Mensaje al Gobierno Argentino
Cinco reflexiones sobre la Guerra contra el Terrorismo del siglo pasado y los desafíos del presente
La Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África e Iberoamérica, más conocida como Conferencia Tricontinental de La Habana, que tuvo lugar en la capital de Cuba entre el 3 y el 15 de enero de 1966, fue una importante etapa de la revolución comunista mundial. Asimismo, el punto de partida y la plataforma de lanzamiento de la insurrección marxista-leninista combinada en Iberoamérica y el marco de referencia para las acciones de los movimientos terroristas en estas vastas regiones. La Tricontinental reunió representaciones de 70 países, 500 delegados que representaban a gobiernos, partidos legales y en la clandestinidad, como también un número importante de organizaciones terroristas.
Cuba quedó así transformada a través de las décadas en el centro continental de apoyo a organizaciones como Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Uturuncos, Tupamaros y otros movimientos terroristas, a los que podría considerarse como brazos ejecutores de una verdadera “fuerza de intervención” castrocomunista en Iberoamérica.
Paralelamente y con el correr de los años, anidó también en la región pero sobre todo en la Argentina la amenaza trotskista, a través del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de la IV Internacional, con base en el exterior, lo cual prueba la raíz internacionalista y extraterritorial que se abatió contra nuestro país.
La guerra antiterrorista fue en consecuencia librada contra planes pergeñados desde el exterior-como bien dijo el Teniente General Perón-, ejecutados por diferentes organizaciones que no tenían otro objetivo que la toma del poder para instaurar lo que ellos proclamaban como Patria Socialista. Planes ejecutados simultáneamente por organizaciones terroristas de diferentes orígenes, pero que estaban unidas en torno al firme objetivo de coercer y/o derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, de su sucesora María Estela Martínez de Perón y, en el caso del ataque contra el Regimiento de La Tablada, dirigido a promover una situación caótica que preparara las condiciones para la caída del gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín.
Los episodios que hoy conmemoramos fueron tan solo cinco –incluyendo el asesinato del Dr. Carlos Sacheri-, dentro de una larga e impresionante cantidad de acontecimientos trágicos encadenados y que llegan hasta el presente sin solución alguna de continuidad, frente a un marco global, regional y doméstico que sólo ofrece escenarios plenos de desafíos y amenazas para nuestra continuidad histórica nacional: terrorismo global, crimen organizado transnacional y regional, narcoterrorismo, lavado de dinero de origen criminal, un probable rediseño geopolítico regional y una potencial insurrección neoindigenista en Iberoamérica.
No querría continuar con esta alocución, sin dejar al menos algunas de las prometidas reflexiones en las que intento reiterar mi posición, ya expuesta en conferencias y escritos anteriores:
La primera reflexión es sobre si hubo o no ese fenómeno social que se denomina guerra, y en caso afirmativo si ella fue o no Justa.
Hoy se pretende negar la existencia de una guerra, para presentar a las fuerzas armadas y de seguridad, como perseguidores en una cacería que tuvo por víctimas a jóvenes idealistas indefensos. Sin embargo, la realidad está patentizada por las declaraciones públicas de las propias organizaciones terroristas que proclamaban que su objetivo era lisa y llanamente la toma por la fuerza del poder, y el establecimiento de una dictadura a semejanza de la de Fidel Castro. Al respecto, recordemos la famosa frase del Che Guevara “La liberación de Latino América pasa por la mira del fusil”. Sin duda, hubo una guerra, ya que el objetivo era claramente político: la posesión del poder dentro del Estado. Y esta guerra, que la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares, calificó de “Guerra Revolucionaria”, se desarrolló dentro del esquema vigente a escala mundial durante el transcurso de la guerra fría. Otra razón para negar la existencia de la guerra radica en que de haberla, correspondería juzgar los hechos ocurridos, aplicando el Derecho de Guerra, que difiere del Derecho Común para tiempo de paz; en ese caso, quedaría sin sustento todo el andamiaje en que están basados muchos de los juicios actualmente en curso.
