La historia paralela

Hasta el día de la fecha he publi­cado nume­ro­sas decla­ra­cio­nes sobre la pena de muerte, que hoy resulta impor­tante dis­cu­tir nue­va­mente, frente a crí­me­nes como los que ter­mi­na­ron con la vida de dos niños, bru­tal­mente ase­si­na­dos: casos Can­dela y Tomás, entre muchos otros que no tuvie­ron tamaño impacto público.

La pri­mera carta de mi auto­ría fue publi­cada por el dia­rio La Nación en su edi­ción del 9 de junio de 1999.
Mis fun­da­men­tos sobre la pena capi­tal, apli­cada a los cul­pa­bles de deli­tos gra­ví­si­mos con­tra la socie­dad, encuen­tran como prin­ci­pal esco­llo para su con­cre­ción que la mayo­ría de los gober­nan­tes y la Jus­ti­cia argen­ti­nos han care­cido y care­cen de la vir­tud de la Pru­den­cia; sin ella la potes­tad de deci­dir sobre la vida o la muerte de una per­sona se torna un acto intrín­se­ca­mente ilegítimo.

Durante mucho tiempo he con­sul­tado nume­ro­sos tra­ta­dos sobre la mate­ria, inclu­yendo los argu­men­tos pre­sen­ta­dos en con­tra de la pena de muerte como los esco­llos cons­ti­tu­cio­na­les vigen­tes en vir­tud del reco­no­ci­miento de los pac­tos supra­na­cio­na­les incor­po­ra­dos a la Carta Magna, cuya sola sinop­sis exce­de­ría sin duda los lími­tes tole­ra­bles de la pre­sente decla­ra­ción.
La doc­trina a la cual me sumo está res­pal­dada por los más gran­des teó­lo­gos y pen­sa­do­res cató­li­cos de todos los tiem­pos, comen­zando por Santo Tomás de Aquino, Doc­tor de la Iglesia.

Des­cen­diendo a la situa­ción de la Argen­tina actual que nos toca vivir, resul­ta­ría tan impor­tante como impe­rioso dis­cu­tirse su apli­ca­ción, en momen­tos en deben sopor­tarse a dia­rio crí­me­nes abe­rran­tes como lo de niños que murie­ron como con­se­cuen­cia de ven­gan­zas con­tra alguno de sus fami­lia­res.
Según la doc­trina tra­di­cio­nal la pena de muerte tiende a actuar en dos esta­dos muy con­cre­tos: el de la con­mi­na­ción y el de la eje­cu­ción. El pri­mero res­tringe el mar­gen de impu­ni­dad al hacer pen­sar al poten­cial ase­sino que su futuro no es una ins­ti­tu­ción car­ce­la­ria de la cual podrá salir tarde o tem­prano a la som­bra de una per­mi­siva legis­la­ción, sino un pare­dón de fusi­la­miento como medio defi­ni­tivo de expia­ción por la irre­pa­ra­ble falta cometida.

El segundo, el de eje­cu­ción, tiene, debe tener por objeto repa­rar el orden que el delito des­truye.
Mere­cen a título de orien­ta­ción, citar algu­nos argu­men­tos de razo­nes gene­ra­les dadas nada menos que por Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Con­tra Gentiles.

Argu­mento a)

El bien común de toda la socie­dad vale más que el bien de un indi­vi­duo par­ti­cu­lar. Luego se ha de pre­fe­rir.
Es así que la vida cri­mi­nal de cier­tos hom­bres impide el bien común, que es la paz y con­cor­dia social. Luego se ha de qui­tar la vida a esos hom­bres, en cuanto que volun­ta­ria­mente impi­den el bien común.

Argu­mento b)

Como el médico, con su ope­ra­ción, pre­tende la salud; así la Auto­ri­dad pre­tende con la suya la paz, que con­siste en la con­cor­dia orde­nada de los ciu­da­da­nos. Luego así como el médico corta con todo dere­cho y suma uti­li­dad un miem­bro gan­gre­noso que con­ta­gia a los demás; así tam­bién la Auto­ri­dad, por la pena de muerte, con toda jus­ti­cia y suma uti­li­dad arranca de la socie­dad a los per­tur­ba­do­res de la paz común.
La doc­trina pon­ti­fi­cia del falle­cido Papa Juan Pablo II y el mismo Cate­cismo de la Igle­sia Cató­lica han cerrado sin duda el camino a la apli­ca­ción irres­tricta de la pena de muerte. No obs­tante, se ha dejado abierta la posi­bi­li­dad de su uso en casos gra­ví­si­mos, en los que sin duda se encua­dran muchos de los que están fla­ge­lando desde hace tiempo nues­tra ali­caída sociedad.

Con res­pecto a la Doc­trina Pontificia:

En la Encí­clica Evan­ge­lium vitae recuerda que per­ma­nece válido el prin­ci­pio indi­cado por el Cate­cismo de la Igle­sia Cató­lica; pero, como el pri­mer efecto de la pena de muerte es ‘el de com­pen­sar el des­or­den intro­du­cido por la falta’ en la socie­dad, ‘pre­ser­var el orden público y la segu­ri­dad de las per­so­nas’, ‘es evi­dente que, pre­ci­sa­mente para con­se­guir todas estas fina­li­da­des, la medida y la cali­dad de la pena deben ser valo­ra­das y deci­di­das aten­ta­mente, sin que se deba lle­gar a la medida extrema de la eli­mi­na­ción del reo salvo en casos de abso­luta nece­si­dad, es decir, cuando la defensa de la socie­dad no sea posi­ble de otro modo’ (Cfr. Encí­clica Evan­ge­lium vitae, nº 56.)

Con refe­ren­cia al CIC:

‘…La ense­ñanza tra­di­cio­nal de la Igle­sia ha reco­no­cido el justo fun­da­mento del dere­cho y deber de la legí­tima auto­ri­dad pública para apli­car penas pro­por­cio­na­das a la gra­ve­dad del delito, sin excluir, en casos de extrema gra­ve­dad, el recurso a la pena de muerte’ (Cfr. Cate­cismo de la Igle­sia Cató­lica, nº 2266.).

Se acon­seja leer los párra­fos com­ple­tos cita­dos, a los cua­les puede acce­derse fácil­mente en el sitio de la Santa Sede (www​.vati​can​.va .)

Final­mente, se impone el debate, que no debe­ría ser sos­la­yado, para cul­mi­nar con la horro­rosa serie de crí­me­nes que moti­van esta nueva declaración.

Fuente: www.horaciocalderon.com

Autor: Horacio Calderón

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