¿A QUIEN DESARMA EL DESARME?

“La escopeta en casa del campesino y la carabina en la del obrero son el mejor resguardo de la democracia. Nuestra tarea es ver que permanezca allí.” – George Orwell

Desde la llegada al poder del actual gobierno, se multiplicaron los proyectos para revisar el marco legal vigente para la adquisición, tenencia y portación de armas, y aunque ninguno de ellos progresó, el gobierno utilizó sucesivos hechos de trascendencia mediática para justificar modificaciones al mismo, que incluyeron el arbitrario desplazamiento de jurisdicción del RENAR para ponerlo bajo la órbita de Aníbal Fernández.

En septiembre pasado, y con la oposición simbólica de sólo tres diputados, el Congreso aprobó la Ley de Desarme Civil, que en su primer artículo declara la “emergencia” en materia de armas, facultando así al Ejecutivo para legislar por decreto.

Vale remarcar que en los considerandos de la ley se sostenía que el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana han promovido la generalización de la tenencia de armas en manos de ciudadanos honestos –reconociendo tácitamente una diferenciación con las que detentan los delincuentes- y aboga por un “cambio de relación funcional” entre las armas y sus usuarios, y que como parte de la misma la defensa de la vida y los derechos, incluida la legítima defensa, es exclusiva potestad de “profesionales” del rubro. En dos palabras: reclama el monopolio de las armas.

Resulta paradójico que mientras por un lado se admite un deterioro en la seguridad pública, al ponerse finalmente en marcha, hace poco más de un mes, el programa que durante 180 días canjeará armas por dinero, en forma anónima y sin preguntar el origen de las piezas entregadas, el propio RENAR aclara que la iniciativa no está diseñado como política para contener la creciente inseguridad, sino que es una medida para prevenir los “conflictos interpersonales” y los accidentes , gastados argumentos que vienen usando desde hace tiempo las organizaciones desarmistas, valiéndose de estadísticas amañadas.

La prensa, que ha acompañado y aplaudido la campaña de desarme voluntario, celebraba días atrás que se vienen “recuperando” unas 750 armas diarias, de las cuales la mayor parte cuenta con papeles al día. Las otras, las no registradas dan lugar a situaciones delicadas: la posibilidad de canjear anónimamente, por dinero, y sin preguntas permite que se eliminen armas vinculadas a delitos, e incluso que delincuentes reciban por una pistola –aún inoperable- una cantidad de dinero que les permite luego adquirir dos en el mercado negro. La situación, verificada por una reciente investigación de América 2 que “indignó” a Aníbal Fernández ya había sido anticipada por quienes más defienden el sistema legal, los Legítimos Usuarios, a través de artículos publicados en la prensa, cartas de lectores, y a través de la asociación que los representa.

Si la transferencia a la cartera política, y la cesión de facultades al Ejecutivo para disponer normas de excepción en la materia ya no fueran preocupantes en una cuestión que afecta profundamente los derechos de los ciudadanos, amenazando esmerilar derechos consagrados como el de la legítima defensa, y el propio derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad consagrados en la Declaración Universal de los derechos del Hombre, la instrumentación de planes improvisados, que terminan beneficiando a los delincuentes, resultan directamente una burla a la sociedad.

La cuestión no es menor. Mientras el país se ve potencialmente incapacitado de responder a una eventual amenaza exterior, al resultar cada vez menos operables y más vetustas y desprovistas sus Fuerzas Armadas, se pone en tela de juicio y se dificulta por todos los medios la posibilidad de los ciudadanos de disponer de armas. No se sabe entonces quien será el que deba cumplir con el imperativo mandato del artículo 21 de la ley fundamental, que llama a todo ciudadano argentino a armarse en defensa de la Patria y de la Constitución

Cuando en los vergonzosos sucesos de San Vicente quedó a la luz que un militante sindical había completado su trámite de tenencia en un par de días, a pesar de contar con antecedentes, muchos recordaron los rumores nunca desmentidos sobre tenencias y portaciones emitidas a granel a militantes de ciertos sectores políticos. Tal vez alguien imagine que ellos pueden, en algún momento, ser los únicos con el derecho de acceder a las armas.

