Hasta el día de la fecha he publicado numerosas declaraciones sobre la pena de muerte, que hoy resulta importante discutir nuevamente, frente a crímenes como los que terminaron con la vida de dos niños, brutalmente asesinados: casos Candela y Tomás, entre muchos otros que no tuvieron tamaño impacto público.

La primera carta de mi autoría fue publicada por el diario La Nación en su edición del 9 de junio de 1999.
Mis fundamentos sobre la pena capital, aplicada a los culpables de delitos gravísimos contra la sociedad, encuentran como principal escollo para su concreción que la mayoría de los gobernantes y la Justicia argentinos han carecido y carecen de la virtud de la Prudencia; sin ella la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona se torna un acto intrínsecamente ilegítimo.

Durante mucho tiempo he consultado numerosos tratados sobre la materia, incluyendo los argumentos presentados en contra de la pena de muerte como los escollos constitucionales vigentes en virtud del reconocimiento de los pactos supranacionales incorporados a la Carta Magna, cuya sola sinopsis excedería sin duda los límites tolerables de la presente declaración.
La doctrina a la cual me sumo está respaldada por los más grandes teólogos y pensadores católicos de todos los tiempos, comenzando por Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia.

Descendiendo a la situación de la Argentina actual que nos toca vivir, resultaría tan importante como imperioso discutirse su aplicación, en momentos en deben soportarse a diario crímenes aberrantes como lo de niños que murieron como consecuencia de venganzas contra alguno de sus familiares.
Según la doctrina tradicional la pena de muerte tiende a actuar en dos estados muy concretos: el de la conminación y el de la ejecución. El primero restringe el margen de impunidad al hacer pensar al potencial asesino que su futuro no es una institución carcelaria de la cual podrá salir tarde o temprano a la sombra de una permisiva legislación, sino un paredón de fusilamiento como medio definitivo de expiación por la irreparable falta cometida.

El segundo, el de ejecución, tiene, debe tener por objeto reparar el orden que el delito destruye.
Merecen a título de orientación, citar algunos argumentos de razones generales dadas nada menos que por Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Contra Gentiles.

Argumento a)

El bien común de toda la sociedad vale más que el bien de un individuo particular. Luego se ha de preferir.
Es así que la vida criminal de ciertos hombres impide el bien común, que es la paz y concordia social. Luego se ha de quitar la vida a esos hombres, en cuanto que voluntariamente impiden el bien común.

Argumento b)

Como el médico, con su operación, pretende la salud; así la Autoridad pretende con la suya la paz, que consiste en la concordia ordenada de los ciudadanos. Luego así como el médico corta con todo derecho y suma utilidad un miembro gangrenoso que contagia a los demás; así también la Autoridad, por la pena de muerte, con toda justicia y suma utilidad arranca de la sociedad a los perturbadores de la paz común.
La doctrina pontificia del fallecido Papa Juan Pablo II y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica han cerrado sin duda el camino a la aplicación irrestricta de la pena de muerte. No obstante, se ha dejado abierta la posibilidad de su uso en casos gravísimos, en los que sin duda se encuadran muchos de los que están flagelando desde hace tiempo nuestra alicaída sociedad.

Con respecto a la Doctrina Pontificia:

En la Encíclica Evangelium vitae recuerda que permanece válido el principio indicado por el Catecismo de la Iglesia Católica; pero, como el primer efecto de la pena de muerte es ‘el de compensar el desorden introducido por la falta’ en la sociedad, ‘preservar el orden público y la seguridad de las personas’, ‘es evidente que, precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo’ (Cfr. Encíclica Evangelium vitae, nº 56.)

Con referencia al CIC:

‘…La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte’ (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2266.).

Se aconseja leer los párrafos completos citados, a los cuales puede accederse fácil­mente en el sitio de la Santa Sede (www​.vati​can​.va .)

Finalmente, se impone el debate, que no debería ser soslayado, para culminar con la horrorosa serie de crímenes que motivan esta nueva declaración.

El periodista José Luis Jacobo –uno de los más cultos y brillantes que hay en nuestro país-, realizó un reportaje a Horacio Calderón para su programa de Radio 99.9 de la ciudad de Mar del Plata.

Nuestro director abordó la situación de los diversos conflictos en el “Gran Medio Oriente”, como los casos de Afganistán, Paquistán, Irán e Irak, incluyendo el estado actual de Al-Qaeda Central. Es decir, el Estado Mayor de la organización fundada y liderada por Osama Bin Laden, que se encuentra sitiada en el cordón montañoso entre Afganistán y Paquistán. Además, con su capacidad operacional seriamente disminuida, al menos en lo que a lanzar ataques estratégicos en los EE. UU. se refiere. Con respecto a la Red Al-Qaeda, Calderón destaca sin embargo la peligrosidad de algunas organizaciones creadas ad hoc y que están adheridas al ideario y la estrategia del movimiento fundador (aunque no respondan necesariamente a sus órdenes), como “Al-Qaeda en Irak” (hoy diezmada), “Al-Qaeda en el Magreb Islámico” (Noroeste de Africa) y “Al-Qaeda en la Península Arábiga”, con centro actual en Yemen.

Con referencia a Irán, Calderón volvió a insistir en la probabilidad de una guerra entre EE. UU. e Israel y otros aliados por un lado e Irán por el otro. Con respecto a este último país, el entrevistado volvió a remarcar la peligrosidad del movimiento apocalíptico “Hojjatie”, infiltrado al más alto nivel del régimen extremista chiíta iraní, cuyas características explica brevemente.

Por último, se aborda en la nota la relación de Irán con países de América Latina, como los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia y el peligro latente que desde alguno de estos puedan lanzarse ataques terroristas, otorgando casus bellis que podrían culminar con situaciones dramáticas en nuestra región.

Reportaje a Horacio Calderón

Atentamente.

Reportaje de Tomás del Duca, Radio Rivadavia,
Buenos Aires, 20 de febrero de 2010

Link al audio

Comentario de Tomás Del Duca:

“Horacio Calderón volvió a remarcar su preocupación por el sector antártico argentino ante el avance inglés en las Islas Malvinas”

“El analista internacional expresó sobre un nuevo conflicto por las Islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido que lo que está ocurriendo se está haciendo “sobre hechos consumados”, y agregó que el gobierno británico sigue sin hacer caso a diversas resoluciones que lo obligan a iniciar nuevas negociaciones por las Islas. También resaltó que la escalada verbal la inició la Gran Bretaña y no la Argentina; “esto es algo que hay que tener en cuenta”. Así lo dijo Calderón en charla con Tomás Del Duca en Sábado Radio, por Radio Rivadavia.”

Blog de Tomás Del Duca:  Tomas del Duca Blog

Los graves riesgos geopolíticos de la nueva agresión británica en el Atlántico Sur

Reportaje de Canal 26, Buenos Aires, 17 de febrero de 2010

El Canal 26 de la Argentina realizó el día de la fecha un extenso reportaje a Horacio Calderón en el espacio conducido por el periodista Ronen Schwartz– oportunidad en que el entrevistado formuló durísimas acusaciones al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Nuestro Director abordó de manera pormenorizada las gravísimas violaciones a la ley internacional y a la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes, que acompañan las operaciones de exploración y potencial explotación futura de yacimientos de petróleo y gas y otros recursos por parte del Reino Unido.

Asimismo, advirtió sobre probables planes británicos, que podrían atentar en un futuro contra… Bajar el vídeo:

Link diecto

¿Otra guerra en las Malvinas?

Vídeo de las intervenciones de Horacio Calderón y otros panelistas

Programa “Zoom en la Noticia”, Cadena continental de TV NTN 24
Bogotá, Colombia, 17 de febrero de 2010

La exploración y probable explotación de hidrocarburos por parte de empresas británicas espacios marítimos adyacentes a las islas Malvinas, cuya soberanía pertenece y reclama la República Argentina, han generado nuevas tensiones, que según anticipa nuestro Director, Horacio Calderón, serán las más intensas y sensibles desde la guerra librada con el Reino Unido en 1982.

Participaron del debate junto a Hassan Nassar, director del programa, los analistas internacionales Ricardo García, Fabian Rodríguez, Aurelio Suárez y Horacio Calderón.

Ver en:  horaciocalderon.com Audio_y_videos o ntn24.com

Si bien parte del apocalíptico título de este artículo no apunta a definir a la Argentina como un Estado fallido en la actualidad (sería poco serio afirmarlo aplicando un estricto rigor académico), ni tal vez camino a serlo a muy corto plazo, lo cierto es que existen en el presente un proceso en desarrollo y las condiciones propicias existentes en otros casos que, de no revertirse, podrían llevar al país a un grado irreversible de desintegración nacional.

El grado ascendente de conflicto que la Argentina padece desde hace varios años, más allá de sus causas multifacéticas y multidimensionales, tanto internas como externas, permite sí afirmar sin ambages que ello es también consecuencia del irrespeto a la Constitución Nacional –piedra angular de nuestro sistema republicano– y la ausencia de aplicación de la ley y resguardo del orden por parte de los tres poderes constitucionales, en el marco de las responsabilidades que son específicas a cada uno de ellos. Resultaría injusto hacer referencia solamente al Poder Ejecutivo, dado el estado de servidumbre de muchos jueces y legisladores y el transfuguismo político de algunos gobernadores y otros servidores públicos, que se acercan o alejan del poder central –muchas veces dando la espalda al mismo orden constitucional-, si de salvar sus propios intereses se trata.

No forma parte de la idea de este documento analizar los antecedentes históricos de algunos Estados débiles, fallidos o en camino a serlo, ya que la Argentina y los argentinos en general tienen un sello distintivo propio que los diferencia de otros países.

No obstante, la Argentina carece en el momento actual de las condiciones que requiere todo Estado para arrogarse su condición de tal, a lo cuál se agrega un Gobierno comandado por una sociedad matrimonial y un núcleo reducido núcleo de fieles, que intentan aplicar políticamente la “teoría del caos”, sin otro objetivo que la acumulación de un poder que podría estallarles en las manos en cualquier momento.

Actualmente se percibe y comprueba en el terreno un altísimo crecimiento de la criminalidad y de la corrupción en los más altos niveles del Estado Nacional y de la mayoría de los Estados provinciales. Además, podría afirmarse prima facie, por los casos más recientes de adulteración de medicamentos, tráfico de efedrina con destino al narcotráfico, crímenes por encargo y otros gravísimos delitos que son de conocimiento público, que existe un severo compromiso entre el crimen organizado y agentes de la función pública situados a lo largo y a lo ancho de todos los niveles jerárquicos estatales.

Con tamaño ejemplo –y ello es además parte de las condiciones necesarias preexistentes para el debilitamiento progresivo de un Estado hasta que este quede destruido en su condición del tal-, es lógico esperar que la convergencia entre criminalidad y corrupción generalizada se haga extensiva a todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo a las instituciones que en condiciones normales deberían ser el basamento permanente de nuestro sistema republicano.

Un capítulo aparte es el manejo de la Economía y de los espurios manejos de los negocios del Estado por parte del Gobierno nacional, que dilapida el erario público para solventar agendas de organizaciones adictas y sujetos de siniestra reputación, quienes actúan desde hace años como fuerzas de choque paraestatales y gozan de todas las prebendas y hasta del más fluido acceso al más alto nivel oficial.

