La historia paralela

Desde que usurpó los fon­dos jubi­la­to­rios pri­va­dos se con­vir­tió en pres­ta­mista de última instancia.

La pri­mi­tiva fun­ción del Banco Cen­tral de la Repú­blica Argen­tina fue la de ser el agente finan­ciero del estado pero, a par­tir de la coyun­tura que vivi­mos desde que fue­ron sus­traí­dos los aho­rros de los futu­ros jubi­la­dos, este banco se con­vir­tió exclu­si­va­mente en un ente regu­la­dor del valor de la moneda.

Esto podría con­fi­gu­rar una exa­ge­ra­ción, pero las cir­cuns­tan­cias sur­gi­das desde el teme­ra­rio tras­paso de fon­dos hicie­ron que la A.N.Se.S. se con­vierta en un pres­ta­mista del estado nacio­nal, no solo de última ins­tan­cia, sino de cual­quier ins­tan­cia, ocu­rren­cia, even­tua­li­dad o forma, ya que carece de con­tro­les en sus ope­ra­cio­nes como si los posee el Banco Cen­tral, las enti­da­des finan­cie­ras ordi­na­rias, los mer­ca­dos auto­rre­gu­la­dos y los fon­dos de inver­sión de todo tipo.

Sucede que al momento de la esta­ti­za­ción de los aho­rros pri­va­dos, otrora ate­so­ra­dos en los Fon­dos de Jubi­la­cio­nes y Pen­sio­nes, más el total de la recau­da­ción pre­vi­sio­nal que mes a mes acre­cienta las arcas de este nuevo mega­or­ga­nismo finan­ciero; aque­lla per­versa Ley olvidó otor­garle un marco regu­la­to­rio que ordene al fun­cio­na­rio de turno el modo y la cir­cuns­tan­cia en que deba ope­rar estos fondos.

Orga­nismo licencioso

Hoy, tene­mos fun­cio­na­rios con suel­dos millo­na­rios ocu­pando los sillo­nes de direc­to­rio de las socie­da­des comer­cia­les cuyas accio­nes con­for­man el tesoro de la A.N.Se.S. Ello, de por sí, es una licen­cia de la que se sirve este orga­nismo, de la que no gozan los fon­dos de inver­sión; puesto que, estos pobres, deben aca­tar la Ley de Fon­dos Comu­nes de Inver­sión, que no per­mite el con­trol de las socie­da­des cuyas accio­nes for­man parte del fondo admi­nis­trado, por más allá del 5% de su patri­mo­nio; obvia­mente esto no ocu­rre con los fon­dos de la A.N.Se.S.

Asi­mismo, entre muchas de las cláu­su­las que deben cum­plir los fon­dos ordi­na­rios, la car­tera debe ser con­for­mada por deter­mi­na­dos por­cen­ta­jes míni­mos y máxi­mos que hacen que los fon­dos diver­si­fi­quen su inver­sión para evi­tar even­tua­les ines­ta­bi­li­da­des; esta “pre­cau­ción de segu­ri­dad” no existe para los nue­vos fon­dos de la admi­nis­tra­ción encar­gada de la “segu­ri­dad social”.

Entre muchas más cues­tio­nes, las enti­da­des finan­cie­ras man­tie­nen enca­jes al pres­tar, deben cum­plir con requi­si­tos patri­mo­nia­les y con­tro­les varios. La nueva A.N.Se.S. puede pres­tar a “tro­che y moche” y a quien se le antoje, incluido el Estado Nacio­nal, sin otro requi­sito que el de asen­tar en algún balance los movi­mien­tos que realice a dis­cre­ción de un “ele­gido” funcionario.

