La historia paralela

Todos los días los delin­cuen­tes matan a alguien, a veces a más de uno. No nece­sito pro­bar esta afir­ma­ción por­que todos lo saben. El que diga que no le consta, miente.

Ayer un “negro” (cuando digo “negro” me refiero a los negros de alma, aun­que no lo sean de piel) atacó al turista fran­cés Lau­rent Sch­we­bel en la Plaza San Mar­tín, a plena luz del día y en medio de muchos pea­to­nes, para robarle su equipo foto­grá­fico. Como éste se resis­tió, como es lógico que lo hiciera, el mal­dito cri­mi­nal no dudó en ases­tarle un esti­le­tazo en el pecho, apun­tando al cora­zón, que lo mató en pocos minutos.

Des­pués se fue cami­nando tran­qui­la­mente, con toda san­gre fría, inten­tando pasar desa­per­ci­bido.  Había mucha gente alre­de­dor de la escena pero, por supuesto, todos esta­ban des­ar­ma­dos. Feliz­mente algu­nos lo siguie­ron de lejos y cuando el cri­mi­nal arrojó su arma, fue dete­nido por un civil joven y valiente, cerca de un poli­cía que se paseaba tran­qui­la­mente junto a la Torre de los Ingle­ses que no tuvo más reme­dio que cum­plir con su deber y dete­ner al ase­sino. El cana­lla, evi­den­te­mente, se diri­gía a su refu­gio en la “villa 31” que está a pocos pasos de allí y es un aguan­ta­dero cono­cido, como toda “villa mise­ria”, de los delin­cuen­tes que nos atormentan.

La tira­nía de los polí­ti­cos se ha ocu­pado desde hace muchos años, gobier­nos mili­ta­res inclui­dos, en des­ar­mar a la gente de bien aumen­tando las penas para quie­nes inten­ten defen­derse de la única manera posi­ble, es decir, arma en mano. Al mismo tiempo han rela­jado noto­ria­mente la pre­ven­ción del delito por medio de la fuerza pública.

En 1974 el gobierno de Perón insertó el art. 189 bis  del Cödigo Penal (ley 20642, del 28.1.74) por el cual las penas por tenen­cia de armas “de gue­rra” (que puede ser cual­quier arma que se le da la gana al gobierno de turno defi­nir como tal) son de 3 a 10 años de prisión.

Esto equi­vale a una ame­naza de ani­qui­la­miento de la liber­tad de una gra­ve­dad tal que es como para disua­dir a la gente honesta de inten­tar una defensa armada, o sea, es una auto­ri­za­ción indi­recta otor­gada por el Estado a todos los ase­si­nos del país para matar a quien quie­ran con la misma faci­li­dad con que se degüe­lla un pollo en gallinero.

El ase­si­nato de este turista, con el cual nos obliga la ley de la hos­pi­ta­li­dad a ser espe­cial­mente cui­da­do­sos de su segu­ri­dad, sin que hubiera habido ni un solo poli­cía para defen­derlo nada menos que en la cén­trica plaza San Mar­tín, a las 8 y media de la mañana, en medio de nume­ro­sos pea­to­nes, nos recuerda vio­len­ta­mente el estado de inse­gu­ri­dad en que ha caído el país.

* * *

Esta inse­gu­ri­dad se debe a varios fac­to­res concurrentes:

1) Domina una tira­nía dema­gó­gica que adula a la plebe des­or­de­nada y resen­tida (que no es lo mismo que decir “las cla­ses más humil­des”), a sus cabe­ci­llas y agi­ta­do­res, y les da vía libre para hacer lo que se les dé la gana, dor­mir en la calle, andar medio des­nu­dos, sucios, malo­lien­tes y hacer sus nece­si­da­des en luga­res públi­cos, y todo eso no por nece­si­dad sino por borra­chera, estu­pe­fac­ción dro­gada, des­aliño o sim­ple­mente por el gusto de cho­car a la gente bien edu­cada. Y hasta les paga por eso con sus “pla­nes *tra­ba­jar*” (valga la iro­nía), para que no ten­gan nece­si­dad de hacerlo y pue­dan dedi­carse libre­mente a dro­garse, robar, agre­dir y matar.

Esa plebe y sus agi­ta­do­res impo­nen a la inmensa mayo­ría del país su pre­po­ten­cia cor­tando calles, vías de tren y acce­sos o sali­das de esta­cio­nes y fábri­cas, con el auxi­lio de la fuerza pública que, lejos de repri­mir esas accio­nes que vio­lan varios artícu­los del Código Penal, los pro­tege y ase­gura que logren su obje­tivo de enlo­que­cer a la ciu­da­da­nía honesta.