Asimismo, sería un insulto a la inteligencia negar que solamente con un alto grado de aquiescencia por parte del círculo gobernante de nuestro país, podría permitirse que algunas de tales organizaciones y sus líderes figuren también en las nóminas de pago de gobiernos como el de Venezuela y de Cuba, que orquestan y financian actividades en territorio argentino que responden exclusivamente a los objetivos políticos propios y exclusivos de estos actores estatales. Ello sucede, además, porque hay una clara intersección de agendas y acuerdos metodológicos entre algunos dictadorzuelos de la región y sus “aliados estratégicos” de la “sociedad en comandita por acciones” del matrimonio Kirchner y el círculo íntimo que comparte su proyecto de poder.

No obstante, uno de los problemas que enfrentan Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, es que la situación financiera actual les impide continuar alquilando o subsidiando a varios de sus antiguos aliados. La situación creada como consecuencia de esto es que se presenta para ellos el peor de los escenarios, que es ser enfrentados desde la extrema izquierda, por organizaciones que ambos Kirchner alentaron y subsidiaron conjunta y coordinadamente hasta hace poco tiempo.

El alto grado de deterioro de la cohesión social, avivado por la serie de conflictos alentados por el mismo matrimonio Kirchner y sus violentos operadores paraestatales, podría conducir en tiempos no lejanos a una situación caótica y fuera de todo control.

¿Pero es posible, más allá de la probabilidad de ocurrencia, que la sociedad Kichner intente generar una situación caótica, para luego reprimir y acumular un mayor poder? La respuesta a dicha pregunta es afirmativa, como también de mediana a alta la probabilidad de ocurrencia que intenten generar una situación de caos, para retirarse temporalmente con ese pretexto del escenario político del país y dejar tamaño legado a un débil sucesor, con el objeto de intentar luego un retorno triunfal. Otro escenario no menos probable, como culminación de las tendencias que se observan actualmente y si la situación evolucionara favorablemente –se entiende que con los Kichner manejando el caos y no sucumbiendo como consecuencia de él-, es que se intente anular la más mínima oposición y asumir el control total del poder. Restaría saber con qué tipo de pretextos lo harían, aunque dadas las arremetidas actuales en el marco de un supuesto “Estado de Derecho”, deberían caber muy pocas dudas sobre los probables desenlaces, si se diera tal hipotético plan.

El gran problema para el cumplimiento de sus planes, es que la visión de cabotaje del famoso binomio le impide percibir el peligro que implica generar una situación de caos político y social, que luego sería extremadamente difícil de controlar, por la dinámica de las variables que suelen participar en ese tipo de procesos.

Las condiciones básicas necesarias para conducir al país a un estado fallido están dadas sobradamente en la Argentina y son las siguientes:

Pérdida de la condición de “buen Gobierno”, algo que el país ha perdido progresivamente a través de las últimas décadas, situación hoy agravada por el irrespeto y atropello –según el caso– a muchas de las leyes vigentes por parte de las dos administraciones Kirchner.

Disminución gradual de la capacidad del Gobierno Nacional de ejercer debida y plenamente las funciones que le asigna la Constitución Nacional, como pilar de todo el edificio jurídico que asegura la vigencia del sistema republicano.

Autonegación por parte del Gobierno Nacional del derecho pero también de la obligación de preservar el orden público frente a la grave situación imperante, creando y/o manteniendo las condiciones para preservar la seguridad interior y la concordia entre los habitantes del país, sean estos nativos o extranjeros.

Degradación de la situación socio-económica, agravada por un alto nivel de corrupción y la actividad de organizaciones criminales enquistadas en todos los niveles estatales (de la Nación y las provincias), comenzando por el narcotráfico.

Desintegración progresiva del tejido social y aumento de la criminalidad común, del narcotráfico y del consumo ilegal de estupefacientes, estimulados por una doctrina penal afín a escuelas abolicionistas que privilegian al delincuente y desconocen los derechos de las víctimas y de los ciudadanos amenazados constantemente por maleantes.

Inmigración sin control ni programas de acogida por parte del Gobierno Nacional, que se concentra en los principales centros urbanos, con ciudadanos extranjeros que carecen muchas veces de trabajo fijo. Por ello y más allá del grado de criminalidad, una importante proporción de dichos inmigrantes resulta propensa a ser tentada para realizar actividades delictivas de todo tipo, estimulando el crecimiento perverso de la economía ilegal, que contribuye a su vez a la estabilización del sistema de corrupción.

Destrucción de los sistemas de defensa, seguridad e inteligencia, comenzando por el estado de desmantelamiento y destrucción progresivo –desde hace décadas– de las FF. AA., reducidas en la actualidad a una situación prácticamente irreversible, que podría impedirles cumplir con la más insignificante de las misiones para las cuales fueron fundadas en los albores de nuestra patria.

Las condiciones sintéticamente mencionadas, que son características de un Estado débil, fallido o en vías de serlo, no son las únicas, desde luego, porque en el caso argentino podría escribirse un verdadero tratado sobre todas y cada una de las mismas.

El proyecto de poder kirchnerista aparece así, por acción u omisión, como extremadamente funcional a los intereses foráneos y domésticos que no tienen otro objetivo que arrojar a la Argentina al cesto de desperdicios de la Historia.

Lamentablemente, la oposición política se encuentra en estado de fragmentación, como también padeciendo en algunos casos de un alto grado de relativismo moral, como el que han demostrado padecer, recientemente, algunos de sus principales actores.

El propósito de este breve trabajo es también finalmente exponer los lineamientos generales de la grave situación actual, con el único objeto de contribuir a discusiones sobre su contenido, con aquellos que pudieran interesarse en estudiar las respuestas más adecuadas, para intentar el quiebre de las tendencias actuales, en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes de la República.

Desde luego, la promesa del ahora presidente Obama de clausurar Guantánamo antes del 22 de enero de 2010, deberá sin mayores dudas transitar por un más que espinoso camino, que incluye principalmente aceptar o rechazar como pruebas las confesiones arrancadas a varios de los detenidos bajo tortura o métodos coercitivos. Métodos que no son ni lícitos ni legales, ni tampoco aceptables bajo ningún punto de vista por las principales convenciones internacionales con vigencia en la actualidad, aunque quienes confesaron, como en el caso de Khaled Sheik Mohammed, fueran algunos de los peores terroristas de los tiempos actuales.

La situación de una importante cantidad de ciudadanos chinos de origen uigur detenidos en el penal de Guantánamo, ha generado nuevas dudas sobre el grado de probabilidad de ocurrencia de las promesas de cerrar dicha cárcel en el plazo de un año, efectuadas en su momento por el todavía candidato Barack Obama, hoy ya presidente de los EE. UU.

Los uigures son una antigua etnia de origen turcomano, concentrada en la provincia china de Xinjiang, que no sólo anida sentimientos separatistas, sino también grupos terroristas afiliados en algún caso a la Red Al-Qaeda.

Unos de los principales problemas para el cierre de Guantánamo, es que no hay consenso en cuanto a trasladar a una importante cantidad de detenidos a territorio estadounidense, para que estos continúen bajo proceso en cortes situadas en este país.

No forma parte del objeto de este análisis incursionar más allá de la superficie en el verdadero enredo legal que implica resolver el caso Guantánamo, porque ni siquiera hay en la misma Casa Blanca –y ni hablar en la oposición-, un criterio sólido y unido sobre cómo enfrentar tan enmarañada trama de situaciones entre los detenidos.

Deben sin embargo señalarse dos hitos judiciales para todos los encausados, que se han constituido también en un problema para los tres poderes constitucionales de los EE. UU.: los casos “Boumediene versus Bush” y “Kiyemba versus Obama”. El primero logró que la Corte Suprema de los EE. UU. decidiera por 5 votos contra 4 que un detenido en Guantánamo tenía derecho a probar que no era un “combatiente enemigo”. Pero dejó sin embargo un intríngulis legal al no aclarar si tenía o no derecho a quedarse en los EE. UU. Esta última dificultad intenta resolverse con el caso Kiyemba –es decir el segundo hito-, agravado luego que el juez Ricardo Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, resolvió el 18 de octubre de 2008 que la detención de los uigures era ilegal. El 18 de febrero de 2009, la Corte de Apelaciones, en la resolución “Kiyemba v. Obama”, decretó que el juez Urbina había sobrepasado su autoridad. Pero asimismo, en el caso de los 17 uigures detenidos, determinó que “la rama ejecutiva ha determinado no permitir que estas personas entren en Estados Unidos”; pero este es un asunto a dilucidar por la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que Barack Obama no cambió la apelación de la Administración de George W. Bush contra la decisión del juez Urbina.

Los ciudadanos de origen uigur detenidos en Guantánamo constituyen en sí mismo un caso más que patético, entre el conjunto de dilemas políticos y legales a resolver antes de la fecha fijada por el presidente Obama. Cuatro uigures han sido ya trasladados a Bermudas, mientras que seis aceptaron vivir en la república de Palau (Mar de Filipinas). Hay uno de ellos, llamado Arkin Mahmoud, de 45 años, que sufre serios trastornos mentales, ningún país quiere recibirlo y un hermano suyo se negaba al menos hasta hace poco a abandonarlo y a viajar sin él a Palau, país en el que no habría tratamientos como el que necesita ese paciente.

Otros uigures esperan trámites similares, en medio de fuertes protestas de China, que desearía juzgarlos en sus propios tribunales o tenerlos bajo control –en el mejor de los casos– en su propio país. EE. UU. se apone a aceptar este último reclamo, temiendo por su seguridad, al igual que la de detenidos de otras nacionalidades que podrían sufrir torturas y/o o la pena de muerte en caso de regresar a sus países de origen.

El Congreso de los EE. UU. acaba de allanar en parte el camino de Barack Obama, permitiendo el traslado de algunos de los 220 detenidos en este momento en Guantánamo a prisiones dentro de territorio estadounidense, pero solamente para enfrentar procesos judiciales. No obstante, ha quedado también claro –aún entre tantas tinieblas “legales”-, que los procesados que fueran condenados no podrán permanecer en prisión dentro de los EE. UU., como tampoco aquellos que fueran declarados inocentes quedarse a vivir en el país.

Pero la corte Suprema también ha decidido que está dentro de su esfera de influencia determinar si los jueces tienen el poder de liberar a detenidos en Guantánamo dentro de territorio de los EE. UU. y hay grupos defensores de “derechos humanos que defienden este derecho, al igual que recibir compensaciones económicas. Esto es un retroceso para la Casa Blanca y el mismo presidente Obama, que defienden el derecho a que sea el Ejecutivo quien tenga la última palabra sobre permitir o no la residencia en los EE. UU. de los prisioneros liberados.

Quien escribe estas líneas discutió dichas pretensiones de algunos detenidos, durante una mesa redonda organizada este viernes pasado por una importante cadena de noticias con alcance continental de la televisión colombiana. Es que resultaría una contradicción otorgar la residencia en los EE. UU. a extremistas extranjeros de cualquier origen –aunque hayan perdido la condición de “combatientes enemigos”-, mientras se niega el mismo derecho a otros inmigrantes –incluyendo argentinos o de otros países de Ibero América”-, que se ganan la vida con honestidad y en muchos casos desde hace décadas sin conseguir tales privilegios.

Pero hay otro problema de una importancia más que trascendental que pocos analistas internacionales han abordado hasta ahora: el futuro de quienes podrían enfrentar la pena de muerte y su ejecución con métodos como la electrocución, el gas, la inyección letal, o tal vez otros utilizados por tribunales militares.

Khaled Sheik Mohammed, ideólogo y máximo planificador de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los EE. UU. y uno de los principales dirigentes de Al-Qaeda Central hasta su detención, es sin duda uno de los casos más emblemáticos a resolver vinculados no sólo al marco del “Acta de Patriotas” y a la condición de “enemy combatant” (“combatiente enemigo) que permitió su encausamiento, sino también a los métodos –considerados como torturas– que culminaron en su confesión.

