La historia paralela

Cuando el Estado decide qué puede y qué no puede Ud. com­prar con su sala­rio, o el empre­sa­rio obe­dece orde­nes de los buró­cra­tas sobre cuál debe ser su polí­tica comer­cial, de uti­li­da­des, expor­ta­cio­nes, impor­ta­cio­nes, de sala­rios, etc., la pro­pie­dad pri­vada pasa a ser una ficción

Supon­ga­mos que Ud. tiene una casa. Esa casa figura en el regis­tro de pro­pie­dad a su nom­bre. Ud. cree que esa casa es de su pro­pie­dad. Pero supon­ga­mos que el gobierno decide si puede alqui­larla o no, a qué pre­cio puede alqui­larla, a quién puede alqui­lar, cuánto tiempo puede alqui­larla, si puede ven­derla o no e infi­ni­dad de otras restricciones.

Bien, en ese caso la casa figu­rará a nom­bre suyo, pero no será de su pro­pie­dad por­que el uso de la misma estará tan arbi­tra­ria­mente res­trin­gido por el gobierno que el ver­da­dero dueño de su casa será el Estado y no Ud. La pro­pie­dad estará a su nom­bre pero la dis­po­ni­bi­li­dad de la pro­pie­dad estará en manos del Estado. Esto quiere decir que la pro­pie­dad pri­vada no des­a­pa­rece sola­mente cuando el Estado la con­fisca, sino que tam­bién des­a­pa­rece, o se ve fuer­te­mente limi­tada, cuando el Estado decide por Ud. sobre el uso de la misma.

Segu­ra­mente más de uno con­si­de­rará que el siguiente párrafo es exa­ge­rado, pero Argen­tina está tran­si­tando el camino de la abo­li­ción de la pro­pie­dad pri­vada cuando con­si­de­ra­mos que la pro­pie­dad pri­vada implica poder dis­po­ner libre­mente de ella.

Por ejem­plo, tome­mos el ejem­plo de una per­sona que tra­baja y tiene cierta capa­ci­dad de aho­rro. Por el fruto de su tra­bajo recibe un pago en pesos, fruto de su tra­bajo que le per­te­nece. Esos pesos son pro­pie­dad pri­vada del tra­ba­ja­dor, pero el Estado le con­di­ciona o le prohíbe la com­pra de dóla­res depen­diendo de lo que decida la AFIP. Cuando la gente com­pra dóla­res como forma de aho­rro es por­que con­si­dera que los pesos que emite el BCRA no sir­ven como reserva de valor.

Lo que hace el tra­ba­ja­dor es defen­der sus aho­rros, que son el fruto de su tra­bajo, pero el Estado no se lo per­mite o lo limita. Y aquí no corre el tema del con­trol impo­si­tivo por­que para eso están las decla­ra­cio­nes jura­das anua­les de ganan­cias en las cua­les cada uno de noso­tros tene­mos que expli­carle a la AFIP si gene­ra­mos o no ese aho­rro que des­ti­na­mos a la com­pra de dóla­res. Para la AFIP todos somos sos­pe­cho­sos hasta que demos­tre­mos lo con­tra­rio, lo cual implica vio­lar los dere­chos huma­nos, por­que el gobierno, por no tener una moneda con­fia­ble, trata de fre­nar la com­pra de dóla­res des­tru­yendo un prin­ci­pio jurí­dico que solo esta­ble­cen las dic­ta­du­ras: esto es.

Todos son sos­pe­cho­sos hasta que se demues­tre lo con­tra­rio. En vez de emi­tir una moneda con­fia­ble, el gobierno des­truye su reserva de valor y obliga a la gente a tener pesos y no le per­mite defen­der sus aho­rros, que final­mente, al ser el fruto de su tra­bajo, tam­bién es pro­pie­dad pri­vada. En defi­ni­tiva, al limi­tarle el acceso a la defensa de sus aho­rros, el gobierno le con­fisca parte de sus aho­rros con el impuesto inflacionario.

Siga­mos con el ejem­plo del tra­ba­ja­dor que, con el fruto de su tra­bajo, decide com­prarse algún bien impor­tado. El Estado ha deci­dido que no tiene dere­cho a usar el fruto de su tra­bajo cómo a Ud. mejor le plazca, sino que, por serios pro­ble­mas cam­bia­rios, el gobierno limita el uso de la pro­pie­dad pri­vada, deci­diendo que Ud. con su esfuerzo dia­rio no tiene dere­cho a com­prar un pro­ducto importado.

Lo limi­tan a com­prar pro­duc­tos nacio­na­les que por cali­dad o pre­cio Ud. no quiere adqui­rir. Es más, tal vez Ud. quiera com­prar un pro­ducto impor­tado por­que sim­ple­mente se le da la gana. Bien, el Estado ha deci­dió que su pro­pie­dad pri­vada, su sala­rio, puede usarse solo en lo que el Estado lo permite.