La guerra antiterrorista no fue un fenómeno exclusivamente argentino; en consecuencia, las respuestas políticas y militares institucionales dadas por los gobiernos justicialistas contra la agresión externa e interna, se ajustaron en todo momento al iustus modus o modo justo que se requiere, conforme a la doctrina tradicional, tanto en sus aspectos declarativos como ejecutivos, para que las operaciones militares quedaran respaldadas desde el inicio por una plena legitimidad de origen. La legitimidad de ejercicio imponía que siguiera mereciendo la calificación de justa, para lo cual era menester que el desarrollo de las acciones en los diferentes teatros de la guerra interna, no entrañara males y desórdenes mayores que el daño que se intentaba detener y reparar.
El enemigo a combatir tenía su firme basamento en doctrinas de Guerra Revolucionaria, que más allá de sus profundas diferencias, coincidían en su naturaleza “intrínsecamente perversa”, en sus basamentos conceptuales impíos e injustos, contrarios al derecho natural y que hasta hoy pretenden construir una humanidad sin Dios, despojando al hombre de su libertad y hasta del derecho a educar a sus hijos, fuera de la podredumbre del materialismo dialéctico que pretendían imponernos a través del terror. La toma del Estado y del poder estatal era para las fuerzas terroristas el medio más eficaz para conseguir su fin y por ello no debería extrañar que intentaran herir de muerte a gobiernos constitucionales.
El asesinato del abanderado-mártir de los trabajadores argentinos, José Ignacio Rucci, crimen de lesa humanidad desde cualquier ángulo en que se analice, había sido como tantos otros el punto de partida para que el entonces presidente Juan Domingo Perón –a quien tuve la oportunidad de entrevistar en tres oportunidades junto a otros jóvenes del Movimiento Justicialista, a propósito de la grave situación del país-, declarara la guerra contra las organizaciones terroristas que operaban en nuestro territorio.
Luego del fallecimiento del Teniente General Perón y ante el agravamiento de la situación, especialmente en la provincia de Tucumán, el Gobierno de la Presidente María Estela Martínez de Perón dictó el Decreto Secreto Nº 261, del 5 de febrero de 1975, que ordenaba la acción militar en dicha provincia –convertida en bastión subversivo-, dando comienzo la Operación Independencia. Este decreto dispone lo siguiente en su Artículo 1º:
“El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y / o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.
El fenómeno subversivo seguía en ascenso en todas partes, lo que hizo que el 6 de octubre de 1975 el Dr. Italo Luder –en su carácter de Presidente Provisorio del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, por una licencia temporaria de la Sra. de Perón-, dictara los Decretos Nº 2770, 2771 y 2772 disponiendo la intervención de las FF.AA. en todo el territorio nacional.
El Decreto 2772/75 anteriormente citado establecía lo siguiente en su Artículo 1º:
“Las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Con referencia al Decreto 261/75 basta su sola lectura, para comprender que “neutralizar y / o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, implicaba eliminación de la capacidad de combate de los terroristas, y no el exterminio de quienes se rindieran o fueran tomados prisioneros.
Pero además fue dictado el Decreto Nº 1.800 del 7 de julio de 1975, que ordenaba lo siguiente de manera taxativa:
“Toda vez que, en la ejecución de operaciones militares antiterroristas, la autoridad militar deba poner a disposición del magistrado federal competente a una persona detenida o a elementos secuestrados como consecuencia de dichas operaciones, lo hará acompañando las actuaciones que en el orden militar deberán labrarse con tal motivo, juntamente con las piezas probatorias si las hubiere”. Si bien este párrafo era encomiable en su espíritu, resultaba difícil su aplicación dada la situación del momento y también porque muchos juzgados se sentían amedrentados por las amenazas permanentes de las organizaciones terroristas.