Las incógnitas no son pocas:

¿Se aceptarán en las futuras cortes emplazadas en los EE. UU. –si finalmente se concreta el cierre físico de la cárcel de Guantánamo-, el cúmulo de pruebas arrancadas bajo torturas o apremios de otro tipo censurados por el mismo Obama?
¿Se aplicará la pena de muerte en casos como el de Khaled Sheik Mohammed, sobre cuya responsabilidad en los ataques del 11 de septiembre de 2001 no debería quedar duda alguna, al margen de los métodos utilizados para lograr su confesión?

¿Se preservará el precepto de los ritos islámicos para condenados a muerte antes de concretar la ejecución de alguno de los culpables?

¿Desatarán ataques terroristas y otros hechos de violencia los juicios de prisioneros en Guantánamo trasladados a los EE. UU. y la potencial condena a muerte de uno o más de los encausados?

El número de preguntas podría incrementarse, pero muy probablemente no pasarían de lo especulativo y tal vez no encontrarían respuestas concretas como las anteriores.

El próximo paso, ya que se espera en muy pocos días, es la decisión del Departamento de Justicia, que deberá decidir cuáles detenidos enfrentarán o no causas judiciales y, lo más importante, cuál será el tipo de corte que deberán enfrentar los acusados.

El caso Guantánamo es sin duda uno de los más cruciales para el presidente Barack Obama, que si bien defiende la institución jurídica del habeas corpus, podría verse obligado a deambular entre las pocas y riesgosas opciones que tiene entre sus manos.

Una de ellas es ser consecuente con su propia historia y con el núcleo ultraprogresista que lo catapultó a la arena política, que ahora en parte desconfía de sus intenciones. En este caso debería encuadrar a los detenidos en la ley penal actual, que podría llevar a la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo en Guantánamo.

La otra y más probable sería crear una especie de corte especial que tenga en cuenta las prioridades estadounidenses en materia de seguridad nacional, cambiando geográficamente de lugar a los detenidos y admitiendo las pruebas obtenidas por tortura u otras formas de coerción ilegales para su legislación actual.

En cualquiera de los casos, la decisión final del presidente Obama en cumplimiento de sus promesas electorales en el difícil caso aquí abordado, constituirá un hecho portador de futuro hacia una serie de nuevos, previsibles e inquietantes escenarios.

Pero si su rumbo llegara a encaminarse hacia la opción inclinada a preservar la seguridad nacional de los EE. UU., la conclusión sería que este Nóbel de la Paz sin haber logrado paz alguna para ganar dicho premio, sumaría a ese tipo de extraños “lauros” el haber fundado un gatopardísimo “Guantánamo sin Guantánamo”.

Una vez más la Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, Dra. Carmen Argibay acude a su histórica predilección de alentar discusiones sobre el aborto, aunque intentado ahora encubrir su posición a favor del crimen del niño por nacer, como si no tuviera una posición tomada desde hace muchos años.

Será muy probablemente acompañada –cabe agregar– por algunos de sus colegas.

Es que todavía resuena una vieja frase de la magistrada citada afirmando que la mujer tiene derecho a hacer “lo que quiera con su cuerpo”, como si el crimen de un niño por nacer pudiera equipararse a la extirpación de una molesta verruga.

Acude la nefasta  miembro de la CSJN al uso de conceptos afines a una moral o ética “de situación” y “de intención”, muy en boga actualmente, que desvirtúan o niegan la ética tradicional fundada en la ley natural. Mediante el uso de falacias intenta presentar un mal –es decir el aborto– como si fuera un bien, alentando la severa ruptura de la sociedad argentina con el orden natural y en consecuencia con el derecho natural y el derecho positivo que deriva de esos principios.

Nunca las circunstancias pueden hacer buena una acción que es intrínsecamente mala, como matar a un ser indefenso en gestación, pero pueden hacer mala una acción que era buena, o hacer peor una acción que era de suyo mala. Y si bien hay circunstancias que pueden cambiar la moralidad de un acto, querer que la valoración moral de un acto se deba sólo a las circunstancias, no es sino una “moral de situación” que nada tiene que ver con la ley natural, contra la cual Argibay parece estar doctrinariamente enemistada.

La situación se agrava por tratarse nada menos que de un miembro de la CSJN y no una de una simple opinóloga u opinólogo de los que tanto abundan en nuestro medio, pero quien desde su alto sitial introduce nuevamente de una manera sorda y subrepticia, el concepto de que no hay nada recto ni torcido allá donde la conciencia, solitaria y desligada de toda norma, sea independiente de la ley natural.

La encíclica «Veritatis splendor» del Papa Juan Pablo II afirma taxativamente: “Si el objeto de la acción concreta no está en sintonía con el verdadero bien de la persona, la elección de tal acción es moralmente mala”.

La posición de la Dra. Argibay encierra además una transgresión a sus funciones, al presionar como si estuviera en medio de una campaña política a los legisladores, para que estos aborden la discusión sobre el aborto, sin tener en cuenta  las leyes vigentes en la Argentina.

Es por ello importante recordar algunos aspectos desde el punto de vista legal en la Argentina:

La Ley Positiva

La República Argentina se cuenta entre aquellas naciones del mundo cuyo derecho positivo defiende la vida del niño por nacer y penaliza el aborto inducido prenatal con penas muy severas; aunque por la laxitud de quienes deben aplicar las leyes se realiza de manera clandestina y sin recibir las partes involucradas en ese crimen castigo alguno, salvo excepciones que de cualquier manera confirman la regla

El Código Civil

El Código Civil Argentino, define en su Título III, Art. 63 (De las personas por nacer): “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.” Y en el Título IV, Art. 70 (De la existencia de las personas antes del nacimiento): “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.”

La Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica

Además, la defensa de la vida del niño por nacer, desde el momento mismo de la concepción y hasta su nacimiento, tiene en nuestro país rango constitucional y se respalda también en el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra carta magna

Merecen un comentario aparte quienes promueven que el crimen del aborto hace a la esfera íntima de la persona, invocando que es una acción privada y que según la Constitución Nacional, el juicio compete a Dios y no a los magistrados. Cito: “Art. 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral  pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”. El problema es que los abortistas no reconocen que el feto sea una “persona”, ni un “tercero”, y  por ello marginan una cita constitucional muy clara que habla de no perjudicar a un “tercero”. Rechazan que el niño por nacer es un tercero y alguien con derechos adquiridos que son tan válidos y legítimos como los de un hombre o mujer maduros.

La pregunta que debería hacerse Argibay y quienes comparten sus puntos de vista es si el eufemísticamente llamado “producto de la concepción” es o no es un tercero, porque éste es el punto central de la cuestión. La respuesta es afirmativa; el niño por nacer sí es un tercero, ya que así lo ha demostrado la ciencia y en su condición de tal no puede ser perjudicado por las acciones privadas de los hombres. De lo contrario, sería una ofensa al orden y a la moral pública, como también un perjuicio a un “tercero”, quedando la acción de los criminales sujeta al juicio de Dios, pero también a la autoridad de los magistrados (Ver el Art. 19 de la Constitución Nacional, como también los Códigos Civil y Penal, y sacar las propias conclusiones).

Por otra parte, cualquier aprendiz de leyes sabe que  lo que no está prohibido está permitido (Art. 19 de la Constitución Nacional, segunda parte: “Ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”). Así, despenalizar el aborto inducido prenatal o como se llame al crimen del niño por nacer, abrirá las puertas para que más y más mujeres puedan disponer de la vida de sus hijos, bajo la misma cobertura legal que otorgan numerosas legislaciones en el mundo.

Dejando un poco al margen las disquisiciones falaces de los partidarios del aborto en nuestro país, lo importante es denunciar que su posición  es contraria al ordenamiento jurídico positivo argentino.

El derecho a la vida es el primero de los derechos y se encuentra implícito en el Art. 33 de la Constitución Nacional, pero señalado muy explícitamente en el Art. 29, porque sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho.

Si se interpretan correctamente los textos y el espíritu de la Constitución Nacional, se verá que el respeto a la vida  ha quedado explícitamente normativizado a partir de la reforma del año 1994, con el agregado de que conforme al Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, entre otros tratados, gozan de esa jerarquía la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción” (Art. 4.1.). Asimismo también goza de igual tratamiento la Convención de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas. Cabe destacar que  la República Argentina ratificó dicha convención mediante la ley 23.849, realizando  la reserva de que debe entenderse por “niño” a “todo ser humano, desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”. Asimismo, el Art. 75 inc. 23 establece como deber del Congreso “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental”.

Tanto la Constitución como los tratados citados amparan y protegen como bien jurídico al niño no nacido y no la libertad ni el derecho de la madre a hacer “lo que quiera con su cuerpo”, como propone Carmen Argibay.

Nuestra legislación había incorporado en el Art. 33 de la Constitucional Nacional estos principios, que respetan y defienden la intangibilidad de la vida desde la concepción, interpretando que en ese momento comienza la existencia de las personas, como sanciona magistralmente el Código Civil.

Además, al tener la reforma constitucional pocos años de vida, nadie puede de buena fe tildarla de obsoleta, ya que incluso enriquece derechos que son protegidos desde los primeros tiempos de nuestra legislación.

El Código Penal

Finalmente, el Código Penal, en el capítulo “Delitos contra la vida”, reprime en sus artículos 85 a 88 el aborto provocado ya que se trata del homicidio de un inocente. Esta norma será uno de los primeros blancos a atacar por los grupos abortistas, y las últimas  designaciones realizadas en la Corte Suprema de Justicia por parte del Gobierno Nacional, no permiten presagiar sino un difícil futuro para la defensa del derecho positivo vigente.

Nadie duda que el aborto existe en la Argentina, pero con el mismo y “brillante” criterio expuesto hace semanas por la abogada Carmen Argibay, habría que desincriminar los asesinatos, los secuestros, el narcotráfico y tantos otros delitos tipificados en el Código Penal, con la consecuencia de que las bandas criminales se hagan más dueñas de la calle de lo que lo son ahora en nuestra amada y flagelada Argentina.

Las Raices De Nuestra Legislación

Los partidarios del aborto no sólo niegan la existencia de un derecho natural que la conciencia humana puede leer con la luz de la razón, como propio y connatural de la obra creadora escrita por Dios en el orden natural; también buscan derogar el derecho positivo que es producto directo de los principios mencionados.

Asimismo, rechazan las realidades que nos enseñan los descubrimientos científicos en general y la embriología moderna en particular, que demuestran irrebatiblemente que el feto es un “tercero”, con un código genético propio, irrepetible y por ende distinto al de su madre. Lo hacen, incluso siendo ateos, llegando al ridículo de acudir a especulaciones medievales católicas (como la “animación retardada” del feto) que han perdido vigencia con el correr de los siglos y que hoy carecen de todo fundamento frente a argumentos científicamente probados.

Sería importante que abortistas como Argibay defiendan sus teorías y demuestren que el feto no es una persona, o que defiendan y demuestren que es lícito matar –o correr el riesgo de matar– a una persona por las razones que se invoca para justificar el aborto. Que digan abiertamente, si se atreven, y sin caer en falacias o eufemismos, que hay vidas más valiosas que otras, o que hay valores más valiosos que la vida de un tercero. Y si aceptan hacerlo, que saquen las consecuencias y las hagan públicas pero, por sobre todas las cosas, que sean coherentes (aunque ningún abortista lo es) y respetuosos con aquellos que no se dejan engañar.  Podría escribirse mucho sobre tales incongruencias, pero basta con señalar la oposición de casi todos los abortistas a la pena de muerte, incluyendo aquellas sentencias por crímenes más depravados, como también la defensa que hacen de los animales, nacidos o por nacer, como si la vida de un criminal abyecto o hasta un embrión de foca, fueran más importantes que la de un ser humano indefenso, cuya madre tiene en lugar de vientre una antesala del cadalso.

