país, llegando al constituir el 60% de las exportaciones. La crisis económica en Bolivia que se inició en 1980 y la caída del precio internacional del estaño, obligaron en 1985 a establecer nuevas regulaciones que están contenidas en el decreto supremo número 21060 de 31 de agosto de 1985, aún vigente. Muchas minas suspendieron sus operaciones, entre ellas las estatales que operaba la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL).

Desde la crisis minera de los años ochenta, se desarrollaron las actividades de las cooperativas mineras que, sin suficientes recursos, tiene que emplear métodos rudimentarios (operaciones manuales) en sus operaciones de extracción del mineral. Para las perforaciones y la molienda del mineral se usan martillos, cinceles y mazos de hasta 10 kilogramos de peso y trabajadores cumplen sus labores iluminados con lámparas de carburo o eléctricas. Con estas carencias de medios, lo que hace necesario grandes esfuerzos, muchos niños trabajan en las minas, los que son vulnerables a muchas enfermedades, accidentes y abusos. De los 1,7 millones de niños trabajadores en Bolivia (2001), 120.000 laboran en estas minas en condiciones infrahumanas.

Esta preocupante situación se mantiene a pesar de que Bolivia cuenta con un marco legal, respaldado por convenios internacionales, para combatir el abuso y las condiciones nocivas en el trabajo infantil. Bolivia ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los Convenios 138 y 182 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo de menores y sobre las condiciones de trabajo de éstos. El 27 de octubre de 1999 fue promulgado el nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente. Este cuerpo legal, fue elaborado con la participación de varios sectores de la sociedad y de los organismos del Estado, con el apoyo de UNICEF. Este código adopta los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pese a esto, no se advierten medidas concretas para disminuir la incorporación masiva de la mano de obra infantil en sectores malsanos y peligrosos y tampoco se han creado mecanismos eficaces para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes.

Por otra parte, una gran proporción de los niños que trabajan en las minas lo hacen en forma ilegal. Son los llamados llamados “jucus”, que sufren una grave discriminación y son  abusados por mineros adultos, ya que los considerar  usurpadores de sus puestos de trabajo. Esta grave situación debe ser solucionada desde una perspectiva multidimensional. No es suficiente que se hagan cumplir las leyes y los convenios internacionales, ya que el problema no sólo es legal. Por una parte, proviene de un sistema educativo deficiente y poco adecuado a la realidad cultural de los pueblos mineros,  y debe ser reformado, procurando eliminar la “tradición” de hacer trabajar a los hijos en las minas.

Otra causa: muchos de estos niños mineros contribuyen en gran proporción a mantener sus familias que viven en condiciones de extrema pobreza. Esto tendría que motivar la creación de otras actividades familiares, a través de la promoción de instituciones de micro-finanzas que permitan que la formación de pequeñas empresas basadas en manualidades, artesanías, labores agrícolas, etc.

Aunque se advierte algunos planes en este sentido, lamentablemente no se están implementando rápidamente. Cada día que pasa, los niños y adolescentes siguen siendo privados de sus derechos fundamentales.

Una campaña para revertir este inmenso problema es inaplazable en Bolivia.

Autor: Marcelo Andrés Ostria Ch

Link Rss para esta publicación
Link permanente al articulo