Tam­bién, el Estado le apli­cará un impuesto a las ganan­cias para finan­ciar los lla­ma­dos “pla­nes socia­les”. Sin ajuste por infla­ción de los míni­mos no impo­ni­bles, el Estado le qui­tará una parte cre­ciente del fruto de su tra­bajo. Ud. no podrá deci­dir a quién desea ayu­dar con su sala­rio. El Estado ha deci­dido que le va a qui­tar a Ud. parte de su tra­bajo para que, en cadena, la pre­si­dente decida a quién le da y a quien no le da. Diga­mos que hace “bene­fi­cen­cia” con el dinero ajeno.

El gobierno con­si­dera que tiene el mono­po­lio de la “bene­fi­cen­cia” y que el resto de los argen­ti­nos somos todos ava­ros que no esta­mos dis­pues­tos a ayu­dar a nues­tros seme­jan­tes. Claro, al auto­pro­cla­marse como el único que tiene el mono­po­lio de la “bene­fi­cen­cia” nadie puede con­tro­lar a quién bene­fi­cia, por­qué lo bene­fi­cia y para qué lo beneficia.

Como gran “invento” de polí­tica eco­nó­mica, el gobierno ha deci­dido con­for­mar una comi­sión mul­ti­sec­to­rial que se encar­gará de ana­li­zar los balan­ces de las empre­sas de todos los sec­to­res, defi­nir si sus geren­tes ganan mucho o poco, ana­li­zar sus cos­tos y uti­li­da­des y deci­dir si ganan mucho o poco. De esta forma, supues­ta­mente, el gobierno ten­drá los ele­men­tos para defi­nir qué aumento de sala­rios deberá pagar el sec­tor pri­vado según los “con­cien­zu­dos” cálcu­los de los buró­cra­tas de turno.

Pri­mera refle­xión que surge inme­dia­ta­mente. Ante la requi­si­to­ria de saber cuánto gana el gerente de una empresa, la res­puesta sería: ¿y a Ud. que le importa? Ud. está en el Estado para defen­der el dere­cho a la vida, a la pro­pie­dad y la liber­tad de las per­so­nas, no para meterse, tipo KGB o SS, a ave­ri­guar cuánto gana mis geren­tes. Para eso está la AFIP que recibe las decla­ra­cio­nes jura­das anuales.

Res­puesta del fun­cio­na­rio: “pero yo tengo el 54% de los votos”. Res­puesta: Y a mí que me importa. Nue­va­mente, ese 54% solo lo habi­lita a uti­li­zar el mono­po­lio de la fuerza para defen­der mi dere­cho a la vida, la pro­pie­dad y la liber­tad. Ese 54% no le otorga pode­res ili­mi­ta­dos para vio­len­tar los dere­chos indi­vi­dua­les y el dere­cho de propiedad.

No solo no lo habi­lita a vio­lar los dere­chos del 46% que no la votó, sino que no lo habi­lita a vio­lar el dere­cho de una sola per­sona. Ud. con­funde método de elec­ción con los dere­chos que le otorga ganar una elec­ción. Pri­mero están los dere­chos de las per­so­nas y los lími­tes que tiene que tener el gobierno en el uso del mono­po­lio de la fuerza, y luego está la forma de elección.

Se lo digo más claro: la per­sona ele­gida no puede hacer un uso dis­cri­mi­nado del mono­po­lio de la fuerza. La forma de ele­gir es solo un meca­nismo para ver quién admi­nis­trará la cosa pública bajo las res­tric­cio­nes esta­ble­ci­das. Si quiere pode­mos cam­biar el método y ele­gir al pre­si­dente tirando los dados, apos­tando a las car­tas o arro­jando una moneda al aire, pero lo que no está en debate son los dere­chos indi­vi­dua­les, la pro­pie­dad pri­vada y el dere­cho a la liber­tad y la vida. Esos dere­chos no pue­den vio­larse ni con el 54% de los votos ni con el 99%.

Segundo punto eco­nó­mico. Esa comi­sión inter­mi­nis­te­rial va a ana­li­zar los balan­ces y deci­dirá qué aumento de sala­rios corres­ponde apli­car en base a las uti­li­da­des obte­ni­das por las empre­sas. Sería bueno recor­dar­les a quie­nes inte­gran esa comi­sión que los balan­ces son his­to­ria. Que una empresa haya tenido uti­li­da­des “altas” no quiere decir que este año las vaya a repe­tir. Pro­yec­tar sala­rios futu­ros en base a uti­li­da­des empre­sa­ria­les pasa­das es un dis­pa­rate con­cep­tual. Y mayor dis­pa­rate es cuando esta­mos en un país en el que nadie puede hacer cálculo eco­nó­mico por­que no tene­mos moneda por efecto de la infla­ción y, encima, a un señor se le ocu­rre cam­biar todo el tiempo las reglas de juego.