Para mejor ser­vir a los delin­cuen­tes, el gobierno nacio­nal y el de la ciu­dad, fomen­tan las “villas mise­ria”, cono­ci­dos “aguan­ta­de­ros” de malean­tes que tie­nen ate­rro­ri­za­dos a los ver­da­de­ra­mente pobres que allí viven.

2) Liber­tad para con­su­mir marihuana otor­gada por sen­ten­cia de la Corte Suprema de Jus­ti­cia de la Nación (sen­ten­cia en el “Caso Arriola” del 24/8/2009) con lo cual se abre la puerta para el con­sumo de cual­quier droga. Como es sabido, el dro­gado puede come­ter crí­me­nes abe­rran­tes sin el menor remor­di­miento de con­cien­cia. El dro­ga­dicto es un cri­mi­nal en poten­cia de alta peligrosidad.

3) Un gobierno com­puesto por ex-terroristas cuyos inte­gran­tes se enri­que­cen des­ca­rada y delic­ti­va­mente, dando un pésimo ejem­plo a toda la pobla­ción. Esa corrup­ción se extiende a la Poli­cía y los agen­tes que quie­ran cum­plir con su deber de pre­ve­nir el delito son disua­di­dos por­que cada vez que repri­men a un delin­cuente, son cas­ti­ga­dos y hasta dados de baja. La Poli­cía tiene orden per­ma­nente de no impe­dir los des­ór­de­nes que men­ciono en el punto (1) a los que se designa como “pro­testa social” con lo cual la Poli­cía es puesta al ser­vi­cio de noto­rios mal­vi­vien­tes y es obli­gada a desam­pa­rar a las per­so­nas hones­tas agre­di­das por esas agre­sio­nes. Esto crea en la Poli­cía una espe­cie de con­vi­ven­cia con la plebe y sus agi­ta­do­res que ter­mina por hacerla insen­si­ble al sufri­miento de las víc­ti­mas de esa caterva vil.

4) El desarme de la pobla­ción honesta mediante leyes inti­mi­da­to­rias fero­ces, como el art. 189 bis ya men­cio­nado, y toda una chá­chara polí­tica y perio­dís­tica que des­pres­ti­gia la tenen­cia de armas con diver­sas men­ti­ras como por ejem­plo: “Si todos tie­nen armas aumen­tará la vio­len­cia”, “esto será un *Far West*”, “cuando a uno lo asal­tan es peor tener un arma que no tenerla”, etc.

No quiero alar­gar este artículo refu­tando cada una de esas papa­rru­cha­das. Lo dejo a la pers­pi­ca­cia, cono­ci­miento de la His­to­ria y de la actua­li­dad de cada uno de los lec­to­res. Sólo diré que los Esta­dos de los EEUU que per­mi­ten el porte de armas son aque­llos en los que hay menos deli­tos, lo mismo que en Israel donde los deli­tos comu­nes casi no existen.

Es evi­dente, ade­más, que si los cri­mi­na­les supie­ran que una gran parte de la pobla­ción civil está armada y sabe cómo usar las armas, duda­rían mucho antes de come­ter un asalto. Y es muy posi­ble que el número de éstos disminuyera.

Ade­más, es muy posi­ble tam­bién, que se pueda ayu­dar efi­caz­mente a las víc­ti­mas durante la comi­sión del delito y que se pueda dete­ner a los cri­mi­na­les inme­dia­ta­mente des­pués de come­tido el crimen.

Por ejem­plo, el infor­tu­nado M.Schwebel podría haber sido sal­vado por alguno de los muchos pea­to­nes que había alre­de­dor de él quie­nes, por estar des­ar­ma­dos, no pudie­ron hacer nada para sal­varle la vida y tuvie­ron que limi­tarse, como dice la valiente Sra. María Costa Paz de Gowland, tes­tigo del cri­men de ayer, a “llo­rar de impo­ten­cia” (ver carta de lec­to­res en “La Nación2 del 9/2/2012).

* * *

En un artículo de este perió­dico publi­cado el 13 de marzo del 2001 (nro.114 titu­lado “Defensa civil con­tra la ola de delin­cuen­cia”) resumí los linea­mien­tos de una posi­ble ley de defensa civil. Si los mal­di­tos polí­ti­cos hubie­ran acep­tado la idea en el 2001 ¡cuán­tas muer­tes y deli­tos se habrían evi­tado! Han pasado once años y las cosas han empeo­rado expo­nen­cial­mente, con­vir­tiendo nues­tro otrora seguro país en una cueva de ase­si­nos y ladrones.