Resulta también sintomático de una baja calidad discursiva, afirmar que “descriminalizar el aborto no quiere decir mandar a abortar a todo el mundo” (Argibay dixit), ya que eso es un absurdo que supondría la extinción del género humano. Los argumentos a favor del derecho del niño por nacer son tan abrumadores, que pulverizan los de quienes sólo esgrimen falsos pretextos para dar a la mujer el derecho al aborto voluntario. El conjunto de eslóganes abortistas se enfrenta con aquella máxima normativa de sentido aristotélico, que afirma que “mil dificultades en contra no pueden anular o debilitar una demostración apodíctica”, es decir incondicionalmente cierta y que en este caso son todos y cada uno de los derechos que asisten al ser humano en gestación, desde el momento mismo de la concepción y hasta su nacimiento.

El derecho a nacer del niño en gestación es lo que Argibay intenta destruir, recurriendo y clamando hasta socarronamente el auxilio del Parlamento.

Tal vez haya llegado la hora que algunos estudios jurídicos especializados en Derecho Penal y que sean partidarios del derecho a la vida del niño por nacer determinen  si hay materia suficiente para demandar a Carmen Argibay y procurar su inmediata destitución.

Atentamente.

El presente trabajo no se limita exclusivamente a la situación generada con motivo de las bases colombianas, sino que abarca también la alta probabilidad de ocurrencia, a largo plazo, de una futura proyección estratégica militar estadounidense hacia el Atlántico Sur y hasta la misma Antártida Argentina. Proyecto que podría ser parte de una agenda no declarada aún públicamente por los EE.UU. y que, de concretarse, incluiría la instalación o uso de bases en territorios continentales  y/o espacios insulares de países vecinos, y/o aquellos usurpados a la Argentina por Gran Bretaña.

Uno de los países en que el caso Colombia podría replicarse posteriormente es Paraguay, donde no debería descartarse un futuro acuerdo estratégico para el uso de la controvertida base de Mariscal Estigarribia; este caso sería en principio de menor envergadura al que los EE.UU. acaban de firmar con el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, concretado en el marco de una relación bilateral de cooperación militar preexistente de larga data. Basada fundamentalmente en el “Plan Colombia”, encuentra tal relación militar bilateral una plena justificación en la necesidad de derrotar de manera definitiva al narcoterrorismo encarnado en organizaciones como las “Fuerzas Armadas de Colombia” (FARC), el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) y la autodenominada “Autodefensa de Colombia” (AUC). También, a los grupos de narcotraficantes que operan todavía en el país como remanente de los otrora poderosos carteles del tráfico ilegal de alcaloides, como así mismo a las fuerzas marxistas-leninistas, castro-comunistas y trotskistas que atentan contra la estabilidad del país y se expanden desde él a toda la región.

No obstante y al margen de lo expuesto ut supra, la firma de otros acuerdos de cooperación militar bilaterales de parecido tenor en la región –por ejemplo con Paraguay-, permitiría confirmar que se trata de un eslabón más de la proyección estratégica estadounidense en el Atlántico Sur, hasta alcanzar la región antártica y el mismo Polo Sur.

Quien escribe estas líneas, también pudo tomar conocimiento de manera fortuita, años atrás, sobre la existencia de estudios de prefactibilidad por parte de grupos inversores extranjeros, que parecían interesados en el desarrollo de un puerto de gran magnitud en La Paloma o en algún otro punto con aguas profundas de la costa de Rocha en Uruguay, incluso más cercano a la frontera con Brasil que el primer lugar mencionado.

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2-) Eso no hubiera llamado mayormente la atención, si en una de las “exploraciones” y sondeos realizados, no hubieran intervenido especialistas vinculados con al menos una firma consultora estadounidense de importancia global, dedicada a proyectos especiales en los campos de la defensa y la seguridad internacionales. También, de operaciones de inteligencia encaradas por “contratistas” de agencias gubernamentales que, por razones obvias, no pueden intervenir de manera directa en los países blanco para tal tipo de estudios e investigaciones.

Si bien al exponer su preocupación por cualquier presencia militar extrarregional en América del Sur, este autor ha mencionado en diversos medios de comunicación, a nivel hipotético y desde 2005 la probabilidad de instalación de una futura base estadounidense en el Uruguay, optó por no hacer públicas las bases de dichas sospechas, a la espera de mayores indicios de la potencial existencia de planes orientados a concretar este tipo de desarrollos.

El tenor de ciertos documentos estadounidenses que han tomado estado público recientemente, como el “White Paper — Air Mobility Command — Global En Route Strategy”1, arroja más luz sobre las presunciones arriba mencionadas, acerca de una futura expansión de las bases colombianas hacia el Atlántico Sur y con alcance hasta el sector antártico.

Con respecto a la cuestión de los plazos potenciales para tal  proyección estratégica estadounidense, cabría agregar que si la base aérea colombiana de Palanquero estará operativa en 2025 –según se anuncia oficialmente-, cualquier expansión posterior como la que aquí se comenta, sería probablemente viable en años posteriores. Sin embargo, tales plazos podrían adelantarse bruscamente en caso de mediar el estallido de una conflagración regional, que los actores estatales involucrados deberían evitar a toda costa, junto a los pretextos que justifiquen futuras intervenciones extrarregionales. Planes desestabilizadores en la región como los desarrollados por el presidente de Venezuela, ya descriptos, no son sino actos casi formales de invitación para una expansión de la presencia militar extrarregional en teatros de operaciones allende Colombia.

Pero de eso trata precisamente la ciencia de la prospectiva a la que los hacedores de decisiones deberían acudir más a menudo: determinar los grandes escenarios del futuro, con el objeto de adoptar políticas de Estado acordes a las tendencias que conducen a ellos y que cuenten con una mediana a alta probabilidad de ocurrencia.

El Acuerdo Militar Entre Los EE.UU y Colombia

Aunque todavía no se conoce Álvaro Uribe brinde en la próxima reunión de la UNASUR mayores detalles que los expuestos a la Presidente Cristina F. de Kirchner durante su reciente visita al país.

No obstante, el meollo de la cuestión y del escándalo desatado –al margen de los derechos soberanos que permitieron su firma al gobierno de Alvaro Uribe-, no radica tanto en las bases militares mismas, sino en la naturaleza de los documentos estadounidenses en el marco de los recientes acuerdos, que tienen como eje regional al Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. Parece ser ello sólo una parte de la gigantesca expansión de los objetivos para los próximos quince años, consistentes en asegurar la mayor capacidad estratégica de movilidad global aérea en ruta (“Global En Route Strategy”) para las fuerzas armadas estadounidenses.

1– au.af.mil

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3-) América Latina no es una prioridad inmediata como otras regiones altamente hostiles y/o inestables del mundo, que podrían requerir en un futuro no muy lejano un esfuerzo aerotransportado masivo hacia teatros de operaciones bélicas en Asia, Corea, Africa, Eurasia e Indonesia, como afirma el documento mencionado sobre movilidad aérea.

Desde luego y descartando derechos aceptados por la misma presidente chilena Michelle Bachelet y hasta su colega uruguayo Tabaré Vázquez, la plataforma territorial colombiana –y también sus espacios marítimos llegado el caso-, no sólo permitirían cumplir con las misiones estratégicas brevemente mencionadas en materia de movilidad a escala global, que son ya semipúblicas, sino de hecho convertirse también en un importante espacio de operaciones en toda la región, si las circunstancias políticas así lo aconsejaran.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, tiene una enorme responsabilidad en lo que acaba de suceder con la extensión y nuevo alcance de los acuerdos militares bilaterales entre Colombia y los EE.UU. No sólo ha montado una extensa red subversiva, para desestabilizar especialmente aquellos gobiernos de la región que no están de acuerdo en cooperar con sus planes de fundar un megaestado en los antiguos territorios de la Gran Colombia soñada por Simón Bolívar. También interactúa con organizaciones narcoterroristas como las FARC para atacar al gobierno de Alvaro Uribe; respalda grupos etnoterroristas como las que operan en Perú y en este caso en una estrecha alianza con su par boliviano Evo Morales; mantiene una alianza estratégica con Irán que incluye al movimiento terrorista Hizballah, a quienes facilita el territorio venezolano para desarrollar acciones que pueden culminar en atentados terroristas en blancos de la región; y ha contribuido a debilitar la lucha contra el tráfico ilegal de alcaloides, alentada entre otras causas por el alto nivel de corrupción en su Gobierno. Como si eso no bastara, ofreció a Rusia el territorio de su país para instalar bases similares a las que ahora reprocha a Colombia, mientras dilapida sumas siderales de dinero comprando armamento al primer país, que a su vez y paradójicamente abona con los jugosos dividendos que obtiene con los negocios petroleros que realiza con sus socios “pitiyanquis”.

En cuanto a la temida relación y actividades conjuntas con Irán, el punto en común más importante que puede unir las agendas de mandatarios como Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad y sus mandantes dentro de la conducción clerical extremista chiíta duodecimana, es la aversión mutua a la agenda política internacional de los EE.UU. y sus aliados.

Con todo ello, ha servido en bandeja de plata los pretextos necesarios para que el acuerdo sobre las bases en entredicho culminara incluso fortalecido. Ha quedado fertilizado así el terreno para que cualquier acontecimiento de envergadura, mutatis mutandis, permita desencadenar en un futuro una intervención militar estadounidense en cualquier lugar de América Latina.

Dejando por un momento al margen la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, que de hecho constituyen graves amenazas que todos los gobiernos de la región deberían enfrentar mancomunada y coordinadamente, el sismo creado por la firma de los acuerdos con Colombia tiene su epicentro en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, que algunos países y especialmente Brasil perciben –no sin razón– que ponen en peligro su seguridad nacional.

En realidad, todo parecería indicar que el blanco final de la estrategia estadounidense a largo plazo no sería Venezuela sino Brasil. Pero mientras Hugo Chávez utiliza el pretexto de las bases y aparenta batir tambores de una guerra, como parte de maniobras de distracción en el desastroso frente interno de su país, su inteligente colega Luiz Inacio da Silva pergeña la estrategia dirigida a mitigar daños futuros sin levantar mayormente la voz ni la polvareda.

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4-) Analizando la situación desde el prisma de la geopolítica, así como EE.UU. derrocó a Saddam Hussein y ocupó Irak, paso previo a provocar un cambio de régimen en Irán (como afirmó esta autor en la conferencia dada en el Ministerio de Defensa en el marco del Proyecto RAEM en 2007), no sería tampoco descartable que se intente crear un anillo similar en torno a Brasil. Tal vez para cambiar un determinado régimen político y/u ocupar parte de su territorio en un futuro, dado que la Amazonía brasileña o parte de ella se encuentra en peligro por ser un blanco apetecible permanente. Pero por sobre todas las cosas –y sería ingenuo dudar sobre esto-, con el objeto de limitar el acelerado crecimiento y también la proyección continental y global del Brasil como potencia emergente de primer orden.

La integración de Brasil en el llamado “Grupo BRIC”, junto a Rusia, la India y China, convierte de manera automática a este país en un actor estatal de gran importancia en la arena mundial, cuya gravitación los EE.UU. intentarán controlar con todos los medios a su alcance.