Merece también destacarse el proyecto de ley sobre “Régimen para la Defensa Nacional”, enviado al Congreso Nacional y que ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 1975, siendo girado a las Comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. Al margen de los pasos legislativos y del obstruccionismo que encontró tal Proyecto en sectores de la izquierda, el proyecto proponía declarar una “zona de emergencia” en caso de conmoción interna grave, en la que podrían actuar las Fuerzas Armadas. Nuevamente se ponía énfasis en dar mayor garantía de los derechos de quienes fueran tomados prisioneros, dado que el proyecto de ley afirmaba que, aun en las “zonas de emergencia”, seguiría actuando el Juez Federal competente con todas sus facultades legales.
Quien escribe estas líneas, testigo viviente de esos años trágicos que vivió nuestro país, amenazado de muerte por las organizaciones terroristas durante años, solicitó como funcionario público a la entonces Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, como consta en diarios de la época, que utilizara todos lo recursos legales a su alcance, incluyendo la sanción de la Ley Marcial, y el juzgamiento en juicios sumarísimos y el fusilamiento de aquellos que fueran encontrados culpables de acciones terroristas.
En cuanto al Gobierno Nacional se refería, existió un extremo cuidado en que la legitimidad de ejercicio no invalidara de manera alguna el modo justo en que debía desarrollarse la guerra contra el enemigo terrorista. Fue además y al mismo tiempo una respuesta directa a las acciones que en el caso de una situación cuasi anárquica, desarrollaban ilegalmente diferentes grupos que actuaban sin que mediara orden alguna otorgada secreta o públicamente por el Poder Ejecutivo Nacional.
¡En lo que hace a si la “Guerra” fue “Justa”, desde ya que esa lo fue!
La segunda es si en la guerra contra el terrorismo hubo un demonio o dos demonios.
Desde ya debe aclararse que la famosa frase de la existencia de los “dos demonios” es de naturaleza política y de uso periodístico, pero alejada en principio de cualquier disquisición específica de carácter teológico por parte de alguna autoridad religiosa responsable.
Lo dicho en esta segunda reflexión no es tampoco una excepción a esa regla.
Un enemigo “intrínsecamente perverso”
Basta citar unas sabias frases del Papa Pío XI en su Encíclica “Divini Redemptoris” (19 de marzo de 1937), para definir claramente la naturaleza del enemigo a combatir y, de existir alguna duda sobre la legitimidad de la respuesta militar del gobierno argentino de María Estela Martínez de Perón, despejarla con esta magistral sentencia:
“El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la civilización cristiana Y si algunos, inducidos al error, cooperasen a la victoria del comunismo en sus países, serán los primeros en ser víctimas de su error”.
La naturaleza del odio según los mismos comunistas
La “filosofía” sobre el odio de Ernesto “Che” Guevara, fue uno de los principales gérmenes y factores de lucha que generaron la terrible ola de violencia desatada en nuestro país. Enseñaba exultante el mítico y siniestro personaje:
“El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierten en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.”
No se explica entonces cómo pudo generarse y mucho menos aceptarse como de uso común una “teoría de los dos demonios”, comparando a organizaciones basadas en doctrinas “intrínsecamente perversas”, con la fuerza legítima desatada por el Estado Nacional para terminar con sus acciones y provocar la rendición incondicional del enemigo en el campo militar.
La tercera es si una madre del amor y del dolor puede ser también madre del odio
Ninguna mente asistida por la luz de la razón natural debería negar el derecho de una madre, de cualquier madre, a sentir el más profundo dolor por la muerte de un hijo, máxime si esta se produce de manera violenta como resultado de una guerra, en la que muchos caídos permanecen en el mundo en una tumba sin apellido ni nombre o en aquellas llamadas del “soldado desconocido”.