El sis­tema legal que pro­po­nía debe­ría tener en cuenta los siguien­tes recau­dos mínimos:

I) Toda per­sona que lo desee –y se debe­ría incen­ti­var que lo deseen todas las per­so­nas de bien– podrá por­tar un arma siem­pre que cum­pla con los siguien­tes requi­si­tos: a) ser mayor de edad y físi­ca­mente hábil; b) estar psí­qui­ca­mente sano; c) tener una edu­ca­ción sufi­ciente para com­pren­der las bases de lo que es una con­vi­ven­cia civi­li­zada; d) no tener con­de­nas pena­les y d) reci­bir ins­truc­ción sobre la manera, opor­tu­ni­dad y con­di­cio­nes para el uso del arma. El tener una fami­lia esta­ble­cida hará espe­cial­mente reco­men­da­ble el otor­ga­miento de la licen­cia para por­tar de arma.

II) Esas per­so­nas debe­rían con­cu­rrir al menos una vez cada tres meses a reci­bir ins­truc­ción de lo mismo y reva­li­dar su auto­ri­za­ción del uso del arma. Para faci­li­tar la ins­truc­ción, las Fuer­zas Arma­das y la Poli­cía debe­rán abrir cen­tros ad hoc en cada Comi­sa­ría, cuar­tel, clu­bes de tiro y otros luga­res que se habi­li­ten al efecto. Los ins­truc­to­res, a su vez, deben ser cui­da­do­sa­mente selec­cio­na­dos y con­tro­la­dos por sus supe­rio­res para ase­gu­rarse que su ense­ñanza sea efi­ciente y con­forme a las nor­mas lega­les y de prudencia.

III) La per­sona que tenga porte de armas ten­drá dere­cho a defen­derse ella, a su fami­lia, a sus veci­nos y a cual­quier otra per­sona que sufra una agre­sión cri­mi­nal evi­dente en sus pro­xi­mi­da­des. Podrá efec­tuar arres­tos ciu­da­da­nos, cosa que ya per­mite el art. 240 del Código Penal.

IV) En caso de verse obli­gado a actuar en defensa pro­pia o de ter­ce­ros y como con­se­cuen­cia de ello, deba herir a un delin­cuente o aún darle muerte si no hubiera otra defensa, el suma­rio que se abrirá será tra­mi­tado sin pri­sión pre­ven­tiva del res­pon­sa­ble ni sus­pen­sión de la licen­cia. No se debe expo­ner a la per­sona a repre­sa­lias. Si se debe secues­trar el arma para peri­ta­jes, se le pro­veerá otra. Se admi­ti­rán las pre­sun­cio­nes como prueba a favor de la razo­na­bi­li­dad del uso del arma y será tarea del fis­cal pro­bar que hubo un exceso deli­be­rado o alguna otra forma de delito.

V) La licen­cia se per­derá en caso de que la per­sona haga un uso inde­bido del arma o si no con­cu­rriera a los entre­na­mien­tos tri­mes­tra­les o si pre­sen­tase irre­gu­la­ri­da­des psí­qui­cas o de con­ducta o si incu­rriese en algún delito o por cual­quier otra causa que tor­nase evi­dente que la per­sona no es capaz de usar el arma en defensa pro­pia o de terceros.

* * *

En base a este esquema podría pro­yec­tarse una ley de Defensa Civil con­tra la delin­cuen­cia. No hay otra forma de parar la ola de crí­me­nes que nos ahoga. No sirve refor­zar las leyes por­que los delin­cuen­tes se ríen de ellas. No sirve mejo­rar los jue­ces, por­que ellos cas­ti­gan “ex post facto”, pero no sal­van la vida de las víc­ti­mas. No sirve aumen­tar la Poli­cía por­que ya está corrupta y sólo aumen­ta­ría­mos el número de los que no hacen nada para evi­tar el delito.

Sólo dejando a cada uno el dere­cho de armarse para velar por sí y por su pró­jimo podrá dis­mi­nuirse la inse­gu­ri­dad. Al menos así habrá una cierta igual­dad entre la gente honesta y los delin­cuen­tes que están arma­dos hasta los dien­tes sin pedirle per­miso a nadie.

Fuente: La botella al mar

Autor: Cosme Beccar Varela

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