La importancia estratégica de la base colombiana de Palanquero

Tal vez no puedan conocerse oficialmente los aspectos más confidenciales de los acuerdos de los EE.UU. con Colombia, que incluyen siete bases consideradas “centros operativos de avanzada”, traducción de “Forward Operating Locations” (FOLs) y “centros de seguridad cooperativa”, que viene a su vez de “Cooperative Security Locations (CSLs).

Afirma asimismo y cándidamente la documentación estadounidense consultada, con referencia  a Palanquero, que el Comando Sur se ha interesado en establecer un lugar en América del Sur, que pueda ser utilizado tanto para operaciones antinarcóticos, como para contar con una base desde la cuál estén en condiciones de ser ejecutadas operaciones de movilidad aérea, obviamente globales2.

Es en ese punto donde Palanquero cobra primordial importancia, conjuntamente con su aeropuerto “Germán Olano”, identificados como un “centro de seguridad cooperativa” en “misión actual”. Según acredita el Pentágono, el presupuesto base para el proyecto de desarrollo de dicha base colombiana asignado al año fiscal 2010 es de 46 millones de dólares estadounidenses3. No se conocen todavía las cantidades anuales estimadas a desembolsar para los años subsiguientes a 2010, como tampoco el monto total de un proyecto que se pretende  terminar en 2025.

Según el “White Paper” citado, Palanquero permitiría cubrir la mitad del continente sin necesidad de reabastecimiento aéreo, utilizando los aviones de transporte militar pesado “C-17 Globemaster III”. Además y según las estimaciones de dicho documento, si se contara con la disponibilidad del combustible apropiado hasta su destino, los C-17 podrían cubrir enteramente el continente, exceptuando la región del Cabo de Hornos en Chile y la Argentina. También se aclara, por si quedaran más dudas, que hasta el momento en que el Comando Sur establezca un plan de empeñamiento más sólido en este teatro de operaciones, la estrategia de poner un “centro de seguridad cooperativa” en Palanquero debería ser suficiente para alcanzar la movilidad aérea en América del Sur4.

2 –Ibídem.
3 –Pentágono, “DoD FY 2010 Budget Request Summary Justification”, con acceso web en:defenselink.mil
4– Op. cit.

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5-) No se elabora sin embargo qué sucedería con los aviones de combate que despeguen de Palanquero y otras bases, en caso de una guerra declarada en la región, ni tampoco con el resto de las fuerzas armadas, especiales y de seguridad estadounidenses establecidas en las bases colombianas, si se desatara en su plena conjuntez todo el poder militar necesario por parte de los EE.UU.

La periodista Eleonora Gosman del diario Clarín, en un artículo titulado “Brasil teme que el acuerdo con Bogotá amenace al Amazonas” abordó hace días y con acierto parte de las conjeturas aquí analizadas, agregando irónicamente que para la región hay una “tranquilidad” que se extenderá hasta 2025, fecha en que estaría plenamente operativa la base de Palanquero.

Pero el proyecto americano también aclara que la estrategia establecida por el Comando Sur para alcanzar los objetivos generales señalados de la “movilidad en ruta” no puede ser estática, y que debe adaptarse a cambios en las prioridades nacionales, al paisaje político y a las restricciones fiscales. Para ese fin recomienda que cada dos años dicho Comando realice una revisión de la estrategia y que con esos resultados podría continuar con ella, ajustarla a  recomendaciones o a una puesta a punto basada en requerimientos cambiantes. En síntesis, Palanquero o cualquier proyecto de desarrollo similar de bases en o fuera de Colombia, podrían acelerarse y terminarse mucho antes en caso de guerra o previsiones de conflictos de alta intensidad.

Debe quedar muy claro que la decisión del gobierno de Alvaro Uribe de firmar los acuerdos con los EE.UU., queda plenamente justificada frente al conjunto de amenazas que enfrenta Colombia y que concretarlo forma parte de sus derechos soberanos inalienables.

Un capítulo aparte es la alta probabilidad de ocurrencia de nuevos acuerdos bilaterales de cooperación de los EE.UU. con otros países de la región, lo cual podría poner en peligro la soberanía nacional de la Argentina, si se dieran las condiciones y/o pretextos para que se desencadene una intervención militar directa.

Hipotesis Sobre Nuevas Bases Estadounidenses En La Región

Otro de los eslabones fundamentales de la estrategia de “movilidad” que podría llegar hasta el Polo Sur (¿nuestra Antártida en peligro?) por parte de los EE.UU., sería muy probablemente la Base Militar paraguaya Mariscal Estigarribia, ya mencionada, que en caso de un acuerdo podría cobrar tanta importancia como la que se encuentra en desarrollo en Palanquero.

Así como el actual presidente venezolano, por las breves razones ya mencionadas, cooperó sensiblemente para que Colombia profundizara aún más sus compromisos militares con los
EE.UU., Paraguay es sin duda alguna uno de los mayores centros criminales de América del Sur, conjuntamente con algunas ciudades limítrofes e interiores del Brasil y, en menor medida, de la Argentina5.

No en vano el presidente de Brasil Luiz Inacio Da Silva está realizando importantes esfuerzos para combatir el crimen organizado doméstico, vecino y transnacional, y también muy sutilmente contra el terrorismo islamista que irradia la Triple Frontera, dentro de las grandes limitaciones de todo orden que enfrenta desde el punto de vista político, diplomático, estratégico y táctico-operacional.

Cfr. Calderón Horacio, “Terrorismo y Crimen organizado en la Triple Frontera”, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007, con acceso web en: Horacio Calderon — Articulos

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6-) Uno de los principales objetos de ese capítulo de la estrategia brasileña, que muy probablemente continuarán los próximos presidentes, es restringir la capacidad de maniobra de los EE.UU., e impedir que pueda sentar sus reales en Paraguay, so pretexto de terminar con las amenazas del crimen organizado y su convergencia con el terrorismo regional y extracontinental.

Resulta muy probable que el perspicaz presidente Da Silva, al igual que Itamaratí, una de las cancillerías históricamente más calificadas a nivel mundial, sospechen que si se dieran los pretextos necesarios, como los que otorga Hugo Chávez desde Venezuela, podría quedar colocada en Paraguay una pieza más en la maniobra de cercado de su territorio (percepción similar a la de Rusia en cuanto a la OTAN), aunque públicamente las relaciones bilaterales con los EE.UU. aparezcan más cordiales de lo que realmente son.

La virtud del presidente Da Silva ha sido comprender precisamente que el combate contra las amenazas multifacéticas y multidimensionales representadas por el narcotráfico y toda forma de criminalidad organizada en la región de la Triple Frontera, no implica aceptar imposiciones de los EE.UU., sino por el contrario defender su propia soberanía nacional. Porque la Soberanía, que es la autoridad suprema del Estado, podría desaparecer por sí sola si no se contara con los recursos humanos y materiales necesarios para proveer a la defensa y seguridad de su país, como cuando las fuerzas de seguridad y policiales del Brasil quedaron prácticamente sitiadas hace pocos años por las organizaciones narcocriminales, tanto en destacamentos como en otras instalaciones fijas de algunos Estados.

Si algunos países de la región permitieran el crecimiento de todo tipo de amenazas criminales contra su defensa y seguridad dentro de sus territorios soberanos, y como consecuencia de ello quedaran al borde del colapso, podrían verse obligados en un futuro a imitar el ejemplo de Colombia. Es decir, firmar tratados o acuerdos bilaterales de asistencia militar que incluyan tropas extranjeras en su territorio para preservar su continuidad histórica. Debe tenerse en cuenta que la instalación y/o expansión de bases militares existentes, muchas veces van acompañadas por beneficios económicos, no sólo para el Estado huésped, sino también para la actividad privada que incluye todo tipo de comercios que proliferan en torno a ellas.

Continuando con el mismo razonamiento y experiencias observadas por este autor en otras latitudes, si se brindaran los pretextos suficientes, dados gratuitamente o como consecuencia de graves errores de discernimiento o cálculo político (caso Saddam Hussein en Irak), podría desatarse la intervención de una potencia extrarregional –con o sin aliados– en contra de uno o más países de Ibero América y/o del sur del continente.

En cuanto a la Argentina, de suscitarse una situación caótica interna fuera de control, que afectara intereses estratégicos extrarregionales u otorgara simplemente los pretextos necesarios, podría quedar libre el terreno para una intervención militar foránea directa y sin permiso alguno; y en lo que a nuestro país respecta, no necesaria y exclusivamente por parte de los EE.UU.

Volviendo al gran teatro de América de Sur, la combinación de factores como un Estado reacio a aceptar los compromisos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, sumado a la utilización de esas organizaciones como palancas para intervenir en los asuntos internos de otros países por razones de orden geopolítico, y no necesariamente ideológicas, no son sino una generosa invitación a la presencia militar extrarregional.

El autor de este trabajo compara por ello regularmente –salvando diferencias entre ambos casos– la relación entre el gobierno venezolano y las FARC en su permanente confrontación con Colombia, con la que mantiene históricamente Paquistán con el movimiento Talibán y numerosos grupos terroristas musulmanes, utilizados como instrumentos por este último país en sus históricos litigios con la India y Afganistán.

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7-) Los temores de Brasil tienen plena justificación; dependerá en consecuencia del desarrollo de una gran estrategia de seguridad nacional basada en políticas de Estado, que este país logre prevenir las consecuencias de cualquier maniobra de cercado de su territorio soberano.

Debe tenerse en cuenta además, que la sospechada proyección estadounidense hacia el Atlántico Sur –con una base en territorio continental de algún país vecino de la Argentina o tal vez una isla-, podría colisionar con los intereses geopolíticos permanentes de Gran Bretaña, potencia ocupante de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes. Salvo –claro está-, que como en el caso de la Isla de Ascensión y otras bases, no mediara un acuerdo previo entre ambos viejos aliados atlantistas.

No sería la primera ni la última vez que EE.UU. y  Gran Bretaña se enfrentaran en defensa de sus intereses geopolíticos en América del Sur y específicamente en cuanto a la Argentina, como sucedió en las postrimerías del gobierno peronista derrocado en 1955. Ni tampoco que funcionaran como estrechos aliados, tal lo ocurrido durante la guerra entre nuestro país y Gran Bretaña en 1982, en que la Casa Blanca hizo trizas –previsiblemente– el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR). Este hecho constituyó el punto de partida del proceso de defunción todavía no aceptado de la Organización de Estados Americanos (OEA), con ese tratado traicionado tanto en su espíritu como en su letra. Institución –la OEA– “capturada” actualmente por los principales socios presidenciales del ultraizquierdista “Foro de Sao Paulo”: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, como  también por el mismo Secretario General del alto organismo interamericano, José Miguel Insulza.

Chile sería para esos probables planes de expansión estadounidense un capítulo aparte, porque dicho sea de paso tampoco ha abandonado su propio sueño de proyección bioceánica, que incluye una pretendida soberanía marítima e insular en el llamado “Arco de las Antillas del Sur”, conjunto de pequeñas islas que forman un ambiente específicamente argentino, que une nuestro extremo continental con el área de la Península Antártica que por derecho nos pertenece.

Un riquísimo botín, el arriba mencionado, del cual que muchos actores estatales desearían apoderarse, más allá de lo que ya ha adquirido por la fuerza Gran Bretaña. Es que las riquezas naturales a defender de la Argentina no se agotan en nuestros reservorios acuíferos, ni en nuestra plataforma marítima, ni tampoco en el sur profundo de nuestra Patagonia, sino que llegan también hasta las heladas tierras y mares que constituyen nuestra Antártida.