El dolor que surge ante la pérdida de un bien, si se lo toma con un sentido cristiano de la vida y de la muerte, puede dar lugar a que surja lo mejor de sí en cualquier madre y en muchas ocasiones hasta el heroísmo; pero un dolor sin odio, sin rencores, sin desesperanza; ejemplo que sin duda han dado las madres de las víctimas del terrorismo. He conocido a muchas de estas y debo ser muy sincero al afirmar que jamás pude percibir el más mínimo rencor y, mucho menos, señales de odio en ninguna de ellas. Siempre resulta importante confirmar este tipo de conclusiones con algún ejemplo, y para ello nada mejor que citar un párrafo de la carta que Hebe de Berdina dirigió a quienes mataron a su hijo, Subteniente Rodolfo Hernán Berdin-luego ascendido post-mortem a Teniente-, caído el 4 de septiembre de 1975 en combate en el marco de la Operación Independencia:
“No los maldigo, les doy las gracias en nombre de él y de todos los héroes que dejaron su vida por amor a Dios, a la Patria y a la familia, porque todavía ésa es la fe del soldado, ésa es su meta”.
El extremo opuesto radica en mujeres que por el contrario cierran su corazón, lo endurecen y lo convierten en un “centro de repulsión” o “de rechazo” permanente como una forma de protesta, dando lugar a la envidia, al inmoderado deseo de venganza y a la incapacidad de valorar objetivamente los hechos del pasado y del presente, que también connotan el camino hacia el futuro.
Así, hay algunas madres que han substituido el dolor y el amor por el odio, sumado a su adhesión a un ideologismo radical que sólo sirve para sembrar en las nuevas generaciones las semillas de más enfrentamientos armados, de más desolación, de más angustias de las que vivimos y de más sangre derramada en un futuro.
Esto se agravaría, si quienes abrevan en el odio –irreconciliable con el amor cristiano-, hacen de la muerte un negocio y con los medios obtenidos fundan academias del rencor y de la venganza. No quiero que esto deje duda alguna: hago referencia específica a Hebe Pastor de Bonafini, al odio en que basa sus actividades, a sus malas obras y a sus aliados y adherentes, muchos de ellos enquistados en el Estado y el Gobierno Nacional, que deberán hacerse responsables ante Dios y ante la historia por el gravísimo daño que se hace actualmente a nuestra patria.
Para estos últimos personajes, ni una pizca de odio de parte de quien escribe esto, sino solamente oraciones a la Virgen Santísima, Madre de todos los Dolores, de todas las Llagas, frente a su Hijo Crucificado, para que ablande sus petrificados corazones y puedan evitarse así más desgracias a la juventud argentina de las generaciones actuales y también de las venideras.
La cuarta es si sobre la guerra contra el terrorismo hay Verdad y Justicia
La historia demuestra que en toda guerra –pero mucho más en una guerra no convencional como la desarrollada en nuestra patria-, existen excesos repudiables y hasta repugnantes, que deberían ser investigados y castigados debidamente. No obstante, debería imperar como condición previa una Justicia independiente del poder político y no un conjunto de magistrados que, salvo excepciones, han ayudado a demoler hasta los principios más básicos de la jurisprudencia nacional e internacionalmente reconocida, como se ha explicado en la reflexión anterior sobre la Guerra Justa.
¿Cómo podría siquiera aceptarse que la justicia reina en nuestro país, si el mismo Procurador General, Dr. Esteban Righi, estuvo complicado con la parte acusada de crímenes de lesa humanidad, y ni siquiera por decoro resolvió excusarse de cualquier intervención en el trámite judicial? Por el contrario, dio un dictamen dirigido a interferir en las demandas legales en los casos Viola y Larrabure.Con respecto a los delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional, en el artículo 7° del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de Julio de 1998, define que se “entenderá por «crímenes de lesa humanidad» cualquiera de los que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El Estatuto manifiesta que se entenderá por eso una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos (…) contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
Hasta que la verdadera Justicia reine de manera plena, en consecuencia, será realmente una misión imposible lograr la augusta administración que esta merece, en función de algo superior que es la equidad y que en la Argentina ha desaparecido.
Más allá de otras disquisiciones jurídicas, la respuesta a esta cuestión frente a las acciones criminales de las diferentes organizaciones terroristas, es que no existen en nuestro país ni Verdad ni Justicia. Se impone en consecuencia por delante la continuación de todas las acciones políticas y legales a nuestro alcance, para que la Verdad sea conocida y la Justicia impere finalmente en nuestra Patria.
