La historia paralela

El pro­ceso empren­dido por el pre­si­dente Evo Mora­les, deno­mi­nado “Revo­lu­ción en demo­cra­cia”, implica un minu­cioso y com­pli­cado camino de des­mon­taje de ins­ti­tu­cio­nes que se for­ma­ron durante la vida repu­bli­cana. El Estado Plu­ri­na­cio­nal va demo­liendo paso a paso todo el camino ins­ti­tu­cio­nal y lo hace en un juego de relo­je­ría que vul­nera ins­ti­tu­ción por institución.

Con ges­tio­nes casi simul­tá­neas al ascenso de Mora­les al Eje­cu­tivo, los uni­for­ma­dos fue­ron fácil­mente con­ven­ci­dos y obser­va­mos una suerte de noviazgo a pri­mera vista, en reali­dad hay seña­les de que habría ya algu­nos acuer­dos con jefes mili­ta­res desde la ges­ta­ción de octu­bre de 2003. Luego, y durante la pri­mera ges­tión pre­si­den­cial se des­montó el Poder Judi­cial, se pre­paró el acoso y los jui­cios a los Magis­tra­dos hasta que estos fue­ron renun­ciando en forma esca­lo­nada lle­gando a las ace­fa­lias que han sido fácil­mente cubier­tas con la lla­mada “Ley Corta”, recien­te­mente san­cio­nada, que esta­ble­ció la nece­si­dad de esta­ble­cer una tran­si­ción par­ti­cu­la­rí­sima en la que el pro­pio Pre­si­dente boli­viano ha desig­nado los magis­tra­dos y jue­ces fal­tan­tes del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, del Con­sejo de la Judi­ca­tura y de la Corte Suprema de Jus­ti­cia. Se adujo un vacío cons­ti­tu­cio­nal hasta la esti­pu­lada elec­ción de diciem­bre del año 2010, que ha per­mi­tido todo un año para que el Pre­si­dente Mora­les tenga el poder judi­cial en sus manos.

Lo que nadie se ha per­ca­tado es que a la par de que estos hechos se con­so­li­dan comienza el des­mon­taje del Poder Legis­la­tivo, ahora “Órgano” Legis­la­tivo. Esto se está rea­li­zando por supuesto gra­cias a los dos ter­cios alcan­za­dos en la vota­ción, que ha lle­vado a un aco­rra­la­miento de la opo­si­ción a la que de inicio se le rega­tea­ron Comi­sio­nes, cer­cán­dose por otro lado todo el con­greso tanto opo­si­tor como ofi­cia­lista en una espe­cie de degra­da­ción de la fun­ción legis­la­tiva, en la que se bus­ca­ría que los asam­bleís­tas no fun­jan como figu­ras cen­tra­les de la vida polí­tica del país que ahora se con­cen­tra más que antes en la figura del Pre­si­dente secun­dado en man­dos y atri­bu­cio­nes por el Vicepresidente.

Los legis­la­do­res ofi­cia­lis­tas corren el riesgo de que­dar como obe­dien­tes levanta manos que renun­cia­rían a tener una alta par­ti­ci­pa­ción en la diná­mica polí­tica del Estado boliviano.

Exis­ten varias mane­ras de ir des­mon­tando el poder de los legis­la­do­res: Pri­mero lle­ván­do­los a que no legis­len entre opo­si­ción y ofi­cia­lismo, sino que sólo coad­yu­ven y res­pal­den las deci­sio­nes del Pre­si­dente, lo que le irá qui­tando el inte­rés de la Asam­blea Legis­la­tiva que deja­ría de fun­gir como una con­tra­parte entre tien­das polí­ti­cas. Ahora se cri­tica dura­mente y de manera macha­cona que el anti­guo con­greso era pac­tista sin que exista una solu­ción demo­crá­tica a este supuesto cri­men que no ha tenido solu­ción den­tro del pro­yecto del MAS sino que muy por el con­tra­rio lo único que está dejando es un Legis­la­tivo dócil al Eje­cu­tivo, que inter­na­mente no nece­sita acor­dar nada sino ama­rrar y con­tro­lar el manejo legis­la­tivo para que nada se salga del libreto.

Es nece­sa­rio recor­dar que ade­más del rega­teo de las Comi­sio­nes, la opo­si­ción no tiene par­ti­ci­pa­ción en la Comi­sión de Defensa y FF. AA, situa­ción que pro­vocó la grave cri­sis en la direc­tiva del Senado por la decla­ra­ción de la Pre­si­denta Ana María Romero, quien declaró que esta había sido una ins­truc­tiva y deci­sión impar­tida por el Eje­cu­tivo, situa­ción que coin­ci­dió con el ale­ja­miento y enfer­me­dad de la Señora Romero de Cam­pero, ahora con licen­cia indefinida.