¿Es Uruguay Otro Eslabón En La Probable Cadena De Bases Estadounidenses?

Lo dicho a título de introducción sobre el potencial papel de Uruguay como último eslabón en la cadena de proyección estadounidense hacia el sur, es algo que debería estudiarse con bases empíricas más sólidas que lo anteriormente expuesto.

La instalación de un puerto de aguas profundas en el Uruguay en las décadas por venir, debería contar con la máxima capacidad multimodal posible, porque eso es lo que identifica los grandes proyectos estadounidenses en desarrollo. Si uno intentara compararlo con un modelo actual, por ejemplo, este se aproximaría a la base de Rota en España. En la actualidad es un puerto naval militar de uso compartido, que sirve como lugar de paso para aviones de carga “C-5 Galaxy”, “C-17 Globemaster III”, navíos de guerra y buques de todo tipo de EE. UU. y otros países pertenecientes a la OTAN, que lo usan para repostar.

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8-) A título exclusivamente referencial y con un perfil más futurista, podría citarse el monumental proyecto de Iwakuni en la costa de Aki, Japón, que según el Pentágono permitiría realizar transbordos de barco a aviones o viceversa, maximizando el espacio limitado disponible en ese teatro. En el caso japonés la ventaja radicaría en que el combustible para los aviones sería descargado desde barcos dentro de los confines de la base, reduciendo significativamente los riesgos de seguridad existentes en otros lugares.

Cuando arreciaban las tensiones creadas por el conflicto no resuelto con la pastera Bosnia y las asimetrías existentes en el Mercosur, crecieron también los rumores sobre una ruptura del Uruguay con el organismo regional, junto a amenazas de negociaciones para arribar a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU.

Si en un futuro llegara a presentarse un escenario de tales características –aunque por el momento pueda apreciarse como de baja probabilidad de ocurrencia-, Uruguay buscaría contar con los acuerdos extrarregionales de seguridad necesarios, con el objeto de evadir el peligro de convertirse nuevamente, aunque fuera de facto y no de jure, en una versión actualizada de la antigua “Provincia Cisplatina”. Es que el hermano país oriental debería temer más al ascendente y poderoso Brasil que a la Argentina, cuyas fuerzas armadas están siendo reducidas a chatarra y si esta situación no se revirtiera, tampoco estaría en condiciones de disuadir militarmente cualquier intento de alteración de la histórica condición de Estado “tapón” del Uruguay entre sus dos poderosos vecinos.

Esa suerte de necesidad de contar con un patronazgo protector extrarregional por parte de Uruguay, coincidiría con los intereses estratégicos estadounidenses y sus planes de desarrollo de nuevas bases aliadas, en el marco de una dura competencia por el poder –también global-, entablada primariamente contra los actores estatales enrolados en el desafiante Grupo BRIC. Ello, sin mencionar un segundo pelotón de países que ha comenzado a surgir hace tiempo en el horizonte de la arena mundial.

Una proyección estratégica hacia el Polo Sur por parte de los EE.UU. no es una simple construcción intelectual, sino uno de los objetivos altamente probables de esa superpotencia para un futuro. Los plazos hipotéticos para su concreción dependerán, también probablemente, de factores que no resulta posible establecer –por su complejidad– en el presente ensayo.

La Argentina debería tener en cuenta muy especialmente los riesgos y amenazas a los que podría enfrentarse si prosperara la proyección mencionada hacia el mismo Polo Sur; no sólo en lo que concierne a la defensa de nuestros vastos recursos naturales, acuíferos, pesqueros, etc., sino también a la potencial y definitiva pérdida de territorios y espacios marítimos y aéreos.

Deberían analizarse indicios existentes y hechos portadores de futuro relacionados con ese objetivo, aunque estos últimos parezcan poco relevantes en la actualidad. Asimismo, monitorear de manera permanente la factibilidad real de un proyecto de tal magnitud y de comprobarse el mismo determinar el grado de probabilidad de ocurrencia, aunque su concreción pudiera hacerse realidad más allá de 2025. También, suponiendo y esperando que la Argentina no ingrese en un estado de desintegración territorial mucho tiempo antes y quede ya para ese entonces poco o nada vital que defender.

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9-) Los Sospechosos Objetivos De La Arremetida Etnoseparatista Mapuche

A las amenazas y riesgos anteriormente mencionados se han sumado durante los últimos tiempos –como serio factor de desestabilización-, las acciones desarrolladas por activistas mapuches, mediante la ocupación de tierras que incluyen la toma de propiedades fiscales y del Ejército Argentino, entre otras acciones al margen de la ley.

Las organizaciones mapuches que tantos escándalos y atropellos han cometido recientemente en la argentina y Chile, deben encontrar una firme respuesta jurídica a su intento de erigirse en un “pueblo originario” de la Argentina, cuando en realidad eso se opone a la realidad histórica de la Patagonia. Esto ha sido muy bien reflejado –entre otros autores– en un estudio del entonces oficial del Ejército Juan Domingo Perón, escrito entre 1935 y 1936, en el que trata el idioma de los indios araucanos originarios de la región patagónica1. Brevemente y para explicar su falta de derechos como “pueblo originario”, resulta suficiente recalcar que los araucanos, a quienes hoy se denomina “mapuches”, ingresaron a la Argentina como invasores desde Chile en 1830, respaldados por fuerzas de este país y cuando el nuestro ya era una nación independiente.

Este escrito no pone en duda los derechos individuales de los mapuches como ciudadanos argentinos de varias generaciones, en igualdad de condiciones a los descendientes de españoles, italianos, galeses y de otras nacionalidades. Pero resultan bajo todo punto de vista inaceptables las reivindicaciones territoriales y hasta aquellas de índole separatista que intentan esgrimir, sin derechos históricos ni títulos jurídicos, transgrediendo gravemente las leyes y alterando el orden público en cuanta oportunidad se presenta a varios de sus dirigentes.

¿Por qué este apartado tan especial y largo sobre los mapuches en un trabajo sobre una potencial intervención  militar extrarregional en la Argentina en un futuro lejano, sea esta unilateral o de una alianza del momento?: Por aquello de que “más vale prevenir que curar” y aunque el planteo resulte aún un tanto “futurista”, debería tenerse en cuenta que cualquier situación fuera de control manejada en un futuro por la minoría indígena mapuche de origen foráneo y sus aliados exteriores, podría poner a la Argentina bajo el peligro de que sean aplicadas sanciones según el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza militar.

Diferencias al margen, un peligro similar corrió nuestro país décadas atrás, cuando la organización terrorista autodenominada “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) intentó apoderarse de la provincia de Tucumán, con el objeto de declararla luego “zona liberada” y pedir el reconocimiento como Estado independiente por parte de la ONU.

Debería en consecuencia evitarse el reconocimiento de los mapuches como “pueblo originario” de nuestro país, sencillamente porque no lo son, a efectos de desactivar con la debida anticipación el crecimiento de esta nueva y singular amenaza para la defensa y seguridad de la Nación, frente a reivindicaciones carentes de todo derecho y que son violatorias de la Constitución y de las leyes fundamentales de la República Argentina.

El despliegue internacional de los denominados mapuches -“pueblo originario” de origen chileno y no argentino, que fue responsable del genocidio de los tehuelches, que sí eran originarios de nuestro país y a quienes ocuparon muchos territorios-, permite suponer que existe una coordinación exterior de sus acciones. En qué medida intervienen en ello servicios de inteligencia extranjeros y corporaciones dispuestas a utilizar las causas esgrimidas por los “pueblos originarios”, como sucede en otros países, para hacerse con el control de recursos naturales, es algo que deberían investigar nuestros propios servicios de inteligencia y seguridad en el marco de la legislación vigente.

1 -“Toponimia Patagónica de Etimología Araucana” (Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación), Imprenta Julio Kaufman, Buenos Aires, 1952

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10-) Una mención aparte merece el hecho de que  el gobierno chileno habría descubierto nexos de organizaciones mapuches domésticas con las FARC, e incluso con extremistas enrolados en la organización internacionalista vasca “Askapena”, nacida en 1987, que opera también en Bolivia, Uruguay, Venezuela y Cuba, entre otros países.

Cabe señalar que se trata nada menos que de informaciones oficiales del gobierno socialista de Michelle Bachelet y no del de Alvaro Uribe Vélez, a quien tanto se cuestiona por su guerra contra las organizaciones narcoterroristas que operan en su país y también desde bases en países vecinos como Venezuela y Ecuador.

Si llegaran a darse las condiciones propicias, las acciones etnoseparatistas mapuches podrían pasar del bajo nivel de violencia actual en la Argentina, menor al que se observa estos días en Chile, a fases de lucha más cruentas, incluyendo el uso de tácticas terroristas.

El debilitamiento de la defensa nacional de la Argentina, acompañado también por el de su seguridad interior, sería no sólo una invitación para que operen dentro de territorio argentino actores estatales y no estatales que nos amenazan con base en la región y hasta en países limítrofes; también el mediano a alto grado de probabilidad de ocurrencia de que veamos una suerte de Palanquero mucho más cerca y rápido de lo que pueda pensarse.

El presente trabajo quedaría inconcluso, si no se expresara la preocupación y angustia que produce el debilitamiento de nuestro poder militar, que ya ni siquiera es disuasivo. Tal situación  exige perentoriamente el fortalecimiento urgente del sistema de defensa, que se encuentra en proceso de virtual demolición, acelerado a partir de la reciente reducción presupuestaria.

Uno de los principales puntos de partida y que debe citarse aunque no pertenezca al sector de la defensa sino al de seguridad interior –extraña división propia de la agenda política del presente Gobierno al nivel de la Presidente y Comandante en Jefe y no de niveles inferiores-, es sin duda quitar a cualquier potencia extrarregional el más mínimo pretexto para establecerse cerca de nuestras fronteras, cumpliendo por nuestra parte con todos los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La Argentina debería tal vez entonces y desde su propia identidad nacional, imitar las decisiones inteligentes del presidente Luis I. Da Silva; no la estrategia y actitudes perniciosas de su par venezolano Hugo Chávez Frías, que tanto daño le siguen causando a la seguridad regional.

Lamentablemente, dichas “zonas liberadas” existen en la ciudad de Buenos Aires y en todas y cada una de las restantes del país, sin distinción alguna de zonas o sectores sociales, aunque el riesgo de los jóvenes que son blanco de los traficantes crece exponencialmente en sectores carentes de recursos para la prevención y/o posterior rehabilitación del adicto.

Casi todos los procedimientos exitosos contra el narcotráfico, como secuestros de cantidades importantes de drogas y detenciones de criminales vinculados a esta actividad, están por lo general vinculados a cargamentos destinados al exterior. Por el contrario, no hay mayores registros de allanamientos y secuestros de drogas destinadas al consumo interno. Estas se expenden fácilmente y hasta se consumen en lugares públicos, como plazas y lugares de esparcimiento, gracias a la protección que reciben los narcotraficantes por parte de quienes deberían dedicarse a combatirlos. A buen entendedor, pocas palabras…

Sería realmente de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar el tráfico y consumo de drogas en la Argentina.

Es que parece no haber pasado el tiempo desde que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto lo que hoy es conocido como “modelo de Thomas Schelling” sobre el crimen organizado en los EE.UU. Schelling, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, sostenía por ese entonces que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar a dicha frase del “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados en esa frase de su conocido modelo, y que todavía facilitan y/o protegen las actividades de las mafias estadounidenses.