Ahora, los neomontoneros del Frente para la Victoria, ese extraño rótulo que emplean las listas del kirchnerismo para eludir el de Partido Justicialista (les será incómodo, querrán negar que son peronistas, who knows…) acaban de incorporar una nueva institución: el postulante “hijo de desaparecido”.

Para muestra dos botones: en la lista del extinto filmusismo iba Juan Cabandié. En Rosario, en la lista del ex caganciller, y recagandidato Rafael Bielsa, fue como precandidato a concejal Eduardo Toniolli, que además de integrar H.I.J.O.S. es representa al Movimiento Evita, y ergo apoya a la reencarnación de su hada madrina.

El asunto es que una vez efectuado el recuento definitivo de los votos de las primarias, a Toniolli le tocó apenas el insalible 7º lugar en la lista definitiva de candidatos a concejal, demostrando que la condición de “h.i.j.o.” no atrae votos. No sería raro que ahora reclamen una ley de cupo obligatorio.

Dice, con razón, Roberto Cachanosky que las bombas de corrupción que están explotando a diario en la Argentina no deberían asombrar a nadie porque, cuando un gobierno regula a voluntad la economía del país, no hay controles republicanos para el manejo de fondos públicos y la justicia no demuestra ser independiente la corrupción es inevitable.

“Es por estas razones, y muchas otras, que limitar el poder de los gobernantes no es un capricho ideológico y una forma de asignar eficientemente los recursos, sino una manera de evitar que los que ocupan el poder se sientan dueños de la vida y la fortuna de las personas. Es un modo de asegurar la libertad individual. Es una forma de permitirle al ciudadano controlar cómo los gobernantes utilizan sus impuestos. Es un recurso para impedir que el poder económico se concentre en unos pocos funcionarios y empresarios socios del modelo”

El impacto más fuerte del domingo es la demostración que el modelo de país mezcla de Página/12 y asamblea estudiantil ya hartó a la gran mayoría, una realidad que los empresarios de medios no pueden soslayar.
Los escribas e ideólogos atrás del gobierno, a pesar de su discurso aparentemente abierto sobre las verdades relativas, reaccionaron abroquelándose en su convicción de que son los puros, los buenos y los elegidos. J.P. Feinmann, que primero dijo que los votantes porteños eran “reverendos pelotudos” ahora se atrinchera en su No pasarán, y delira que la ciudad se ha transformado en fascista. El propio Filmus, al reconocer la derrota no fue capaz de aceptar errores y se hizo cargo de “los éxitos y las dificultades”.
Quienes a cambio de la publicidad y los favores oficiales se asociaron hasta ahora al poder para inventar la nube de gas que narcotizó a la opinión pública parece que comienzan a darse cuenta que puede soplar un cambio, y han comenzado a criticar este discurso maniqueo.
Será cosa de esperar, no sería de extrañar que en muy poco tiempo, todo lo que se sabe sobre la “transparencia” K llegue a las primeras planas.

Al parecer, el dragado es decidido y financiado por ambos países; la Argentina no lo quiere hacer, cuando el Uruguay ofrece hacerse cargo del trabajo la Argentina -impulsada por la Asamblea de Gualeguaychú- alega que, según el Estatuto del Río Uruguay, el dragado no puede hacerse sin previo consenso en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Es decir, no hago ni pago mi parte pero tampoco te dejo que lo hagas vos. Conociendo el respeto por la ley y las formas del kirchnerato, si non e vero…

El gobierno nacional habría resuelto no realizar el dragado del río Uruguay mientras siga el conflicto por la instalación de Botnia. En los últimos días, desde el gobierno uruguayo se ha mencionado la intención de impulsar el dragado para facilitar la navegación en el tramo que va desde el puerto de Nueva Palmira (próximo al Río de la Plata) hasta Paysandú, al norte de Botnia. Los funcionarios orientales argumentan que el tema no se relaciona con la pastera, sino con la dificultad que están teniendo para navegar los buques que transportan combustible. Pero el asunto ya puso en alerta a la asamblea de Gualeguaychú, que reclama que la Argentina frene el dragado.