La quinta y última reflexión es sobre si hay bases para una reconciliación futura
Un conocido y nunca arrepentido, pero al menos sincero personaje de la ultraizquierda, Martín Caparrós, escribió un artículo recientemente, titulado “El peor acuerdo”, en el que reconoce, luego de calificar de “mentira cochina” declaraciones de Mario Firmenich en las que decía que los Montoneros peleaban por la democracia: “Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder, que incluso lo cantábamos:“Con las urnas al gobierno / con las armas al poder (…)”. Me indigné –continúa Caparrós– y, de tan indignado, quise escribir La voluntad para contar quiénes habían sido y qué querían realmente los militantes revolucionarios de los años sesentas y setentas. También afirma Caparrós que “es la misma falsificación que se comete cuando se dice, como lo ha hecho Kirchner, que este gobierno pelea por realizar los sueños de aquellos militantes: esos sueños, está claro, eran muy otros”.
Siempre existen bases para una reconciliación futura, aunque ello implique recorrer un largo camino, tal como ocurrió en casos más complejos y especialmente entre los gobiernos británico e irlandés y los partidos políticos involucrados en el añejo y sangriento conflicto de Irlanda del Norte.
En el caso argentino las primeras semillas deberían ser sembradas por quienes realmente participaron de la guerra pasada. No por aquellos que han aprovechado la sangre derramada por ambos bandos, para construir un proyecto político personal y sectario, como el ex Presidente Néstor C. Kirchner, que ha abierto para desprecio de la historia, las heridas profundas que habían comenzado a cerrarse con el paso de los años.
Para lograr el reencuentro entre fuerzas tan contrapuestas, resulta imperativo obtener primero la concordia de las voluntades y luego la unidad en los propósitos y acciones, para arribar a una paz definitiva que nos aleje definitiva del caos y el peligro de desintegración nacional que estamos enfrentando.
Aunque sea reiterativo afirmarlo, la opción es precisamente esa: unidad o desintegración nacional.
“La Argentina podría hundirse en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición como sociedad”, afirmó en 2005 un encumbrado pastor de la Iglesia Católica. Y este es el principal peligro que tenemos frente a nosotros: la descomposición como sociedad y la pérdida definitiva de la Argentina como Nación soberana e independiente, incluyendo la hipótesis de la pérdida de nuestra integridad territorial.
Sinceramente, no se avizoran en este momento ni hechos portadores de futuro, ni tendencias nuevas o preexistentes que permitan avizorar escenarios que incluyan la concordia o la reconciliación definitiva de todos los argentinos.
¿Qué otra cosa podríamos esperar de funcionarios que han tenido la sangre fría de las serpientes, para sobrevivir tantas décadas con las manos manchadas de sangre inocente como la de Paula Lambruschini, Beatriz Sasiaiñ de Cáceres Monié y María Cristina Viola, y aparecer ahora reciclados proponiéndose como campeones universales de los derechos humanos?
¿Es que puede considerarse algo más que una bofetada en la cara de las familias de las víctimas del terrorismo de Argentina, ver que la Secretaría de Estado encargada de defender supuestos “derechos humanos”, tiene a su frente nada más y nada menos a quien como Eduardo Luis Duhalde perteneció a una de las bandas de asesinos, asaltantes de bancos y secuestradores que tanto daño hicieron a nuestro país?
¿Qué frutos podríamos esperar de algunos dirigentes políticos que, en lugar de proveer a la construcción de una paz basada en el orden, se han convertido en divisores implacables de la familia argentina, y en ejecutores de planes sin escrúpulos que no tienen límite ni en la intensidad ni en el tiempo?
Podría afirmarse sin duda alguna que esperar frutos de un árbol seco y carcomido hasta sus raíces, sería como pretender que un edificio pudiera sostenerse sin cimientos ni columnas.
Sin embargo, hay mucho para hacer y pronto, antes que sea demasiado tarde y nos lo demanden las generaciones venideras.
Fuente: www.horaciocalderon.com
Autor: Horacio Calderón
Analista Internacional
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