Completado así el concepto, dicho “modelo Schelling” podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en en la Argentina, donde el problema es tan grave, que su solución requiere un verdadero cambio de paradigma, y no solamente una transformación radical de las magras políticas antinarcóticos actuales.

A la luz de las principales tendencias observadas, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico y consumo doméstico de drogas ilícitas cuenta con baja probabilidad de ocurrencia.

La tarea a encarar no será para nada fácil, y no podrá llevarse a cabo sin estar preparados para enfrentar una alta cuota de sacrificios –incluyendo no sólo amenazas sino también crímenes-, gracias a que los grandes “padrinos” de la mafia “criolla”, que manejan y se benefician con tan tenebroso negocio, están históricamente enquistados en los más altos niveles del Estado.

Atentamente.

Mis fundamentos sobre la pena capital,aplicada a los culpables de delitos gravísimos contra la sociedad, encuentran como principal escollo para su concreción que la mayoría de los gobernantes y la Justicia argentinos han carecido y carecen de la virtud de la Prudencia; sin ella la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona se torna un acto intrínsecamente ilegítimo.

Durante mucho tiempo he consultado un abundante material sobre la materia, incluyendo los argumentos presentados en contra de la pena de muerte –como los escollos constitucionales vigentes en virtud del reconocimiento de los pactos supranacionales incorporados a la Carta Magna-, cuya sola sinopsis excedería sin duda los límites tolerables de la presente declaración.

La doctrina a la cuál me sumo está fertilizada por los más grandes teólogos y pensadores católicos de todos los tiempos, comenzando por Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia.

Descendiendo a los abismos de la Argentina que nos toca vivir, resultaría tan importante como imperioso rescatar su aplicación, en momentos en deben soportarse a diario crímenes aberrantes, comenzando por todas las víctimas inocentes que son asesinadas en nuestro país por la delincuencia organizada o la violencia callejera.

Según la doctrina tradicional la pena de muerte tiende a actuar en dos estados muy concretos: el de la conminación y el de la ejecución. El primero restringe el margen de impunidad al hacer pensar al potencial asesino que su futuro no es una institución carcelaria de la cual podrá salir tarde o temprano a la sombra de una permisiva legislación, sino un paredón de fusilamiento como medio definitivo de expiación por la irreparable falta cometida. El segundo, el de ejecución, tiene, debe tener por objeto reparar el orden que el delito destruye.

Para terminar, nada mejor que citar algunos argumentos de razón generales, dados nada menos que por Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Contra Gentiles.

Argumento a)

El bien común de toda la sociedad vale más que el bien de un individuo particular. Luego se ha de preferir.

Es así que la vida criminal de ciertos hombres impide el bien común, que es la paz y concordia social. Luego se ha de quitar la vida a esos hombres, en cuanto que voluntariamente impiden el bien común.

Argumento b)

Como el médico, con su operación, pretende la salud; así la Autoridad pretende con la suya la paz, que consiste en la concordia ordenada de los ciudadanos. Luego así como el médico corta con todo derecho y suma utilidad un miembro gangrenoso que contagia a los demás; así también la Autoridad, por la pena de muerte, con toda justicia y suma utilidad arranca de la sociedad a los perturbadores de la paz común.

La doctrina pontificia del fallecido Papa Juan Pablo II y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica han cerrado sin duda el camino a la aplicación irrestricta de la pena de muerte. No obstante, se ha dejado abierta la posibilidad de su uso en casos gravísimos, en los que sin duda se encuadran muchos de los que están flagelando desde hace tiempo nuestra alicaída sociedad.

Tal doctrina no ha sido modificada, aunque debe reconocerse que la Iglesia Católica propone suspender su aplicación.

Atentamente.

La Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África e Iberoamérica, más conocida como Conferencia Tricontinental de La Habana, que tuvo lugar en la capital de Cuba entre el 3 y el 15 de enero de 1966, fue una importante etapa de la revolución comunista mundial. Asimismo, el punto de partida y la plataforma de lanzamiento de la insurrección marxista-leninista combinada en Iberoamérica y el marco de referencia para las acciones de los movimientos terroristas en estas vastas regiones. La Tricontinental reunió representaciones de 70 países, 500 delegados que representaban a gobiernos, partidos legales y en la clandestinidad, como también un número importante de organizaciones terroristas.

Cuba quedó así transformada a través de las décadas en el centro continental de apoyo a organizaciones como Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Uturuncos, Tupamaros y otros movimientos terroristas, a los que podría considerarse como brazos ejecutores de una verdadera “fuerza de intervención” castrocomunista en Iberoamérica.

Paralelamente y con el correr de los años, anidó también en la región pero sobre todo en la Argentina la amenaza trotskista, a través del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de la IV Internacional, con base en el exterior, lo cual prueba la raíz internacionalista y extraterritorial que se abatió contra nuestro país.

La guerra antiterrorista fue en consecuencia librada contra planes pergeñados desde el exterior-como bien dijo el Teniente General Perón-, ejecutados por diferentes organizaciones que no tenían otro objetivo que la toma del poder para instaurar lo que ellos proclamaban como Patria Socialista. Planes ejecutados simultáneamente por organizaciones terroristas de diferentes orígenes, pero que estaban unidas en torno al firme objetivo de coercer y/o derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, de su sucesora María Estela Martínez de Perón y, en el caso del ataque contra el Regimiento de La Tablada, dirigido a promover una situación caótica que preparara las condiciones para la caída del gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín.

Los episodios que hoy conmemoramos fueron tan solo cinco –incluyendo el asesinato del Dr. Carlos Sacheri-, dentro de una larga e impresionante cantidad de acontecimientos trágicos encadenados y que llegan hasta el presente sin solución alguna de continuidad, frente a un marco global, regional y doméstico que sólo ofrece escenarios plenos de desafíos y amenazas para nuestra continuidad histórica nacional: terrorismo global, crimen organizado transnacional y regional, narcoterrorismo, lavado de dinero de origen criminal, un probable rediseño geopolítico regional y una potencial insurrección neoindigenista en Iberoamérica.

No querría continuar con esta alocución, sin dejar al menos algunas de las prometidas reflexiones en las que intento reiterar mi posición, ya expuesta en conferencias y escritos anteriores:

La primera reflexión es sobre si hubo o no ese fenómeno social que se denomina guerra, y en caso afirmativo si ella fue o no Justa.

Hoy se pretende negar la existencia de una guerra, para presentar a las fuerzas armadas y de seguridad, como perseguidores en una cacería que tuvo por víctimas a jóvenes idealistas indefensos. Sin embargo, la realidad está patentizada por las declaraciones públicas de las propias organizaciones terroristas que proclamaban que su objetivo era lisa y llanamente la toma por la fuerza del poder, y el establecimiento de una dictadura a semejanza de la de Fidel Castro. Al respecto, recordemos la famosa frase del Che Guevara “La liberación de Latino América pasa por la mira del fusil”. Sin duda, hubo una guerra, ya que el objetivo era claramente político: la posesión del poder dentro del Estado. Y esta guerra, que la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares, calificó de “Guerra Revolucionaria”, se desarrolló dentro del esquema vigente a escala mundial durante el transcurso de la guerra fría. Otra razón para negar la existencia de la guerra radica en que de haberla, correspondería juzgar los hechos ocurridos, aplicando el Derecho de Guerra, que difiere del Derecho Común para tiempo de paz; en ese caso, quedaría sin sustento todo el andamiaje en que están basados muchos de los juicios actualmente en curso.

La guerra antiterrorista no fue un fenómeno exclusivamente argentino; en consecuencia, las respuestas políticas y militares institucionales dadas por los gobiernos justicialistas contra la agresión externa e interna, se ajustaron en todo momento al iustus modus o modo justo que se requiere, conforme a la doctrina tradicional, tanto en sus aspectos declarativos como ejecutivos, para que las operaciones militares quedaran respaldadas desde el inicio por una plena legitimidad de origen. La legitimidad de ejercicio imponía que siguiera mereciendo la calificación de justa, para lo cual era menester que el desarrollo de las acciones en los diferentes teatros de la guerra interna, no entrañara males y desórdenes mayores que el daño que se intentaba detener y reparar.

El enemigo a combatir tenía su firme basamento en doctrinas de Guerra Revolucionaria, que más allá de sus profundas diferencias, coincidían en su naturaleza “intrínsecamente perversa”, en sus basamentos conceptuales impíos e injustos, contrarios al derecho natural y que hasta hoy pretenden construir una humanidad sin Dios, despojando al hombre de su libertad y hasta del derecho a educar a sus hijos, fuera de la podredumbre del materialismo dialéctico que pretendían imponernos a través del terror. La toma del Estado y del poder estatal era para las fuerzas terroristas el medio más eficaz para conseguir su fin y por ello no debería extrañar que intentaran herir de muerte a gobiernos constitucionales.

El asesinato del abanderado-mártir de los trabajadores argentinos, José Ignacio Rucci, crimen de lesa humanidad desde cualquier ángulo en que se analice, había sido como tantos otros el punto de partida para que el entonces presidente Juan Domingo Perón –a quien tuve la oportunidad de entrevistar en tres oportunidades junto a otros jóvenes del Movimiento Justicialista, a propósito de la grave situación del país-, declarara la guerra contra las organizaciones terroristas que operaban en nuestro territorio.

Luego del fallecimiento del Teniente General Perón y ante el agravamiento de la situación, especialmente en la provincia de Tucumán, el Gobierno de la Presidente María Estela Martínez de Perón dictó el Decreto Secreto Nº 261, del 5 de febrero de 1975, que ordenaba la acción militar en dicha provincia –convertida en bastión subversivo-, dando comienzo la Operación Independencia. Este decreto dispone lo siguiente en su Artículo 1º:

“El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y / o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.

El fenómeno subversivo seguía en ascenso en todas partes, lo que hizo que el 6 de octubre de 1975 el Dr. Italo Luder –en su carácter de Presidente Provisorio del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, por una licencia temporaria de la Sra. de Perón-, dictara los Decretos Nº 2770, 2771 y 2772  disponiendo la intervención de las FF.AA. en todo el territorio nacional.

El Decreto 2772/75 anteriormente citado establecía lo siguiente en su Artículo 1º:

“Las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Con referencia al Decreto 261/75 basta su sola lectura, para comprender que “neutralizar y / o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, implicaba eliminación de la capacidad de combate de los terroristas, y no el exterminio de quienes se rindieran o fueran tomados prisioneros.

Pero además fue dictado el Decreto Nº 1.800 del 7 de julio de 1975, que ordenaba lo siguiente de manera taxativa:

“Toda vez que, en la ejecución de operaciones militares antiterroristas, la autoridad militar deba poner a disposición del magistrado federal competente a una persona detenida o a elementos secuestrados como consecuencia de dichas operaciones, lo hará acompañando las actuaciones que en el orden militar deberán labrarse con tal motivo, juntamente con las piezas probatorias si las hubiere”. Si bien este párrafo era encomiable en su espíritu, resultaba difícil  su aplicación dada la situación del momento y también porque muchos juzgados se sentían amedrentados por las amenazas permanentes de las organizaciones terroristas.

Merece también destacarse el proyecto de ley sobre “Régimen para la Defensa Nacional”, enviado al Congreso Nacional y que ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 1975, siendo girado a las Comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. Al margen de los pasos legislativos y del obstruccionismo que encontró tal Proyecto en sectores de la izquierda, el proyecto proponía declarar una “zona de emergencia” en caso de conmoción interna grave, en la que podrían actuar las Fuerzas Armadas. Nuevamente se ponía énfasis en dar mayor garantía de los derechos de quienes fueran  tomados prisioneros, dado que el proyecto de ley afirmaba que, aun en las “zonas de emergencia”, seguiría actuando el Juez Federal competente con todas sus facultades legales.