Esta licen­cia, otor­gada, nada más ni nada menos, que a una enti­dad que maneja miles de millo­nes sin el con­trol ade­cuado, for­tuna supe­rior a la que con­forma el Tesoro Nacio­nal e inmen­sa­mente mayor que la masa total de depó­si­tos de los ciu­da­da­nos en los ban­cos, con­fi­gura una lige­reza de este nuevo sis­tema que se ase­meja más a una con­ducta licen­ciosa de Estado, coau­tor de las medi­das arbi­tra­rias que tome el fun­cio­na­rio licen­cioso.

Segu­ri­dad no Social

Los dine­ros mano­sea­dos por quien ges­tiona su admi­nis­tra­ción no van a parar a los bol­si­llos de los jubi­la­dos actua­les, como ver­saba la millo­na­ria publi­ci­dad esta­tal que tenía por objeto con­ven­cer­nos y hacer par­tí­cipe del atraco a la mayo­ría de los ciu­da­da­nos. ¡Todo lo contrario!…

Se des­ti­na­ron, en gran­des núme­ros, más de 3.000 millo­nes a la com­pra de auto­mó­vi­les cero kiló­me­tro, alre­de­dor de 700 millo­nes para la com­pra de taxis, casi 4.000 millo­nes para elec­tro­do­més­ti­cos, etc. etc; los que podrían ayu­dar a mejo­rar la vida de los jubi­la­dos, si no fuera por el deta­lle de que más del 70% de los jubi­la­dos no tiene la edad mínima exi­gida por el seguro para obte­ner cré­di­tos de estas características.

Bajo este aspecto, la pro­mesa que nos costó varios millo­nes en publi­ci­dad ofi­cial, fue un rotundo fra­caso como tan­tas otras pro­me­sas que nos acos­tum­bra­mos a escu­char durante estos años.

La con­quista del sis­tema finan­ciero es una parte de la “tras­tienda” creada por la Ley 26.425 que ins­tauró el poco nom­brado S.I.P.A., que viene a admi­nis­trar la A.N.Se.S; a ello hay que sumarle los des­em­bol­sos de las arcas de este nuevo “Tesoro” de jubi­la­cio­nes para cubrir défi­cit, gas­tos, finan­cia­ción y otras cues­tio­nes del gobierno como el des­tino de más de 4.000 millo­nes para el ferro­ca­rril Sar­miento, casi 6.000 millo­nes des­ti­na­dos a ener­gía, algu­nos cien­tos a la empresa esta­tal de aguas, 3.000 millo­nes para algu­nas PyMEs, 1.700 millo­nes para algún sec­tor del agro, 1.250 millo­nes para indus­tria­les y 10.900 millo­nes para cons­truc­to­ras enro­la­das en un Mega­plan de Obras Públicas.

¿Y los jubilados?

Los apro­xi­ma­da­mente 35.000 millo­nes, deta­lla­dos a gran­des ras­gos, encar­nan la dila­pi­da­ción mani­fiesta de los fon­dos que iban a ser des­ti­na­dos a incre­men­tar los habe­res jubi­la­to­rios actua­les y las jubi­la­cio­nes futuras…

Resulta evi­dente que los jubi­la­dos no podrán gozar de esos bene­fi­cios que si son goza­dos por otros, por­que estos mon­tos ya fue­ron arra­sa­dos.
Por supuesto que las cuen­tas no cie­rran allí. Este nuevo pres­ta­mista del estado nacio­nal se com­pro­me­tió a finan­ciar parte del pre­su­puesto nacio­nal de este año y des­ti­nará 6.853 millo­nes a ener­gía, 4.600 a obras públi­cas y 1.700 a tras­por­tes; todo ello cos­teado por los aportantes.

El nuevo Banco Cen­tral de este Gobierno

La A.N.Se.S. finan­ciará al Tesoro con alre­de­dor de 18.000 millo­nes nue­vos en 2009 mediante algún emprés­tito, bono o letra, que en defi­ni­tiva solo son “núme­ros rojos del Estado” que éste gobierno no acos­tum­bra a devolver.

