La historia paralela

El gobierno de Vene­zuela, la gran Repú­blica Boli­va­riana y cons­truc­tora del socia­lismo, ignora olím­pi­ca­mente a los ancia­nos, a los dis­ca­pa­ci­ta­dos y a quie­nes, en gene­ral, viven de los esti­pen­dios gana­dos des­pués de muchos años de tra­bajo al ser­vi­cio del país. Este es el caso de cien­tos de jubi­la­dos y pen­sio­na­dos del IVSS que viven, por diver­sas razo­nes, fuera de Vene­zuela. El caso es que sola­mente en Chile, exis­ten más de tres­cien­tas per­so­nas que hasta mayo de 2011 reci­bían nor­mal­mente sus dine­ros. Claro, con la última deva­lua­ción estos se vie­ron redu­ci­dos a la mitad, pero algo era algo. Ser­vían para com­prar reme­dios y calen­tarse en el frío clima del país austral.

Los pen­sio­na­dos han enviado dece­nas de car­tas y correos elec­tró­ni­cos no solo a las auto­ri­da­des del IVSS, sino que a fun­cio­na­rios a cargo del pago de las pen­sio­nes en el extran­jero. Nin­guno de estos per­so­na­jes se ha dig­nado a res­pon­der. ¿Será que los vie­jos no existen?

El artículo 51 de la tan refor­mada Cons­ti­tu­ción dice: “Toda per­sona tiene dere­cho de repre­sen­tar o diri­gir peti­cio­nes ante cual­quier auto­ri­dad, fun­cio­na­rio público o fun­cio­na­ria púbica sobre los asun­tos que sean de la com­pe­ten­cia de éstos o éstas, y de obte­ner opor­tuna y ade­cuada res­puesta. Quie­nes vio­len este dere­cho serán san­cio­na­dos o san­cio­na­das con­forme a la ley, pudiendo ser des­ti­tui­dos o des­ti­tui­das del cargo res­pec­tivo”. Aquí la obvie­dad es clara. A los buró­cra­tas del socia­lismo no les interesa lo que le suceda a los ancia­nos que están ampa­ra­dos por la Cons­ti­tu­ción. La Cons­ti­tu­ción, en este caso, es letra muerta. No existe. Por cierto, el Con­su­lado vene­zo­lano en Chile, ha oído de los recla­mos de los pen­sio­na­dos y pen­sio­na­das y no tie­nen res­puesta. Ellos “no saben” por qué cesó el pago de pen­sio­nes. No que­re­mos ser males pen­sa­dos pero, el Estado vene­zo­lano si tiene 7 mil millo­nes de dóla­res para Argen­tina, 6 Mil millo­nes de dóla­res para Cuba, Mil millo­nes para Nica­ra­gua, y así por el estilo. Para ellos si hay dinero.

El artículo 80 de la Cons­ti­tu­ción esta­ble­ces que: “El Estado garan­ti­zará a los ancia­nos y ancia­nas el pleno ejer­ci­cio de sus dere­chos y garan­tías (…)” Más ade­lante esta­blece que “Les garan­ti­zará (…) bene­fi­cios de la segu­ri­dad social que ele­ven y ase­gu­ren la cali­dad de vida. Las pen­sio­nes y jubi­la­cio­nes no podrán ser infe­rior al sala­rio mínimo urbano”. Al res­pecto, hay que decir que lo que los pen­sio­na­dos y pen­sio­na­das están reci­biendo en el extran­jero menos del sala­rio mínimo urbano pues, por el envío de las pen­sio­nes al exte­rior se les des­cuenta entre 30 y 70 dóla­res en cada oca­sión. Y, es claro que no se están garan­ti­zando las pen­sio­nes pues éstas no se están pagando.

Las pen­sio­nes están garan­ti­za­das (en el papel) por tra­ta­dos, pac­tos, con­ven­cio­nes y acuer­dos rela­ti­vos a los Dere­chos Huma­nos y que, ade­más, son parte inte­grante del artículo 23 de la Cons­ti­tu­ción polí­tica. Es claro y mani­fiesto que la buro­cra­cia guber­na­men­tal no ha leído estas dis­po­si­cio­nes y si lo ha hecho no les da importancia.

En la “revo­lu­ción” hay un minis­tro de Pla­ni­fi­ca­ción que trata de “esco­ria” a todos y todas quie­nes pre­ten­den cri­ti­car el accio­nar. ¿Será que al señor Gior­dani, téc­nico elec­tri­cista, le cuesta pla­ni­fi­car más allá de los cables rojos, negros, azu­les y blan­cos y, no logra que fun­cio­nen los orga­nis­mos esta­ta­les que deben velar por el bie­nes­tar popu­lar. ¿Quién es esco­ria, en este caso? Por otro lado, el señor Jaua entrega dinero para pro­yec­tos del lla­mado Poder Popu­lar, ins­ti­tu­ción que no tie­nen for­ma­li­dad jurí­dica pero sí mucho ape­tito para gas­tar el dinero de todos los vene­zo­la­nos; al res­pecto, nadie se acuerda de los suce­dido con los 5 millo­nes de coope­ra­ti­vas (en un país de 28 millo­nes de habi­tan­tes), que reci­bie­ron miles de millo­nes de dóla­res y cuyos direc­ti­vos se mata­ban entre ellos para que­darse con el dinero. ¿Cuán­tas coope­ra­ti­vas fun­cio­nan? ¿Y, si lo hacen, cómo?

La pre­gunta que se hacen los pen­sio­na­dos, quie­nes a tra­vés de Twit­ter, Face­book y otros medios socia­les, han recla­mado a la Asam­blea Nacio­nal, al Pre­si­dente de la Repú­blica y, a los buró­cra­tas del IVSS, es a quién se puede recu­rrir en estas ins­tan­cias. ¿Será a los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les? ¿Quién o quie­nes pue­den, de una vez por todas, lograr que exista ges­tión pública y no corrup­ción pública.

*El autor es Can­di­dato a PH. D. en Comunicación

Autor: Mario H. Concha Vergara*

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