Quien escribe estas líneas, testigo viviente de esos años trágicos que vivió nuestro país, amenazado de muerte por las organizaciones terroristas durante años, solicitó como funcionario público a la entonces Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, como consta en diarios de la época, que utilizara todos lo recursos legales a su alcance, incluyendo la sanción de la Ley Marcial, y el juzgamiento en juicios sumarísimos y el fusilamiento de aquellos que fueran encontrados culpables de acciones terroristas.

En cuanto al Gobierno Nacional se refería, existió un extremo cuidado en que la legitimidad de ejercicio no invalidara de manera alguna el modo justo en que debía desarrollarse la guerra contra el enemigo terrorista. Fue además y al mismo tiempo una respuesta directa a las acciones que en el caso de una situación cuasi anárquica, desarrollaban ilegalmente diferentes grupos que actuaban sin que mediara orden alguna otorgada secreta o públicamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

¡En lo que hace a si la “Guerra” fue “Justa”, desde ya que esa lo fue!

La segunda es si en la guerra contra el terrorismo hubo un demonio o dos demonios.

Desde ya debe aclararse que la famosa frase de la existencia de los “dos demonios” es de naturaleza política y de uso periodístico, pero alejada en principio de cualquier disquisición específica de carácter teológico por parte de alguna autoridad religiosa responsable.

Lo dicho en esta segunda reflexión no es tampoco una excepción a esa regla.

Un enemigo “intrínsecamente perverso”

Basta citar unas sabias frases del Papa Pío XI en su Encíclica “Divini Redemptoris” (19 de marzo de 1937), para definir claramente la naturaleza del enemigo a combatir y, de existir alguna duda sobre la legitimidad de la respuesta militar del gobierno argentino de María Estela Martínez de Perón, despejarla con esta magistral sentencia:

“El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la civilización cristiana Y si algunos, inducidos al error, cooperasen a la victoria del comunismo en sus países, serán los primeros en ser víctimas de su error”.

La naturaleza del odio según los mismos comunistas

La “filosofía” sobre el odio de Ernesto “Che” Guevara, fue uno de los principales gérmenes y factores de lucha que generaron la terrible ola de violencia desatada en nuestro país. Enseñaba exultante el mítico y siniestro personaje:

“El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierten en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.”

No se explica entonces cómo pudo generarse y mucho menos aceptarse como de uso común una “teoría de los dos demonios”, comparando a organizaciones basadas en doctrinas “intrínsecamente perversas”, con la fuerza legítima desatada por el Estado Nacional para terminar con sus acciones y provocar la rendición incondicional del enemigo en el campo militar.

La tercera es si una madre del amor y del  dolor puede ser también madre del odio

Ninguna mente asistida por la luz de la razón natural debería negar el derecho de una madre, de cualquier madre, a sentir el más profundo dolor por la muerte de un hijo, máxime si esta se produce de manera violenta como resultado de una guerra, en la que muchos caídos permanecen en el mundo en una tumba sin apellido ni nombre o en aquellas llamadas del “soldado desconocido”.

El dolor que surge ante la pérdida de un bien, si se lo toma con un sentido cristiano de la vida y de la muerte, puede dar lugar a que surja lo mejor de sí en cualquier madre y en muchas ocasiones hasta el heroísmo; pero un dolor sin odio, sin rencores, sin desesperanza; ejemplo que sin duda han dado las madres de las víctimas del terrorismo. He conocido a muchas de estas y debo ser muy sincero al afirmar que jamás pude percibir el más mínimo rencor y, mucho menos, señales de odio en ninguna de ellas. Siempre resulta importante confirmar este tipo de conclusiones con algún ejemplo, y para ello nada mejor que citar un párrafo de la carta que Hebe de Berdina dirigió a quienes mataron a su hijo, Subteniente Rodolfo Hernán Berdin-luego ascendido post-mortem a Teniente-, caído el 4 de septiembre de 1975 en combate en el marco de la Operación Independencia:

“No los maldigo, les doy las gracias en nombre de él y de todos los héroes que dejaron su vida por amor a Dios, a la Patria y a la familia, porque todavía ésa es la fe del soldado, ésa es su meta”.

El extremo opuesto radica en mujeres que por el contrario cierran su corazón, lo endurecen y lo convierten en un “centro de repulsión” o “de rechazo” permanente como una forma de protesta, dando lugar a la envidia, al inmoderado deseo de venganza y a la incapacidad de valorar objetivamente los hechos del pasado y del presente, que también connotan el camino hacia el futuro.

Así, hay algunas madres que han substituido el dolor y el amor por el odio, sumado a su adhesión a un ideologismo radical que sólo sirve para sembrar en las nuevas generaciones las semillas de más enfrentamientos armados, de más desolación, de más angustias de las que vivimos y de más sangre derramada en un futuro.

Esto se agravaría, si quienes abrevan en el odio –irreconciliable con el amor cristiano-, hacen de la muerte un negocio y con los medios obtenidos fundan academias del rencor y de la venganza. No quiero que esto deje duda alguna: hago referencia específica a Hebe Pastor de Bonafini, al odio en que basa sus actividades, a sus malas obras y a sus aliados y adherentes, muchos de ellos enquistados en el Estado y el Gobierno Nacional, que deberán hacerse responsables ante Dios y ante la historia por el gravísimo daño que se hace actualmente a nuestra patria.

Para estos últimos personajes, ni una pizca de odio de parte de quien escribe esto, sino solamente oraciones a la Virgen Santísima, Madre de todos los Dolores, de todas las Llagas, frente a su Hijo Crucificado, para que ablande sus petrificados corazones y puedan evitarse así más desgracias a la juventud argentina de las generaciones actuales y también de las venideras.

La cuarta es si sobre la guerra contra el terrorismo hay Verdad y Justicia

La historia demuestra que en toda guerra –pero mucho más en una guerra no convencional como la desarrollada en nuestra patria-, existen excesos repudiables y hasta repugnantes, que deberían ser investigados y castigados debidamente. No obstante, debería imperar como condición previa una Justicia independiente del poder político y no un conjunto de magistrados que, salvo excepciones, han ayudado a demoler hasta los principios más básicos de la jurisprudencia nacional e internacionalmente reconocida, como se ha explicado en la reflexión anterior sobre la Guerra Justa.

¿Cómo podría siquiera aceptarse que la justicia reina en nuestro país, si el mismo Procurador General, Dr. Esteban Righi, estuvo complicado con la parte acusada de crímenes de lesa humanidad, y ni siquiera por decoro resolvió excusarse de cualquier intervención en el trámite judicial? Por el contrario, dio un dictamen dirigido a interferir en las demandas legales en los casos Viola y Larrabure.Con respecto a los delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional, en el artículo 7° del Estatuto de Roma, aprobado el 17 de Julio de 1998, define que se “entenderá por «crímenes de lesa humanidad» cualquiera de los que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El Estatuto manifiesta que se entenderá por eso una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos (…) contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

Hasta que la verdadera Justicia reine de manera plena, en consecuencia, será realmente una misión imposible lograr la augusta administración que esta merece, en función de algo superior que es la equidad y que en la Argentina ha desaparecido.

Más allá de otras disquisiciones jurídicas, la respuesta a esta cuestión frente a las acciones criminales de las diferentes organizaciones terroristas, es que no existen en nuestro país ni Verdad ni Justicia. Se impone en consecuencia por delante la continuación de todas las acciones políticas y legales a nuestro alcance, para que la Verdad sea conocida y la Justicia impere finalmente en nuestra Patria.

La quinta y última reflexión es sobre si hay bases para una reconciliación futura

Un conocido y nunca arrepentido, pero al menos sincero personaje de la ultraizquierda, Martín Caparrós, escribió un artículo recientemente, titulado “El peor acuerdo”, en el que reconoce, luego de calificar de “mentira cochina” declaraciones de Mario Firmenich en las que decía que los Montoneros peleaban por la democracia: “Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder, que incluso lo cantábamos:“Con las urnas al gobierno / con las armas al poder (…)”. Me indigné –continúa Caparrós– y, de tan indignado, quise escribir La voluntad para contar quiénes habían sido y qué querían realmente los militantes revolucionarios de los años sesentas y setentas. También afirma Caparrós que “es la misma falsificación que se comete cuando se dice, como lo ha hecho Kirchner, que este gobierno pelea por realizar los sueños de aquellos militantes: esos sueños, está claro, eran muy otros”.

Siempre existen bases para una reconciliación futura, aunque ello implique recorrer un largo camino, tal como ocurrió en casos más complejos y especialmente entre los gobiernos británico e irlandés y los partidos políticos involucrados en el añejo y sangriento conflicto de Irlanda del Norte.

En el caso argentino las primeras semillas deberían ser sembradas por quienes realmente participaron de la guerra pasada. No por aquellos que han aprovechado la sangre derramada por ambos bandos, para construir un proyecto político personal y sectario, como el ex Presidente Néstor C. Kirchner, que ha abierto para desprecio de la historia, las heridas profundas que habían comenzado a cerrarse con el paso de los años.

Para lograr el reencuentro entre fuerzas tan contrapuestas, resulta imperativo obtener primero la concordia de las voluntades y luego la unidad en los propósitos y acciones, para arribar a una paz definitiva que nos aleje definitiva del caos y el peligro de desintegración nacional que estamos enfrentando.

Aunque sea reiterativo afirmarlo, la opción es precisamente esa: unidad o desintegración nacional.

“La Argentina podría hundirse en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición como sociedad”, afirmó en 2005 un encumbrado pastor de la Iglesia Católica. Y este es el principal peligro que tenemos frente a nosotros: la descomposición como sociedad y la pérdida definitiva de la Argentina como Nación soberana e independiente, incluyendo la hipótesis de la pérdida de nuestra integridad territorial.

Sinceramente, no se avizoran en este momento ni hechos portadores de futuro, ni tendencias nuevas o preexistentes que permitan avizorar escenarios que incluyan la concordia o la reconciliación definitiva de todos los argentinos.

¿Qué otra cosa podríamos esperar de funcionarios que han tenido la sangre fría de las serpientes, para sobrevivir tantas décadas con las manos manchadas de sangre inocente como la de Paula Lambruschini, Beatriz Sasiaiñ de Cáceres Monié y María Cristina Viola, y aparecer ahora reciclados proponiéndose como campeones universales de los derechos humanos?

¿Es que puede considerarse algo más que una bofetada en la cara de las familias de las víctimas del terrorismo de Argentina, ver que la Secretaría de Estado encargada de defender supuestos “derechos humanos”, tiene a su frente nada más y nada menos a quien como Eduardo Luis Duhalde perteneció a una de las bandas de asesinos, asaltantes de bancos y secuestradores que tanto daño hicieron a nuestro país?

¿Qué frutos podríamos esperar de algunos dirigentes políticos que, en lugar de proveer a la construcción de una paz basada en el orden, se han convertido en divisores implacables de la familia argentina, y en ejecutores de planes sin escrúpulos que no tienen límite ni en la intensidad ni en el tiempo?

Podría afirmarse sin duda alguna que esperar frutos de un árbol seco y carcomido hasta sus raíces, sería como pretender que un edificio pudiera sostenerse sin cimientos ni columnas.

Sin embargo, hay mucho para hacer y pronto, antes que sea demasiado tarde y nos lo demanden las generaciones venideras.