¿De Un Nobel De La Paz Sin Paz
A Un Guantanamo Sin Guantanamo
De Barack Obama?
Desde luego, la promesa del ahora presidente Obama de clausurar Guantánamo antes del 22 de enero de 2010, deberá sin mayores dudas transitar por un más que espinoso camino, que incluye principalmente aceptar o rechazar como pruebas las confesiones arrancadas a varios de los detenidos bajo tortura o métodos coercitivos. Métodos que no son ni lícitos ni legales, ni tampoco aceptables bajo ningún punto de vista por las principales convenciones internacionales con vigencia en la actualidad, aunque quienes confesaron, como en el caso de Khaled Sheik Mohammed, fueran algunos de los peores terroristas de los tiempos actuales.
La situación de una importante cantidad de ciudadanos chinos de origen uigur detenidos en el penal de Guantánamo, ha generado nuevas dudas sobre el grado de probabilidad de ocurrencia de las promesas de cerrar dicha cárcel en el plazo de un año, efectuadas en su momento por el todavía candidato Barack Obama, hoy ya presidente de los EE. UU.
Los uigures son una antigua etnia de origen turcomano, concentrada en la provincia china de Xinjiang, que no sólo anida sentimientos separatistas, sino también grupos terroristas afiliados en algún caso a la Red Al-Qaeda.
Unos de los principales problemas para el cierre de Guantánamo, es que no hay consenso en cuanto a trasladar a una importante cantidad de detenidos a territorio estadounidense, para que estos continúen bajo proceso en cortes situadas en este país.
No forma parte del objeto de este análisis incursionar más allá de la superficie en el verdadero enredo legal que implica resolver el caso Guantánamo, porque ni siquiera hay en la misma Casa Blanca –y ni hablar en la oposición-, un criterio sólido y unido sobre cómo enfrentar tan enmarañada trama de situaciones entre los detenidos.
Deben sin embargo señalarse dos hitos judiciales para todos los encausados, que se han constituido también en un problema para los tres poderes constitucionales de los EE. UU.: los casos “Boumediene versus Bush” y “Kiyemba versus Obama”. El primero logró que la Corte Suprema de los EE. UU. decidiera por 5 votos contra 4 que un detenido en Guantánamo tenía derecho a probar que no era un “combatiente enemigo”. Pero dejó sin embargo un intríngulis legal al no aclarar si tenía o no derecho a quedarse en los EE. UU. Esta última dificultad intenta resolverse con el caso Kiyemba –es decir el segundo hito-, agravado luego que el juez Ricardo Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, resolvió el 18 de octubre de 2008 que la detención de los uigures era ilegal. El 18 de febrero de 2009, la Corte de Apelaciones, en la resolución “Kiyemba v. Obama”, decretó que el juez Urbina había sobrepasado su autoridad. Pero asimismo, en el caso de los 17 uigures detenidos, determinó que “la rama ejecutiva ha determinado no permitir que estas personas entren en Estados Unidos”; pero este es un asunto a dilucidar por la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que Barack Obama no cambió la apelación de la Administración de George W. Bush contra la decisión del juez Urbina.
Los ciudadanos de origen uigur detenidos en Guantánamo constituyen en sí mismo un caso más que patético, entre el conjunto de dilemas políticos y legales a resolver antes de la fecha fijada por el presidente Obama. Cuatro uigures han sido ya trasladados a Bermudas, mientras que seis aceptaron vivir en la república de Palau (Mar de Filipinas). Hay uno de ellos, llamado Arkin Mahmoud, de 45 años, que sufre serios trastornos mentales, ningún país quiere recibirlo y un hermano suyo se negaba al menos hasta hace poco a abandonarlo y a viajar sin él a Palau, país en el que no habría tratamientos como el que necesita ese paciente.
Otros uigures esperan trámites similares, en medio de fuertes protestas de China, que desearía juzgarlos en sus propios tribunales o tenerlos bajo control –en el mejor de los casos– en su propio país. EE. UU. se apone a aceptar este último reclamo, temiendo por su seguridad, al igual que la de detenidos de otras nacionalidades que podrían sufrir torturas y/o o la pena de muerte en caso de regresar a sus países de origen.
El Congreso de los EE. UU. acaba de allanar en parte el camino de Barack Obama, permitiendo el traslado de algunos de los 220 detenidos en este momento en Guantánamo a prisiones dentro de territorio estadounidense, pero solamente para enfrentar procesos judiciales. No obstante, ha quedado también claro –aún entre tantas tinieblas “legales”-, que los procesados que fueran condenados no podrán permanecer en prisión dentro de los EE. UU., como tampoco aquellos que fueran declarados inocentes quedarse a vivir en el país.
Pero la corte Suprema también ha decidido que está dentro de su esfera de influencia determinar si los jueces tienen el poder de liberar a detenidos en Guantánamo dentro de territorio de los EE. UU. y hay grupos defensores de “derechos humanos que defienden este derecho, al igual que recibir compensaciones económicas. Esto es un retroceso para la Casa Blanca y el mismo presidente Obama, que defienden el derecho a que sea el Ejecutivo quien tenga la última palabra sobre permitir o no la residencia en los EE. UU. de los prisioneros liberados.