¿Quién puede defi­nir la uti­li­dad que va a tener este año si no sabe cuál será la carga tri­bu­ta­ria que ten­drá que afron­tar, si podrá pro­du­cir lo que espera pro­du­cir por­que en una de esas le prohí­ben impor­tar insu­mos que le bajan la pro­duc­ción, le cor­tan la ener­gía e infi­ni­dad de otras incertidumbres?

Si el gobierno quiere seguir el cri­te­rio de fijar sala­rios en base a uti­li­da­des de sus balan­ces, lo pri­mero que tiene que hacer es, como mínimo, bajarle el sueldo a los direc­ti­vos de Aero­lí­neas Argentinas.

A la hora de fijar sala­rios por pro­duc­ti­vi­dad, ¿qué sala­rio le corres­ponde a Moreno por entor­pe­cer la pro­duc­ción, des­truir riqueza y dis­mi­nuir la efi­cien­cia de la eco­no­mía Argentina?

Ter­cer punto, defi­nir si una uti­li­dad es alta o baja depende, entre otras cosas, del riesgo ins­ti­tu­cio­nal en el cual se maneja la empresa. Si la arbi­tra­rie­dad en las reglas de juego está a la orden del día, la incer­ti­dum­bre ins­ti­tu­cio­nal deter­mina que el accio­nista le pida una tasa de ren­ta­bi­li­dad muy alta a su inver­sión. Si el riesgo ins­ti­tu­cio­nal es bajo, la tasa de ren­ta­bi­li­dad que se le pedirá a la inver­sión será más baja.

El sala­rio real se deter­mina como cual­quier otro pre­cio de la eco­no­mía. En un país en que se invierte mucho, se demanda mano de obra. La mayor demanda de mano de obra eleva los sala­rios. Si el BCRA no des­troza la moneda gene­rando infla­ción, la mayor demanda de mano de obra obli­gará a pagar más sala­rios para que el empleado no se vaya a otra empresa y ele­vará el poder de com­pra de los sala­rios. Por otro lado, si por cada tra­ba­ja­dor aumenta el sotck de capi­tal, su pro­duc­ti­vi­dad mejora, hay más oferta de bie­nes en el mer­cado y más demanda de mano de obra con lo cual su sala­rio real sube. Esta es la fór­mula que no tiene ata­jos para la pros­pe­ri­dad no demagógica.

Como el gobierno no genera con­fianza para que haya inver­sio­nes, la pro­duc­ti­vi­dad de la eco­no­mía no crece y la demanda de tra­bajo hoy se man­tiene en nive­les cer­ca­nos a los de la cri­sis del 2002. Nadie quiere tomar una per­sona más en su empresa. A lo sumo reem­pla­zará algún puesto de tra­bajo. Infla­ción, baja inver­sión y pro­duc­ti­vi­dad hacen impo­si­ble que el sala­rio real mejore. Dado que el gobierno no va a cam­biar su rumbo inter­ven­cio­nista, lo que cabe espe­rar es que, en su deses­pe­ra­ción por tra­tar de empar­char los líos que hace a dia­rio, inevi­ta­ble­mente ter­mine avan­zando cada vez más sobre la pro­pie­dad privada.

Antes hablaba los sala­rios, una empresa hoy tiene que pedir per­miso para impor­tar, para girar uti­li­da­des, para com­prar dóla­res, para expor­tar, para aumen­tar sus pre­cios, para pagar impor­ta­cio­nes y cuán­tas regu­la­cio­nes más se le ocu­rra al gobierno. La reali­dad, les guste o no a los empre­sa­rios, es que han dejado de ser due­ños de sus empre­sas. Solo se limi­tan a geren­ciar­las en base a las pau­tas que le impone Moreno, pau­tas que res­pon­den a las nece­si­da­des polí­ti­cas de Cris­tina Fernández.

Los accio­nis­tas de las empre­sas solo tie­nen a título nomi­nal la pro­pie­dad de las mis­mas. El ver­da­dero dueño es el Estado que les dice qué pue­den y qué no pue­den hacer con sus empre­sas, flu­jos, uti­li­da­des, estra­te­gias comer­cia­les, expor­ta­cio­nes, impor­ta­cio­nes, los sala­rios que deben pagar, etc.

En sín­te­sis, hoy Ud. con su sala­rio, que es el fruto de su tra­bajo, solo puede com­prar lo que le auto­ri­zan los buró­cra­tas de turno. Y Ud. con su empresa, solo puede hacer lo que le auto­rice a hacer el gobierno. La pro­pie­dad pri­vada en Argen­tina está, como mínimo, limi­tada a los capri­chos de los gobernantes.

Insisto, mi afir­ma­ción puede lucir exa­ge­rada cuando afirmo que la pro­pie­dad pri­vada está bajo ata­que. Si no me cree, espere un poco más y des­pués hablamos.

Fuente: Economía para todos

Autor: Roberto Cachanosky

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