Las versiones fueron difundidas por Radio Máxima de Gualeguaychú, al retomar un tema que hasta ahora venía con bajo perfil. Fuentes de la Cancillería aclararon que hasta ahora “no hubo ninguna solicitud ni aviso” del Uruguay sobre el punto. Ocurre que el dragado debe ser consensuado por ambos países en la Comisión Administradora del Río Uruguay, como lo fija el Estatuto del Río Uruguay.

Sin embargo, los diarios uruguayos sugieren que la administración de Tabaré Vázquez estaría dispuesta a hacerse cargo del costo total del dragado, realizándolo unilateralmente. La Cancillería oriental, junto al Ministerio de Transporte, los representantes uruguayos de la CARU y la administración de Puertos, tiene previsto definir los detalles del proyecto el lunes próximo.

Aunque el rechazo argentino no fue confirmado de manera oficial, existen antecedentes que indican que el dragado no será aprobado sin debate. En el último informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso nacional, ante la consulta del diputado entrerriano Lucio Godoy sobre las demoras en el dragado del río, el ministerio que encabeza Alberto Fernández respondió que “previo al inicio de las tareas de dragado” se haría “una consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores en atención a la situación de conflicto que se registra con la vecina República Oriental del Uruguay”.

Fuera de estas dos constataciones de la posición que la llevó a celebrar los atentados de Al Qaeda, a abrazarse con las FARC, y a amparar a cuanto etarra anda a la busca de aguantadero, su posición rotundamente totalitaria queda en claro con lo que la Orga de las Madres dijo respecto al cierre de RCTV:

Luego de la medida adoptada por la República Bolivariana de Venezuela de no renovarle la licencia a la cadena RCTV, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se pronunció a favor de esta medida.
En un comunicado se remarcó que RCTV “demostró ser golpista a en los hechos de abril de 2002”, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez.
Las Madres también manifestaron su solidaridad con el presidente venezolano “frente a las maniobras desestabilizadoras de las televisoras privadas Globovisión y CNN”.
“Las Madres, que siempre luchamos por dar voz a los que no la tienen –se explicó en el comunicado- ahora sumamos a nuestro periódico y nuestra radio, un portal informativo para difundir lo que los grandes medios callan”.
Y finalizaron afirmando que “acompañamos con todas nuestras fuerzas la decisión del pueblo y el gobierno venezolanos de defender el derecho a una comunicación popular y antiimperialista”.

No es raro, ya que si la definición resultaba muy vaga sería lo mismo que no tenerla y el país corría el riego de quedar en offside internacional. En cambio una definición abarcativa podría dejar adentro a unos cuantos “socios” del kirchnerismo -y por qué no, a alguno de sus funcionarios.

Al final, y sobre la hora , salió un encuadre por ley. No es gran cosa pero hay algo.
Previsiblemente, se opusieron el CELS, las Madres de Plaza de Mayo, Bonasso, y otras lacras.

La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto que tipifica el delito de terrorismo y pena el financiamiento de ese tipo de actividades. La norma era reclamara por Estados Unidos y resistida por los organismos de derechos humanos.

En este sentido, el proyecto fue aprobado -en general- por 102 votos a favor y 35 en contra. Desde las gradas, donde se encontraba la dirigente de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la ex diputada Patricia Walsh, se escucharon expresiones de rechazo. (Clarín)

Arturo, el hijo del Coronel Larrabure se dirigió al juez, pidiéndole que decida la cuestión con argumentos de hierro:
“Pido a Vuestra Señoría que por un momento se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado, ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas”.