Quien escribe estas líneas discutió dichas pretensiones de algunos detenidos, durante una mesa redonda organizada este viernes pasado por una importante cadena de noticias con alcance continental de la televisión colombiana. Es que resultaría una contradicción otorgar la residencia en los EE. UU. a extremistas extranjeros de cualquier origen –aunque hayan perdido la condición de “combatientes enemigos”-, mientras se niega el mismo derecho a otros inmigrantes –incluyendo argentinos o de otros países de Ibero América”-, que se ganan la vida con honestidad y en muchos casos desde hace décadas sin conseguir tales privilegios.
Pero hay otro problema de una importancia más que trascendental que pocos analistas internacionales han abordado hasta ahora: el futuro de quienes podrían enfrentar la pena de muerte y su ejecución con métodos como la electrocución, el gas, la inyección letal, o tal vez otros utilizados por tribunales militares.
Khaled Sheik Mohammed, ideólogo y máximo planificador de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los EE. UU. y uno de los principales dirigentes de Al-Qaeda Central hasta su detención, es sin duda uno de los casos más emblemáticos a resolver vinculados no sólo al marco del “Acta de Patriotas” y a la condición de “enemy combatant” (“combatiente enemigo) que permitió su encausamiento, sino también a los métodos –considerados como torturas– que culminaron en su confesión.
Las incógnitas no son pocas:
¿Se aceptarán en las futuras cortes emplazadas en los EE. UU. –si finalmente se concreta el cierre físico de la cárcel de Guantánamo-, el cúmulo de pruebas arrancadas bajo torturas o apremios de otro tipo censurados por el mismo Obama?
¿Se aplicará la pena de muerte en casos como el de Khaled Sheik Mohammed, sobre cuya responsabilidad en los ataques del 11 de septiembre de 2001 no debería quedar duda alguna, al margen de los métodos utilizados para lograr su confesión?
¿Se preservará el precepto de los ritos islámicos para condenados a muerte antes de concretar la ejecución de alguno de los culpables?
¿Desatarán ataques terroristas y otros hechos de violencia los juicios de prisioneros en Guantánamo trasladados a los EE. UU. y la potencial condena a muerte de uno o más de los encausados?
El número de preguntas podría incrementarse, pero muy probablemente no pasarían de lo especulativo y tal vez no encontrarían respuestas concretas como las anteriores.
El próximo paso, ya que se espera en muy pocos días, es la decisión del Departamento de Justicia, que deberá decidir cuáles detenidos enfrentarán o no causas judiciales y, lo más importante, cuál será el tipo de corte que deberán enfrentar los acusados.
El caso Guantánamo es sin duda uno de los más cruciales para el presidente Barack Obama, que si bien defiende la institución jurídica del habeas corpus, podría verse obligado a deambular entre las pocas y riesgosas opciones que tiene entre sus manos.
Una de ellas es ser consecuente con su propia historia y con el núcleo ultraprogresista que lo catapultó a la arena política, que ahora en parte desconfía de sus intenciones. En este caso debería encuadrar a los detenidos en la ley penal actual, que podría llevar a la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo en Guantánamo.
La otra y más probable sería crear una especie de corte especial que tenga en cuenta las prioridades estadounidenses en materia de seguridad nacional, cambiando geográficamente de lugar a los detenidos y admitiendo las pruebas obtenidas por tortura u otras formas de coerción ilegales para su legislación actual.
En cualquiera de los casos, la decisión final del presidente Obama en cumplimiento de sus promesas electorales en el difícil caso aquí abordado, constituirá un hecho portador de futuro hacia una serie de nuevos, previsibles e inquietantes escenarios.
Pero si su rumbo llegara a encaminarse hacia la opción inclinada a preservar la seguridad nacional de los EE. UU., la conclusión sería que este Nóbel de la Paz sin haber logrado paz alguna para ganar dicho premio, sumaría a ese tipo de extraños “lauros” el haber fundado un gatopardísimo “Guantánamo sin Guantánamo”.
Fuente: Horacio Calderon
Autor: Horacio Calderon
Analista Internacional
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El PREMIO NOBEL DE.… la paz…, es una farsa. Darle más importancia que el simple anoticiamiento es distraerse y distraer, aunque reconozco que brinda mucha tela para cortar a los que tienen el HOBBY del “chamuyo lungo”.
La capacidad de decisión, el coraje, la valentía de los seres humanos que frecuento, veo que ha disminuído en razón inversa al avance feroz de la Tecnología.
En EE.UU., país de abogados, les dan más vueltas a los asuntos que zarcillo de arveja. No se vislumbra la presencia de “Pioneros” con los huevos necesarios para establecer un orden…, ¡SÏ!, un orden…, el que se establezca y deba cumplirse.
El Continente Americano se ha convertido en una porosa esponja que han embebido con residuos de la fabricación de substancias caras, gran negocio para los que lo manejan, que necesitan el CAOS como carretera mercantil.
Soy un hombre simple, SIN COMPROMISOS con nada ni nadie que no merezca mi afecto, pero el sentido común me indica que cuando la esponja esté saturada, una mano amarilla la exprimirá, enjuagará bien enjuagada.….…, y BORRÓN Y CUENTA NUEVA.