Los legis­la­do­res han comen­zado ade­más a ser vul­ne­ra­dos en sus dere­chos labo­ra­les, qui­tán­do­les pau­la­ti­na­mente algu­nos dere­chos como el de con­tar con un seguro de salud esta­ble; sabe­mos que se ingre­sará a la Caja de Salud, que en reali­dad es un sis­tema público en el que las per­so­nas a pesar de estar en grave estado de salud tie­nen que hacer lar­gas colas desde las cua­tro de la mañana para reci­bir una ficha, la que suele ser emi­tida para el plazo de quince días o el mes entrante y si final­mente llega a ser ingre­sada puede que­dar en un pasi­llo por el estado de haci­na­miento. Exis­ten innu­me­ra­bles que­jas de negli­gen­cia médica y la falta de medi­ca­men­tos es asunto de rutina. Tam­bién se está qui­tando el seguro de vida y la lista de apo­yos y dere­chos labo­ra­les, sigue, suma, seguirá y sumará.

El gobierno actual jus­ti­fica esto como una forma de qui­tar pri­vi­le­gios, cuando en reali­dad los suel­dos ya fue­ron redu­ci­dos osten­si­ble­mente en la ante­rior ges­tión y los miem­bros del Legis­la­tivo tie­nen que man­te­ner sus fami­lias en con­di­cio­nes sala­ria­les muy ajus­ta­das por­que tie­nen sus fami­lias en sus luga­res de ori­gen. Esto por supuesto nadie quiere verlo en su ver­da­dera dimen­sión por­que los esló­ga­nes que se han acu­ñado con­tra los anti­guos pode­res del Estado invi­si­bi­li­zan las nue­vas inten­cio­nes; se suele decir que los par­la­men­ta­rios eran flo­jos, se exi­gen cinco días de sesio­nes a la semana para que estos acu­dan sólo de manera muy ajus­tada a visi­tar las regio­nes que los eli­gie­ron y sin posi­bi­li­dad de orga­ni­zarse en estas para lle­var las deman­das al gobierno.
El des­mon­taje exige que este órgano pierda bri­llo, pierda impor­tan­cia, que final­mente ter­mine siendo ocu­pado por per­so­nas anó­ni­mas sin voz, sin voto, sin ideas pro­pias, sin posi­bi­li­dad de ser con­tra­peso del poder Eje­cu­tivo y por supuesto lejos, muy lejos, cada día más lejos de la sepa­ra­ción de pode­res.
Para que el des­mon­taje sea más rápido e irre­ver­si­ble, los fun­cio­na­rios ten­drán tam­bién una Ley Anti­co­rrup­ción, cuyo ver­da­dero espí­ritu se puede entre­ver en la medida que esta vul­nera pac­tos y con­ve­nios de DD. HH lar­ga­mente con­so­li­da­dos a nivel mun­dial, se obvian lógi­ca­mente las garan­tías, se vul­nera y se cam­bia el Código Penal y el Pro­ce­di­miento Penal que habían sido moder­ni­za­dos en las refor­mas con­so­li­da­das en 1999 que plan­teó que nues­tro sis­tema penal res­ponda al prin­ci­pio de que la socie­dad polí­tica le entre­gue al Estado el poder penal bajo la con­di­ción que tal poder no pueda estar sujeto a los ava­ta­res polí­ti­cos y los vai­ve­nes aními­cos del juez, sino todo lo con­tra­rio, que­dando al mismo tiempo esta­ble­ci­das, como con­te­nido de aque­lla situa­ción que lla­ma­mos “Estado de Dere­cho”, una serie de “garan­tías” que regu­lan el ejer­ci­cio de ese poder penal otor­gado al Estado que hace de ese poder penal un sis­tema no arbi­tra­rio, que pro­pone racio­na­li­dad en el ejer­ci­cio penal para garan­ti­zar a las per­so­nas sus dere­chos.
La apli­ca­ción de esta Ley que no res­peta garan­tías y la reforma penal, deja en vilo a los fun­cio­na­rios públi­cos, entre ellos los asam­bleís­tas, que podrían ser pro­ce­sa­dos o suje­tos a inves­ti­ga­cio­nes arbi­tra­rias, que no gozan ya de inmu­ni­dad par­la­men­ta­ria, que ahora tie­nen sobre sus cabe­zas la impres­crip­ti­bi­li­dad de estas nue­vas tipi­ca­cio­nes de delito de corrup­ción y que saben que todo este orga­nismo está con­for­mado por minis­te­rios y órga­nos depen­dien­tes del Ejecutivo.

Todo esto va e irá a cuenta y riesgo del pro­ceso de cam­bio en Boli­via.

*Sena­dora ele­gida por Santa Cruz– Bolivia.

Autor: Centa Rek*

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