A eso yo le agrego: “Pido que se sitúe en la piel de todos los familiares muertos en actos de servicio, en atentados del ERP, de FAL, FAP, Montoneros, que llevan treinta años de olvido, de silencio , y que durante un cuarto de siglo han soportado la permanente reivindicación de sus victimarios. Será Justicia”.
Aunque lo dudo.

En cada lado que estuve, directa o indirectamente, pregunté por las elecciones. Con apenas poco menos que el 50% de los votos no sorprende que mozos, mucamas y choferes hayan elegido la fórmula Macri-Michetti. A cambio si sorprende que a pesar de los carteles de Filmus con un implorante “todo es posible” y el imbécil “Mauricio es Macri” de la campaña oficial no se vea casi nada de PRO, salvo unos inesperados “Gracias”.

La sensación que me quedó, es que la gran mayoría está asqueada con la impúdica intervención del gobierno nacional en la campaña, y que -muy a pesar de la “aprobación encuestológica” que cuenta la prensa- hay un importante factor de voto anti kirchner, además de una saturación de las promesas progres de tantos años, a cambio de cero gestión.

Muchos me dijeron que esperan que a último momento se baje Filmus. Que creen que su jefe va a aprovechar para denostar lo más que pueda a Macri, para después eludir el palazo. Yo no creo que exhiba tanta inteligencia, y a cambio me pregunto que pasará con la gobernabilidad si la derrota en la Capital se le transforma no en la elevación de un rival sino en una versión amplificada del “Efecto Piña”. ¿Una derrota brutal en el distrito capital, no puede ser el equivalente a la renuncia de Chacho Álvarez en el gobierno de la Alianza?

Al final si puede resultar que lo de Macri sea un ejemplo. No para construir una oposición de alcance nacional, sino para construir un modelo en que partidos de gran fortaleza distrital aporreen al nuevo centralismo de la política argentina, que ya no tiene como en el siglo XIX un foco geográfico sino que está enquistado en las superestructuras de lo que queda de la política tradicional.

Es notable que en el siglo XXI mucha gente de la Iglesia siga denostando al capitalismo basándose en concepciones propias de estructuras económicas con siglos de atraso según las cuales para que unas personas fueran ricas forzosamente otras tenían que ser pobres de lo que se deducía que los pobres eran buenos y los ricos malos. Desde entonces mucha agua ha corrido bajo los puentes, y ninguna persona medianamente informada- salvo los que enarbolan la estúpida mala fe de gran parte de la izquierda y la progresía- puede creer que representar al capitalismo es “un poquito ir marcha atrás”. También es una frivolidad decir que Macri “estaba en todos los grandes negocios” de los 90; ese es el argumento favorito de secuaces de Kirchner como los Fernández y la Miceli o de la gente poco ilustrada de los partiditos de izquierda.

Afortunadamente, aunque muchos no se hayan enterado, el capitalismo proporcionó los medios para crear riqueza sin perjudicar a otros por lo que el obispo emérito tendría que alegrarse de que ya no estemos en épocas bíblicas y los ricos puedan entrar al reino de los cielos mientras los camellos siguen tratando de pasar por el ojo de una aguja, seguramente sin demasiado éxito.

La opinión que sorprendió fue la del obispo emérito de Misiones, Joaquín Piña, que identificó ayer a Macri con el “capitalismo” y manifestó su preocupación por la “falta de memoria de la gente del pueblo”, que no recordó que el candidato “estaba en todos los grandes negocios” de los 90.

“Para mí Macri representa el capitalismo, y en ese sentido me parece que es un poquito ir marcha atrás”, señaló el religioso misionero, que venció en las últimas elecciones constituyentes de la provincia al proyecto kirchnerista, comandado por el gobernador Carlos Rovira