No satis­fe­cho en su vora­ci­dad, los vencimien-tos del Tesoro para este año con la A.N.Se.S. ascien­den a casi 20.000 millo­nes, los que serán pro­rro­ga­dos… en buen romance, ¡no pagados!

Así, el gobierno uti­li­zará, este año, casi 38.000 millo­nes que no le per­te­ne­cen, a fin de sub-sanar las falen­cias de su admi­nis­tra­ción que lo único que nos sumi­nis­tra es más déficit.

El pano­rama en mate­ria de finan­zas públi­cas se encuen­tra diez­mado; el Banco Cen­tral solo es una gran casa de cam­bio; y, quien asu­mió las fun­cio­nes de sol­ven­tar el défi­cit del gobierno es quien debe­ría pagar jubilaciones.

Esto ocu­rre por­que la A.N.Se.S. está absor­biendo las fun­cio­nes del sis­tema finan­ciero, algo que nos cos­tará carí­simo en el corto plazo; los únicos bene­fi­cia­rios del seguro cata­clismo serán los que reci­ban esos miles de millo­nes en algún tipo de prés­tamo y una legión de “fun­cio­na­rios ami­gos” que ves­ti­rán cor­bata para ocu­par los sillo­nes de direc­to­rio de inmo­bi­lia­rias, su-permercados, fábri­cas de fideos y toda otra parte del botín de accio­nes que ha-ce muy poco tiempo eran pro­pie­dad de los futu­ros jubi­la­dos.

Hace falta más con­trol

Lamen­ta­ble­mente, hubiera sido muy con­ve­niente para el era­rio que, ante la falta de un regla­mento de admi­nis­tra­ción de los fon­dos apro­pia­dos, la A.N.Se.S. uti­lice como ins­truc­ción suple­to­ria la vigente para los Fon­dos Comu­nes de Inver­sión, las enti­da­des finan­cie­ras u otra que, si la ley hubiera sido pro­yec­tada con tiempo, podría haber figu­rado en su texto.

Como ello no ocu­rrió, segu­ra­mente debido a la nece­si­dad urgente de apro­ve­char la his­tó­rica opor­tu­ni­dad de “jun­tar los votos nece­sa­rios” de los legis­la­do­res que ayu­da­ron a per­pe­trar esta norma; la Ley salió como estaba pla­neada; sin con­trol del nuevo super­or­ga­nismo y con ello, la impu­ni­dad ase­gu­rada, plas­mada en lo que debe­ría ser un ins­tru­mento para la socie­dad: La Ley.

¡A con­tro­lar!

Se hace nece­sa­rio para­li­zar esta real depre­da­ción pro­nos­ti­cada desde todos los ámbi­tos y que tanto nos ocupó en La Hoja Fede­ral desde 2003. Para ello se deberá cons­ti­tuir de inme­diato la Comi­sión Bica­me­ral de Con­trol de los Fon­dos de la Segu­ri­dad Social esti­pu­lada en el artículo 11 de la poco digna Ley 26.425; asi­mismo, que se for­ma­lice el Con­sejo del Fondo de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad del deno­mi­nado S.I.P.A., esta­ble­cido en esta misma Ley, en su artículo 12; y que se ten­gan por nulas todas las mani­pu­la­cio­nes que reali­cen los fun­cio­na­rios con los dine­ros públi­cos, desde orga­nis­mos que carez­can de un método cla­ra­mente esta­ble­cido; las que serán váli­das solo cuando exista un regla­mento, pro­ce­di­miento y contralor.

Será muy dura la fun­ción de quie­nes que­re­mos asu­mir la repre­sen­ta­ción popu­lar en el Con­greso por los pró­xi­mos años, y con­lle­vará la res­pon­sa­bi­li­dad de devol­ver a los ciu­da­da­nos la dig­ni­dad popu­lar que esta­mos per­diendo como sociedad.

Autor: Gustavo P. Forgione

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