La historia paralela

Las gra­ves acu­sa­cio­nes for­mu­la­das por el juez de la Audien­cia Nacio­nal de España, Eloy Velasco, en con­tra del gobierno vene­zo­lano, por su “coope­ra­ción” con la ETA y con las FARC, sus­ci­tan una impor­tante refle­xión sobre los alcan­ces de la Corte Penal Inter­na­cio­nal (CPI), frente a los nue­vos retos que plan­tea el terrorismo.

Si bien la Corte Penal Inter­na­cio­nal fue creada en 1998 (es decir, recien­te­mente), mediante la apro­ba­ción del deno­mi­nado Esta­tuto de Roma, su ori­gen se remonta a 1948, cuando las Nacio­nes Uni­das con­si­de­ra­ron por pri­mera vez la posi­bi­li­dad de esta­ble­cer una corte capaz de enjui­ciar el geno­ci­dio, los crí­me­nes de lesa huma­ni­dad y los crí­me­nes de gue­rra, come­ti­dos durante la Segunda Gue­rra Mun­dial, por regí­me­nes tota­li­ta­rios, ya fue­sen de ten­den­cia nazi, fas­cista o comunista.

En otras pala­bras, aun­que la CPI es rela­ti­va­mente nueva, es el resul­tado una vieja dis­cu­sión, y por eso no incluye de manera directa y explí­cita uno de los crí­me­nes más impor­tan­tes y reite­ra­ti­vos de nues­tra era: el terrorismo.

Una prueba de las gra­ves fallas del actual sis­tema inter­na­cio­nal de jus­ti­cia es la inope­ran­cia que ha habido res­pecto a los compu­tado­ras y memo­rias incau­ta­das al segundo hom­bre de las FARC, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, durante la Ope­ra­ción Fénix.

Pese a que su con­te­nido fue ava­lado ple­na­mente por la INTER­POL, dos años más tarde no se han cas­ti­gado a los nume­ro­sos cóm­pli­ces inter­na­cio­na­les del nar­co­te­rro­rismo colom­biano que apa­re­cen allí regis­tra­dos, entre ellos, Hugo Chávez.

Las compu­tado­ras de Reyes reve­lan que las FARC finan­cia­ron la cam­paña pre­si­den­cial de Chá­vez, y allí mismo apa­re­cen las prue­bas de los impor­tan­tes apor­tes que el man­da­ta­rio vene­zo­lano sumi­nis­tró a los gue­rri­lle­ros colombianos.

Luego de las acu­sa­cio­nes del juez Velasco, los gobier­nos de España y de Colom­bia pidie­ron expli­ca­cio­nes a Vene­zuela, para que acla­rase sus posi­bles rela­cio­nes con orga­ni­za­cio­nes terro­ris­tas. Pero, en rigor, tales acla­ra­to­rias no eran nece­sa­rias, puesto que el pro­pio Chá­vez se ha encar­gado de con­fe­sar­las públicamente.

Des­pués de la muerte de Reyes, Chá­vez le rin­dió tri­buto, guar­dando un minuto de silen­cio. El 2 de marzo de 2008 mani­festó abier­ta­mente la moles­tia por su muerte, acu­sando al pre­si­dente Álvaro Uribe de “cri­mi­nal”. Pos­te­rior­mente, hizo un elo­gio público de Reyes, cata­lo­gán­dolo de “coman­dante revo­lu­cio­na­rio”. En ese mismo dis­curso, se quejó amar­ga­mente de su falle­ci­miento, negó que diri­giera una orga­ni­za­ción nar­co­tra­fi­cante, y admi­tió haberlo cono­cido personalmente.

Pero por ser un Jefe de Estado, la jus­ti­cia colom­biana e, incluso, la Corte Penal Inter­na­cio­nal, están impe­di­das o seria­mente limi­ta­das para tomar medi­das en su contra.

En resu­men, no tiene sen­tido seguir dis­cu­tiendo si Chá­vez tiene o no víncu­los con las FARC. Los tiene y son obvios. Lo que hace falta es moder­ni­zar los ins­tru­men­tos jurí­di­cos para poder enjui­ciarlo como corresponde.

Fuente: UnoAmérica

Autor: Alejandro Peña Esclusa

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