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De escándalos oportunos
y cortinas de humo
El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, tan conocido en la industria farmacéutica argentina, afirmó que la droguería San Javier, de la que es titular Néstor Lorenzo, estaba en una situación “casi delictual”, por lo que había advertido a todos los funcionarios de la cartera para que no le compren medicamentos. Zin hizo estas declaraciones a Radio 10 un día después de desplazar a su subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, luego de que éste quedara involucrado en el caso de la presunta mafia de los medicamentos. La falsificación de medicamentos es “un delito internacional, pero acá parece que se hace con más saña que en otros lugares. Está en riesgo la vida de la gente”, expresó Zin. Al respecto, admitió que “es muy posible que el 10% de los medicamentos” que circula en el país “sea falsificado”.
- En una Asociación Bancaria convulsionada por el proceso electoral doméstico, se dice que Sebastián Forza, días antes de hallarse su cadáver acribillado –el Triple Crimen hallado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires-, retiró mercancía del Policlínico Bancario junto a la enfermera Paula Aballay, la actual mujer de Juan José Zanola, secretario general de la Bancaria.
- El juez federal Norberto Oyarbide, próximo a su jubilación y de muy polémico pasado, reveló que en un allanamiento encontró documentación probatoria del fideicomiso existente entre la Obra Social Bancaria (OSBA), el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la droguería San Javier, sospechosa de haber vendido medicamentos oncológicos y anti HIV robados y adulterados. También aseguró que en las últimas horas una “enorme cantidad de personas se comunicaron con el juzgado para hablar respecto de situaciones altamente sospechosas, porque tienen parientes muertos por cáncer en el período fundamental 2005 y 2007, que es donde cobra furor extraordinario todo este grupo mafioso”. Además indicó que analiza ampliar la investigación de la megacausa a otras obras sociales si comprueba nuevas acusaciones, entre ellas las formuladas por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.
- Los archivos periodísticos comenzaron a trabajar y llegaron a la conclusión que en diciembre de 2005, el entonces gobernador Felipe Solá le solicitó al Senado bonaerense la aprobación de su hasta entonces ministro de la Producción, Martín Lousteau, como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Fue antes o durante que se hizo el fideicomiso?
- En 2006, el entonces secretario de Descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Capaccioli, fue designado superintendente de Servicios de Salud en el Ministerio de Salud de la Nación. Capaccioli, junto a Juan Manuel Abal Medina, crearon la Carta Compromiso, en cuyo marco se organizó la figura del Defensor del Beneficiario de las Obras Sociales, a cargo del dirigente socialista Fernando Finvarb, a fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, y habría que preguntarle qué hizo al respecto. Lousteau, Capaccioli, Abal Medina, Finvarb y la por entonces jefa de Capaccioli, Graciela Ocaña, tenían un denominador común: Alberto Ángel Fernández, hoy alejado de Kirchner al igual que Lousteau, Ocaña y Capaccioli.
Capaccioli, a su vez, es el nombre que aparece en cualquier investigación sobre financiación de la campaña electoral de 2007, para Cristina de Kirchner, aunque ella no fue responsable de la recolección de dinero.
Según Oyarbide, es una causa “muy grave”, y Juan Bidone, el fiscal de Mercedes que investiga las 3 muertes de General Rodríguez, le pedirá información al magistrado federal sobre la investigación del comercio ilegal de medicamentos, y que Néstor Lorenzo sea citado como testigo.
Para este pedido de entrecruzamiento de datos fue clave la denuncia que aportó la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien declaró ante Oyarbide y aportó nombres de las obras sociales involucradas en una supuesta mafia de los medicamentos.
El escándalo de la ‘mafia de los medicamentos’ irrumpió abruptamente en los últimos días tras las declaraciones públicas del juez Norberto Oyarbide, quien rápidamente salió a dar nombres y datos sobre la investigación que lleva a cabo a la prensa, arrastrando al tema a instalarse velozmente en los medios de comunicación.
Hasta la fecha, no hay daño alguno para el kirchnerismo en el escándalo y sí son afectados conspicuos ex kirchneristas, varios de ellos hoy día en la oposición. Cero costo para los Kirchner, y mucha ganancia probable.
Se trata de una investigación de hechos que ya habían trascendido pero nadie los indagaba; y según los últimos dichos públicos de Oyarbide, parece apuntar a un período de la administración de Felipe Solá (el magistrado reveló esta tarde que se halló documentación sobre la existencia de un fideicomiso entre la Obra Social Bancaria, la droguería San Javier y el Banco Provincia).
No puede objetarse que la instalación de este tema escandaloso en la agenda de los medios inevitablemente desplazó de la misma a otras cuestiones, dejándolas en un segundo plano (cuándo no eliminados).
Y, justamente, se trata de temas conflictivos para el kirchnerismo, tales como las denuncias por enriquecimiento ilícito del matrimonio K, el escándalo por la flotilla aérea fantasma del kirchnerismo, el avance de Guillermo Moreno en el INdEC, la Ley de Medios, el conflicto con el campo, etcétera.
Casualmente Oyarbide se erigió, en las últimas semanas, como el juez federal con mayor protagonismo por el peso de las causas que investiga contra el matrimonio presidencial: el abultado patrimonio de Cristina de Kirchner y su esposo, Néstor Kirchner; la pista de los sobreprecios pagados por la empresa Skanska para ganar una licitación, y además sumó la causa por el misterioso avión del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Por otra parte, no sería la primera vez que se larga una ‘cortina de humo’ mediática para tapar temas importantes, en esta ocasión con un tema que, además, hasta puede resultar cierto y terminar hasta en una gran contribución para los intereses de la sociedad en su conjunto.
Fuente: Urgente 24
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